El procedimiento judicial por el que está imputada la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente (PP) puede cerrarle las puertas de cara a sus expectativas de figurar en puestos de salida de la candidatura de su partido en Alicante al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 20-N. Lorente, diputada provincial y secretaria provincial del Partido Popular, es investigada por haber adjudicado a una empresa ligada al anterior equipo de gobierno la obra de la remodelación de la plaza de la pedanía del Escorratel. El contrato se rubricó cuando ya estaba terminada esa reforma sobre el terreno.

Ayer mismo Lorente tuvo que afrontar una reunión del comité de campaña de su partido en Valencia, entre los máximos dirigentes de su partido, con la certeza de que la mayoría conocían las novedades del caso del Escorratel por el que deberá comparecer ante el juzgado el próximo mes de octubre en calidad de imputada. El entorno más próximo a Lorente conoce sus aspiraciones a entrar en puestos de salida de la candidatura al Congreso, además con perspectiva de estar en la bancada del gobierno del país y no en la oposición.

Pero a la causa judicial se han sumado otros lastres en el ámbito político y judicial. El primero el de haber perdido las elecciones en un feudo tradicional del PP, mantener una posición de debilidad con el ripollismo ya liquidado en la provincia y el protagonismo creciente de Eduardo Dolón (alcalde de Torrevieja) en el partido en la Vega Baja. En el ámbito judicial está a la espera del desarrollo de la instrucción del caso Brugal, en la que el juez ha descartado, de momento, su imputación, pero en la que los informes iniciales de la Fiscalía y la Policía siguen aludiendo a su actuación en numerosas ocasiones y en varias de las ramificaciones de la trama investigadas.

Fuentes populares indicaron que el precedente de la dimisión del expresidente Camps es mirado con lupa por los dirigentes del partido y en caso de que la instrucción de la investigación de la obra del Escorratel llegara a juicio Lorente podría verse forzada a dimitir de sus cargos, aunque restan muchas oportunidades para que el actual instructor le de carpetazo y lo archive.

En las quinielas de confección de esa lista se dan por seguros los nombres de Macarena Montesinos, Federico Trillo (aunque podría ser designado por Madrid) o Miguel Campoy.