La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y los que fueran ediles del Partido Popular (PP) durante la anterior legislatura: Antonio Rodríguez Barberá, David Costa, Araceli Vilella (estos tres siguen), Antonio Rodríguez, Ginés Sánchez, Antonio Lidón y Manuel Abadía tendrán que declarar el próximo mes de octubre en calidad de imputados ante la titular del juzgado de Instrucción 1 de Orihuela, Raquel Lacunza, en relación con la denuncia presentada por el partido de Los Verdes de Orihuela por la adjudicación el 26 de septiembre de 2008 a la mercantil "Ronis 2 Construcciones y Reformas" de la remodelación de la plaza del Escorratel. La causa se abrió por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. La exregidora está imputada por los tres, los ediles sólo por los dos primeros y el representante legal de la empresa, Roberto P.M., por el último. Fundamentalmente los hechos que son objeto de este procedimiento son fáciles de entender porque Lorente inauguró la plaza el 4 de julio; es decir, dos meses antes de que se formalizara el contrato.
El procedimiento ha estado parado prácticamente un año, desde el 20 de septiembre de 2010, cuando el abogado de Lorente, entonces aún alcaldesa de Orihuela, presentó un recurso contra la decisión de la magistrada de citar a declarar como imputados a los ediles y al empresario; de hecho, rechazaba el auto de apertura de diligencias previas y solicitaba el archivo de la causa. pero ahora se le quiere dar un nuevo impulso y cuanto antes.
Para conseguir demorar el caso la defensa se basaba, fundamentalmente, en que la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en abril de ese año, consideraba menores los contratos de obras por valor inferior a 50.000 euros (como era el caso) y que estos se podían "adjudicar directamente", aunque esa no parece ser la cuestión clave, sino el hecho de que se cortara la cinta inaugural antes de firmarse el mismo.
Como el juzgado y el fiscal Anticorrupción de Orihuela, Pablo José Romero desestimaron el recurso el abogado de Lorente, Federico Ros, decidió el 19 de octubre continuar "congelando" el procedimiento con un segundo recurso, ya ante la sección VII de la Audiencia, lo cual permitió a Lorente evitar hacer el "paseíllo" hasta los juzgados para declarar en fechas próximas a las elecciones del 22-M. Ahora, se podría encontrar en una situación parecida con las elecciones generales a dos meses vista y sin la posibilidad de volver a presentar un recurso dilatorio.
Madaria entiende en el auto, al que ha tenido acceso este diario, que la petición de la magistrada para que declaren como imputados está, "plenamente razonada (...), aunque la defensa entienda que inaugurar una obra antes de su formalización y de la adjudicación definitiva es una irregularidad administrativa menor, eso debe dilucidarse tras la práctica de la prueba, que ampara a la parte denunciante, e igualmente a las partes denunciadas, puesto que declaran en calidad de imputados, asistidos de letrado y sin la obligación de prestar juramento sobre lo que manifieste".
LA CUANTÍA
Entre los 34.380 y los 48.000 eurosUna de las cuestiones que llama la atención del fiscal Anticorrupción es el hecho de no saber a día de hoy cuánto costó la reforma de la plaza. En su informe asegura que se adjudicó por 34.380,12 euros, "si bien, tal y como se deduce de las noticias de Prensa, el propio Consistorio anunció que la inversión había alcanzado los 48.000 euros", asegura en el escrito en el que solicita que todos sean imputados.El expediente de la adjudicación se encuentra en cualquier caso en el juzgado y llama de él poderosamente la atención la similitud de argumentos entre las propuestas de las tres empresas a concurso y el hecho de que se adjudicara por "un céntimo menos de lo presupuestado por el técnico" y, por ello, fue la "oferta económica más beneficiosa". M. A.
