El sumario de la "Operación Redován", abierto a raíz de una denuncia presentada por la secretaria y la alcaldesa el pasado verano tras el "cambiazo" del documento clave de la plica por la que se concedió el servicio de agua por 35 años, desvela que miembros del equipo de gobierno negociaron en privado con, al menos, una de las empresas interesadas, algo que está tajantemente prohibido por la Ley de Contratos. El objetivo, siempre según los documentos que obran en el sumario, que estaba bajo secreto de sumario hasta esta semana, era que el "ganador" aportara como plusvalía una cantidad próxima a los tres millones de euros, que es la deuda que tiene este pequeño Ayuntamiento de 7.000 vecinos y que estrangula su gestión diaria. La alcaldesa, Leticia Bas (PSOE) anunció ayer una rueda de Prensa, que tendrá lugar esta mañana, después de conocer que el documento judicial está en la calle. Las diligencias se dirigen contra el concejal José Manuel Cartagena (PSOE) y el consejero-delegado de Bluesa, Antonio G.C., a los que se acusa como supuestos autores materiales y se les imputan los delitos de falsificación documental y contra la administración de justicia (cohecho), así como contra un funcionario y un empleado de Acciona.
La investigación desarrollada por la Guardia Civil de Almoradí se basa, fundamentalmente, en el registro realizado en el Ayuntamiento, en los contactos telefónicos mantenidos entre los implicados antes, durante y después de que se hiciera pública la contrata, de sus propias declaraciones y del movimiento de algunas corrientes que, a juicio de la Policía Judicial, han sido cuanto menos extrañas.
Refleja
En una de las declaraciones el técnico que realizó el informe del proyecto asegura, según refleja el sumario, que "en junio la alcaldesa del Ayuntamiento y el concejal de Sostenibilidad, José Cartagena, hicieron ver su intención de que sería conveniente que la adjudicación se la llevase la UTE formada por Acciona y Bluesa, ya que era la que en un principio iba a ser la que más dinero daban de canon total. Diciéndole tanto la alcaldesa como Cartagena las cantidades que iban a poner. 1.800.000 euros Facsa y la UTE, 2.5 millones de euros".
Se da la circunstancia de que, cuando se abrieron las plicas, Facsa, realmente había presentado una oferta que superaba los tres millones de euros, con lo cual se la adjudicó. provisionalmente. Días después se detectó que el documento de la plica donde aparecía esta cantidad había sido cambiado por sólo 350.000 euros; es decir, por la décima parte, lo que dio origen a la investigación. Que hubo reuniones privadas sobre el concurso lo admitió el propio edil en su declaración ante la Guardia Civil, como imputado, y asistido de letrado. En ella se dice textualmente que "preguntado si la alcaldesa era conocedora de las reuniones con las empresas había mantenido a espaldas de ella, y si no es más normal que acudan al Ayuntamiento para recabar estos datos, información técnica y no lo haga a través de estos intermediarios y con reuniones en bares y hoteles... manifiesta que ha estado con los representantes de cuatro empresas, dentro y fuera del Ayuntamiento. Dentro del Ayuntamiento se hablaba de la cuestión del agua y fuera era divertirse". Igualmente, una de las empresas asegura que el edil Cartagena le citó en un hotel de Alicante para darle el pliego de condiciones, cuando lo normal es fotocopiarlo en el Ayuntamiento.
La Guardia Civil sospechaba que una de las empresas estaba dispuesta a comprar la voluntad del edil Joaquín Pozuelo, de IU, quien da la mayoría a los socialistas para que gobiernen, y por este motivo le preguntó si en una reunión le comentaron "la posibilidad de ofrecer cien mil euros para que la opción de Acciona saliera adelante (...) por si el concejal bisagra, en este caso el de Izquierda Unida, no aprobara la concesión en el pleno". A la pregunta, Cartagena contestó que sí, "que así fue, que es cierto que hizo esta proposición, pero él le dijo que los incluyesen en el canon".
