El Ayuntamiento de Torrevieja ha comenzado a pagar los terrenos que expropió en su día a un particular para trazar las calles que dan al centro de salud de La Loma. De momento, el empresario ha cobrado 88.259 euros, pero reclama hasta 16 millones en una cifra que debe fijar finalmente el Tribunal de Justiprecio de Alicante. Así la mercantil Construcciones y Proyectos Torrevieja SL, empresa de la familia de Antonio Guerrero, reclama al Ayuntamiento de Torrevieja 16.410.127 euros como contrapartida por la ocupación del suelo por el Ayuntamiento para urbanizar los terrenos situados junto al Centro de Salud de La Loma según informaron ayer Los Verdes (LV).

Esta actuación urbanística se remonta a 1987, cuando se construyó el referido centro sanitario. Tras varios años de reclamaciones y procedimientos judiciales, tanto el TSJCV como el Tribunal Supremo han dado la razón a la familia Guerrero, como titulares de la referida mercantil, dejando claro que tienen derecho a una indemnización por dicha expropiación y desestimando las pretensiones del Ayuntamiento. El terreno, que ocupa un tramo de la calle Salinero y Paris y que utilizan cientos de vehículos al día, sigue inscrita a nombre de ese particular.

En la primera valoración realizada por los técnicos municipales, en julio del 2010, éstos tasaron los terrenos en 3.690.127,94 euros, suma corregida en otro informe de los mismos técnicos municipales fechado el pasado febrero, rebajando el valor de los terrenos a sólo 88.259 euros.

Esta última cantidad ha sido ya cobrada por Guerrero a cuenta del justiprecio que dictamine el jurado provincial de expropiaciones, pues la valoración realizada por la tasadora Tinsa sobre los mismos, a petición de su propietario, asciende a la suma de 16.410.127 euros. Para LV esta suma millonaria se une otras muchas reclamaciones originadas, "por la pésima gestión urbanística que han caracterizado los años de gobierno del PP en Torrevieja". En este sentido, el partido ecologista recuerda los 13 millones de euros, más intereses, que pagará el Ayuntamiento durante los años 2011 y 2012, "a los señores con los que el alcalde hizo después el negocio millonario de las fincas de Almoradí", por unos suelos situados junto al colegio El Acequión.

"El legado envenenado"

La formación de izquierdas considera que estos hechos constituyen "el legado envenenado del alcalde Hernández Mateo para las próximas corporaciones municipales, que tendrán que hacerse cargo de los agujeros de su impresentable gestión".