El Partido Popular (PP) de Orihuela puso ayer todas las trabas posibles, incluso utilizando los medios que tiene al frente del Ayuntamiento -caso de la Policía Local- para que hoy fracase la concentración contra la corrupción, convocada por la Plataforma Ciudadana por la Transparencia, a raíz del caso Brugal. Este sumario investiga tanto las supuestas irregularidades en la contrata de las basuras de la ciudad como del plan zona del residuos, entre otros asuntos. La cita es a las 12 frente a las puertas del Ayuntamiento. Pese a tener todos los permisos de la Subdelegación, el PP de Orihuela hizo todo lo posible para boicotear las iniciativas encaminadas a dar a conocer la protesta.

El grupo municipal popular envió un escrito a los medios de comunicación que emitían la cuña, pagada por la plataforma, en el que avisaba de posibles repercusiones legales en caso de hacerse eco del documento sonoro. La cuña consistía en la lectura de los titulares de Prensa acerca de las investigaciones del Brugal. Estas grabaciones -que sólo se emitieron por radio unas horas del jueves- reproducen titulares como: "El fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa Mónica Lorente", "Detenidos tres concejales del equipo de Gobierno que ayudaron a Fenoll a crear una tapadera de empresas". Todas estas informaciones se desprenden de miles de folios que forman parte de una investigación dirigida por el fiscal Anticorrupción y de las grabaciones telefónicas ordenadas por un juez y efectuadas por la Policía Nacional. Los titulares van acompañados de otras frases que no son de los periódicos como: "El Ayuntamiento debe ocho millones de euros a sus proveedores".

Además, la plataforma contrató los servicios de un profesional que se dedica a anunciar partidos de fútbol y otros espectáculos mediante una furgoneta equipada con megafonía. Según su portavoz, Guadalupe Sánchez, esta persona "fue parada" por Policía y advertida de que no podía continuar. Por ello consideró que "la censura del PP" coarta la libertad de expresión.

Ciudadanía por la Transparencia ya anunció hace unas semanas que daría a conocer por megafonía hoy las conversaciones grabadas que aparecen en el Brugal y, pese a las presiones, así lo mantenían anoche. También este diario ha podido saber que la Policía Local tiene previsto cortar los accesos al lugar de la manifestación; al parecer, para evitar que pasen los vehículos de la organización. Nuria Iniesta, otra miembro del colectivo convocante, explicó que el equipo de Gobierno pidió al juez del caso Brugal, Carlos Sanmartín, que impidiese su difusión. Sin embargo, al cierre de esta edición el juez no se había pronunciado. Además, Iniesta confirmó que el colectivo seguirá adelante con la manifestación, siempre desde la legalidad. Por su parte, la vicesecretaria de Comunicación del PP, Pepa Ferrando, expuso que "no se intenta callar a nadie", sino "defenderse de los que dicen mentiras contra personas" de su formación política. Señaló que "trabaja todos los días para ganar honradamente las elecciones". Ferrando aseguró que la plataforma que convoca la concentración "no está registrada en ningún sitio" y que detrás del colectivo y de la manifestación está el "tripartito de Orihuela", en alusión a la oposición (PSOE, Los Verdes y CLR). La vicesecretaria "enchufó el ventilador" y aseguró que el sumario del Brugal dice que Ángel Fenoll financió la campaña de CLR en 2007. Esta investigación también apunta a una posible financiación irregular de la campaña del PP de Orihuela y supuso al detención de tres concejales populares en julio.

Lorente se enfrenta a otra protesta en la costa

El Partido para la Costa (Claro), va hacer su propia interpretación de la protesta convocada hoy en Orihuela contra la corrupción. Esta formación se va a solidarizar con esa movilización prevista en el Ayuntamiento organizando una protesta, a partir de las 10.45, durante la inauguración del nuevo complejo deportivo "Las Piscinas" en la calle Niagara de Playa Flamenca. Para esta formación la alcaldesa Mónica Lorente ha convocado este acto precisamente para contraprogramar el acto de la Plataforma por la Transparencia, según Claro.

Estos vecinos del litoral, que por otra parte llevan más de una década reivindicando un polideportivo para esta zona en la que residen casi 30.000 habitantes, quieren "mostrar la indignación y el rechazo" por la imputación de varios concejales del equipo de gobierno del Partido Popular en el caso Brugal y recuerda que el Fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa Mónica Lorente. Para Claro "estos hechos, no hacen nada más que confirmar que la confianza depositada en nuestros gobernantes, se ha visto traicionada". D. P.