Solo el 20 por ciento (unos 50), aproximadamente, de los 240 propietarios de las parcelas que forman el sector G-1 de la urbanización Montepinar de Orihuela podrán afrontar el coste que supondrá para ellos la ejecución del Proyecto de Reforma Interior (PRI) de este núcleo. Según las estimaciones de la plataforma de afectados por el PRI de Montepinar, el resto podría quedarse sin vivienda (en muchos de los casos se trata de la primera residencia) al no poder pagar los 30.000 euros de media que cada propietario deberá aportar a la reurbanización del residencial.

Este miedo, el de quedarse "en la calle", es el que ha movido a la plataforma a oponerse al coste del proyecto, cuyo presupuesto consideran "excesivo" y contra el que se han manifestado en dos ocasiones. Para demostrar que el PRI se podría hacer por menos dinero, los vecinos encargaron un estudio alternativo que rebaja el coste en 3 millones de euros sin descontar los servicios que ellos mismos han instalado y pagado de sus bolsillos a lo largo de 35 años (los mismos que tiene la urbanización).

Montepinar se creó hace 35 años. Entonces, los propietarios compraron 168 parcelas que sumaban 471.000 metros cuadrados por 124 pesetas (0,75 euros). Ahora, hay 240 personas que poseen terrenos en Montepinar y el precio del suelo será mayor tras la ejecución del PRI, ya que pasará a ser urbanizable y las viviendas dejarán de estar en el limbo legal, como hasta ahora. Sin embargo, muchos temen no poder disfrutar de estas ventajas si la empresa adjudicataria se cobra en suelo lo que no puedan pagar con dinero.

El Ayuntamiento de Orihuela adjudicó el proyecto de urbanización a EHISA por casi diez millones de euros que, al sumar el IVA, se convertirán en algo menos de once millones. Las obras de urbanización consisten, según el proyecto de EHISA, en la instalación de nuevas conducciones de agua potable, una nueva conexión a la red eléctrica y transformadores, alcantarillado, tuberías para el gas, alumbrado público, asfaltado y construcción de aceras. En definitiva, la ejecución del PRI, según el proyecto, será como urbanizar un terreno sobre el que no hay nada construido. Así las cosas, la plataforma de afectados por el PRI ha pedido en reiteradas ocasiones que se descuenten aquellos servicios que se puedan aprovechar y que el Ayuntamiento "vigile que se ejecuta lo que se tiene que ejecutar". La red de distribución de agua potable se hizo nueva tras la riada de 1987 y las conducciones son de PVC, como exige la ley. En cuanto la red eléctrica, los propietarios ya pagaron, en 1976, la construcción del tendido que ahora les lleva la luz hasta sus casas. Aquel año, pagaron entre cuatro y cinco millones de las antiguas pesetas para ceder la infraestructura a Iberdrola posteriormente.

Sobre el alumbrado público, creen que la instalación de una farola cada 20 metros hará que la urbanización esté "más iluminada que Nueva York". Además, consideran que los gastos por el control de la calidad de los trabajos y por la redacción del proyecto (955.000 euros) no deberían superar los 200.000 euros según lo estipulado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

"Un proyecto con visión de futuro"

El concejal de Urbanismo, Antonio Rodríguez Barberá, envió una carta a la plataforma como contestación a las alegaciones que el colectivo presentó a la ordenanza que regulaba el pago del canon que deberán asumir los propietarios. En la misiva, el edil señalaba que el PRI "tiene visión de futuro", por lo que muchas infraestructuras se quedarán obsoletas cuando se produzca un incremento de la población en Montepinar. Y es que está previsto que se construyan 250 viviendas en los 378.000 metros del G-2, aún pendiente de desarrollar. m. l. m.