Más de 500 propietarios de terrenos afectados por distintas obras ejecutadas en la provincia por el Ministerio de Fomento han presentado nuevos recursos indemnizatorios en los que solicitan unos 15 millones de euros más de lo que cobraron por lo que consideran, «ocupaciones ilegales de sus propiedades». Las demandas están siendo tramitadas por el despacho de ingenieros y abogados Cleocir, que ha sido contratado por los propietarios del suelo. Las reclamaciones de afectados, no sólo de Alicante sino también de Valencia, se refieren primordialmente, a las expropiaciones del AVE Valencia-Alicante-Murcia, a la autopista de peaje A7 Crevillent-Cartagena y a la autovía central Alicante-Sax.
El principal argumento para ganar estas reclamaciones recae en la posibilidad de extender los efectos de varias sentencias del Supremo, sobre procedimientos similares, en los que se ha fallado a favor de los propietarios por entender que «fueron tramitadas en fraude, omitiendo los pasos más esenciales para la defensa de los propietarios afectados y previstos en la llamada Ley de Expropiación Forzosa vigente desde la época franquista», señala el ingeniero especialista en expropiaciones, Fernando Guirao, del despacho de Cleocir.
Omisión
Ante la omisión de los trámites, tal y como dictan las sentencias, los propietarios quedan en un estado de absoluta indefensión, convirtiéndose los procedimientos en una auténtica «agonía de ilegalidades», explica Guirao, quien valora en 15 millones de euros lo que los sus clientes podrán reclamar por las ocupaciones de sus propiedades, «idénticas desde un punto de vista jurídico a las más de 40 sentencias (del los tribunales superiores) que ya han condenado reiteradamente a Fomento».
Tales sentencias han reconocido la indefensión causada a los propietarios, determinando la nulidad radical de los expedientes expropiatorios tramitados y anulando las resoluciones administrativas que se han incoado, añade el ingeniero.
Según éste, otra conclusión de estas sentencias es el reconocimiento de la ilegalidad de la ocupación de los terrenos llevada a cabo por la Administración al tiempo que se crea una jurisprudencia para nuestros casos. Por tanto, ante la imposibilidad de restituir los terrenos a sus correspondientes propietarios se ha venido fijando una indemnización de un 25% más del justiprecio a l que se suma los intereses devengados a contar desde la ilegal ocupación hasta la fecha efectiva de cobro. Más de un millar de propietarios han sido expropiados por Fomento para las tres obras antes mencionadas. Cleocir está manteniendo una serie de reuniones informativas que comenzaron en Torrevieja y a las que siguen otras en Almoradí, Orihuela, Crevillent, Elche, Sax y Castalla.
Citación
Además, la consultora Cleocir está llevando a cabo la citación del resto de afectados por estas obras en distintos puntos de la provincia para que puedan rellenar los formularios que les permitan participar en la demanda colectiva «en defensa de sus intereses».
En relación a estas sentencias,el Ministerio de Fomento tiene encima de la mesa más de 40 dictadas por los tribunales superiores de Justicia y otras nueve del Supremo y todas en el mismo sentido. «Se han hecho muy mal las expropiaciones para la ejecución de estas infraestructuras, incumpliendo reiteradamente los procedimientos regulados por la Ley de Expropiaciones, con abuso de poder contra los afectados y, por lo tanto, constituyendo un presunto fraude de ley, se dice en las sentencias», subraya Guirao, quien considera que, «los propietarios ya que han perdido propiedades deben tener al menos beneficios».
