Antonio Amorós, portavoz del PSOE en la Diputación Provincial hasta septiembre de 2010, fecha en la que dimitió tras aparecer su nombre en el sumario del caso Brugal, declaró ayer, a petición propia, ante el magistrado que investiga este asunto, Carlos San Martín, y ante el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como ante abogados de varias de las defensas; entre ellas, uno del despacho que representa a José Joaquín Ripoll, aún presidente de la institución provincial. El caso Brugal investiga, entre otros asuntos, supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de la Vega Baja al empresario Enrique Ortiz, así como la contrata de la basura en Orihuela.
Su declaración aportó bien poco al fondo del asunto, según fuentes judiciales, porque Amorós negó que por su condición de cargo público en la Diputación tuviera acceso al expediente de adjudicación de la Planta de las Basuras que podría ser lo único que se le achacara -un supuesto tráfico de influencias-.
"Esa es una decisión que correspondía a la Generalitat Valenciana y que se tomó por cuestiones políticas, pero en la que nunca intervine", aseguró a este periódico y al juez. Amorós recordó igualmente que una cuestión es el Consorcio de Residuos y otra la Diputación. Él era portavoz del PSOE en el segundo de ellos, pero ni formaba parte ni tenía acceso a los expedientes del primero, reiteró ayer.
A Amorós todo este escándalo le costó el puesto de portavoz, ya que tuvo que presentar su dimisión y ayer admitió que si aparecía con Fenoll en el sumario es por una mera cuestión de amistad personal, algo que ambos cultivan desde hace años. Fenoll es uno de los principales imputados en la investigación porque aspiraba a recibir la concesión administrativa de la planta por 20 años, algo que finalmente obtuvo Enrique Ortiz y que a raíz de que este asunto estallara ha supuesto la total paralización del procedimiento.
Tomos
En diferentes tomos del sumario se relaciona a Amorós con esta trama y aparece en fotografías "robadas" tras su supuesta asistencia a reuniones celebradas en Alicante junto a Ángel Fenoll, aunque del grueso del sumario no se desprenden documentos incriminatorios.
"No he cometido ningún delito" repitió ayer el político socialista, preocupado desde hace 9 meses de comparecer ante el magistrado para explicarse. De hecho, se da la curiosa circunstancia de que sus letrados han tenido que recurrir a una argucia legal para que prestara declaración porque no aparecía imputado en el sumario. Después de pedir ser parte el procedimiento y que no se le admitiera como tal, Amorós envió al magistrado un escrito en el que se "autoimputaba" a tenor de lo que los medios de comunicación habían publicado sobre él, al tiempo que solicitaba testificar sobre este asunto y dar cuantas explicaciones se le solicitaran. La fórmula le sirvió porque San Martín, finalmente, admitió su personación y ayer por espacio de hora y media le permitió contestar a casi todas las cuestiones que se le hicieron. "A mí no me ha querido responder", aseguró a la salida de la comparecencia el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Limpiar
Amorós, tras esta comparecencia, solicitará ahora al magistrado que se archive cualquier actuación que exista contra él porque no ve otra forma de limpiar su imagen. "Ya estoy aliviado y he dicho todo lo que tenía que decir. tengo la completa seguridad de que no he cometido ningún delito, lo único que he hecho ha sido servir a los ciudadanos de esta provincia y por esto tengo la conciencia muy tranquila", repetía a la salida del juzgado junto a sus letrados, el secretario de Organización del PSPV-PSOE en la provincia, Federico Buyolo; o David Cerdán, nuevo edil aspense y asesor de la Subdelegación del Gobierno
Esperando a la Audiencia
La pelota del complejo caso Brugal está ahora en la Audiencia Provincial de Alicante donde, finalmente, este asunto lleva visos de acabar. El juzgado de Primera Instancia número 3 lleva esperando desde hace meses un pronunciamiento de la sección VII que verso más sobre la forma del asunto que sobre el fondo, ya que lo que se está cuestionando desde hace casi un año es si se vulneraron o no los derechos de los ahora imputados, lo que conllevaría la nulidad del procedimiento, independientemente de que exista delito.
La decisión del magistrado San Martín de considerar nulo parte del procedimiento ha movido una rápida reacción del fiscal Felipe Briones, quien no está de acuerdo con esta decisión porque él es la única persona que desde que comenzó la investigación ha formado parte del procedimiento. Admitir que existían causas de nulidad y que Briones no las detectó afectaría a su imagen, según diversas fuentes. M. A.
