Los juzgados de Torrevieja están ultimando la instrucción de la investigación del conocido como "caso de las fincas" en el que está imputado el exalcalde y actual diputado autonómico Pedro Hernández Mateo (PP), tras seis años de instrucción, según fuentes próximas al Palacio de Justicia torrevejense. El procedimiento culminará probablemente sin el archivo de la causa y con la inhibición del juez que lleva el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), al no ser competente para resolver un procedimiento en el que está imputado un aforado, y haber recabado nuevas diligencias que justifiquen la investigación de la actuación de Hernández. Izquierda Unida denunció al político local en 2005 por un supuesto delito de tráfico de influencias en una operación de compra y venta de terrenos. Hernández compró una finca rústica de 20 hectáreas en Almoradí en el año 2000 por 180.000 euros y la vendió por 5,4 millones de euros en 2002, según el registro de la propiedad. La empresa a la que vendió el suelo había desarrollado proyectos urbanísticos en Torrevieja.
Tras tres años y medio de instrucción, el asunto fue remitido al TSJCV, por la condición de aforado de Hernández Mateo. Este órgano lo devolvió a Torrevieja en octubre de 2009, solicitando al juzgado que instruye la pieza a que se aportara nuevas pruebas o lo archivara, porque del sumario se desprendía que el exalcalde había realizado "una ventajosísima" operación inmobiliaria pero no un delito. En realidad esta resolución invitaba también al juzgado torrevejense a realizar una exposición razonada y argumentada sobre los motivos por los cuales se tenía que investigar a Hernández Mateo. Argumentación que no hallaban en la instrucción inicial. Desde entonces los juzgados, con solicitudes, de la fiscalía, el juez y tras la personación en el procedimiento de Los Verdes, han realizado nuevas diligencias. Entre otras, un informe pericial sobre el valor del suelo en la zona, los medios de pago utilizados para abonar la finca en 2000 o la comparecencia como testigos de los compradores y vendedores de los terrenos. Aspectos sobre los que no se había indagado durante los años de procedimiento anteriores.
Un suelo rústico que no ha cambiado de uso
El exalcalde Pedro Hernández Mateo ha defendido con vehemencia la limpieza de su actuación en este asunto asegurando que tiene "los bolsillos de cristal" y ha lamentado que durante estos años se haya interpretado su imputación judicial casi como una condena pese a que el asunto no ha llegado a juicio y ha mantenido como principal argumento de su defensa que compró los terrenos rústicos, los vendió rústicos, y a día de hoy, siguen manteniendo esa condición. Aseguró que otros vendedores obtuvieron más plusvalías de su suelo en el mismo paraje de Almoradí en el que vendió las fincas.
En mayo pasado, en vísperas de las elecciones municipales, la Fiscalía recibió una documentación anónima que supuestamente aportaba nuevos datos sobre esta operación inmobiliaria y la que se aseguraba que el contrato privado entre el exprimer edil y la empresa compradora se elevaba supuestamente a ocho millones de euros y frente a los cinco que aparecen en el registro de la propiedad.
El juzgado, según aseguró la fiscalía entonces, es el que debía verificar la autenticidad de esa documentación o descartarla.
