La ley de Aguas establece que los organismos o entidades que quieran reutilizar los recursos depurados deben solicitarlo como una concesión a las confederaciones hidrográficas. Pero el Ayuntamiento de Torrevieja nunca lo ha entendido así y ha estado empleando los caudales de la estación depuradora sin contar con los derechos de aprovechamiento. Algo que denunció el grupo municipal de Los Verdes y por lo que el Ayuntamiento ha sido sancionado ahora. En un principio, la multa propuesta por el "robo de agua" -así es como lo calificó ayer el concejal de Los Verdes, José Manuel Dolón- era la máxima. Cincuenta mil euros por detraer el agua de una estación de bombeo sin autorización -ahora en teoría clausurada- y 32.400 euros más por el daño al dominio público hidráulico. Sin embargo la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) no ha podido mantener esa reclamación inicial porque no cuantifica con pruebas el volumen de agua que el Ayuntamiento se ha llevado de la depuradora sin autorización en 2010.
El municipio de Torrevieja necesita anualmente unos 130.000 metros cúbicos de agua para el riego de jardines y el baldeo. El Ayuntamiento negocia ahora un acuerdo con las dos cooperativas agrarias que tienen la concesión de ese aprovechamiento de más de cinco hectómetros anuales para que cedan caudal al municipio ya con la autorización de la CHS.
En este sentido ha sido importante la mediación de las cooperativas porque el equipo de gobierno del PP no atendía a razones, enfrentado a la administración de Medio Ambiente por motivos políticos desde 2004 y mantenía que los ciudadanos que pagan el canon de depuración son los que tienen el derecho a reutilizar el agua al margen de lo que diga la ley, que obliga a pedir una concesión.
Los Verdes ya forzó al Consistorio a prescindir de este tipo de agua para llenar los lagos del Parque de las Naciones, donde incluso había un géiser alimentado con esos caudales depurados, que en el caso de Torrevieja tienen un tratamiento terciario. Los Verdes calificaron de "vulgares insumisos con la legislación del Estado" a los miembros del equipo de gobierno del PP y recordaron casos como la sanción por la construcción del Paseo Juan Aparicio que le costó a las arcas municipales y a los vecinos 800.000 euros por saltarse la Ley de Costas, o la sanción por la construcción del balneario de lodos sin permiso en la laguna.
Este diario intentó ayer contrastar esta información con el edil delegado de Ciclo Hídrico Javier Montoro sin éxito. Montoro dijo la semana pasada que el agua depurada no se puede usar por "un impedimento meramente administrativo que está en trámite de solución", eludiendo citar la sanción de la CHS.
