El empresario Ángel Fenoll, imputado como pieza clave del caso Brugal, en el que se investigan una docena de causas que van desde irregularidades en la contrata de la basura en Orihuela hasta la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja, tenía ayer una nueva comparecencia ante el magistrado Carlos San Martín, quien le requirió para que prestara declaración en relación con una serie de pequeños sumarios, que forman parte del proceso, en los cuales se tratar de saber si ayudó económicamente al Partido Popular o al PSOE, según los casos, en varios municipios de la Vega Baja para pagar sus campañas electorales.
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, quiere saber si existe una relación entre las ayudas que realizó y el hecho de que ya estuviera trabajando para algunos de ellos llevando la contrata de la basura, caso de Callosa de Segura que es el más llamativo, aunque también se investiga los sobres que entregó a responsables políticos o candidatos en Bigastro, Jacarilla, Algorfa o Rafal. Fenoll, quien según diversas fuentes se encuentra en muy mal estado físico desde hace semanas (lo que ha hecho que deje buena parte de sus negocios en manos de su familia), se negó a prestar declaración en estas causas acogiéndose a su derecho constitucional de no testificar (al tratarse de un imputado) y recordando al magistrado que tiene recurrido todo el proceso. Su hijo Antonio Ángel también rechazó testificar por las mismas causas.
Esta investigación, como buena parte del resto del procedimiento, se basa en las escuchas policiales realizadas al dueño de Colsur durante años por la Policía Nacional con autorización judicial. Como este diario ya ha publicado, Fenoll ha solicitado al juzgado que se declare la nulidad de las mismas y, consecuentemente con ello, el proceso quedaría sin sentido porque nadie puede ser condenado gracias a una prueba obtenida de forma ilegal o irregular, como sería el caso.
Medio Ambiente
El empresario no sólo pasa por una difícil situación personal y judicial sino que en Murcia, la Dirección General de Medio Ambiente aseguró ayer que ya está estudiando alternativas para el caso de que un juzgado de Cieza le clausure la planta de tratamiento de residuos que tiene en Abanilla, algo que afectaría a las basuras que igualmente llegan hasta allí procedentes de los municipios de la Vega Baja para los cuales trabaja realizando el servicio.
No obstante, la empresa Proambiente, que gestiona la planta de Abanilla, no tenía constancia ayer de la existencia de dicha resolución judicial, procedente del juzgado de Cieza, por lo que las instalaciones seguían ayer funcionando con normalidad, según responsables del gabinete de abogados que asesora al empresario. La propia Dirección General de Medio Ambiente asegura que nunca ha propuesto el cierre de la planta de tratamiento, tan sólo del vertedero, "hasta que se regularice su situación".
El juzgado de Cieza tramita las diligencias iniciadas tras la denuncia presentada en noviembre de 2010 por Ecologistas en Acción y que desembocaron en la detención del empresario Ángel Fenoll por arrojar miles de toneladas de basura en un foso de 4.000 metros cuadrados situado fuera del vertedero que regenta en Abanilla.
El vertido ilegal de basuras se realizó el pasado marzo en una finca de limoneros. Los residuos descubiertos fueron sepultados por maquinaria pesada para evitar que fueran descubiertos, y, de hecho, la cavidad realizada para el enterramiento de las basuras, de varios metros de profundidad, estaba ya prácticamente colmatada cuando fue descubierta por la Guardia Civil, que detuvo el pasado abril a cinco personas por sendos delitos como el que se imputa a Fenoll.
