El proyecto de la carretera CV-95, que une Orihuela con la costa, será modificado para conectar el litoral con la A-7. Así lo aseguró el secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez, quien visitó ayer la pedanía oriolana de Los Desamparados con motivo del comienzo de unas obras del Plan Confianza. Así, Sánchez recordó que "el proyecto que se adjudicó hay que rescindirlo", puesto que la empresa concesionaria "tiene un problema de financiación". La Conselleria de Infraestructuras deberá rescindir la adjudicación y volver a licitar el proyecto, si bien Sánchez adelantó que éste sufrirá modificaciones.

En este sentido, el nuevo proyecto contemplará la conexión de la A-7 con la costa. La vía que se abrió hace un mes, aproximadamente, desde la autovía hasta el casco urbano de Orihuela se desdoblará para agregar un carril más en cada sentido. Según el secretario autonómico, esta modificación dispone ya de la declaración de impacto ambiental "positiva", preceptiva para que el proyecto siga adelante. Se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) anuló la adjudicación porque el proyecto no contaba con la declaración de impacto ambiental. Al parecer, la Conselleria ha subsanado el error.

Sánchez consideró que la modificación constituye una "mejora" en del proyecto, pendiente de ejecución desde 2007. Hace tres años, en octubre de 2007, la Conselleria de Infraestructuras adjudicó las obras a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Lubasa, Cyes, Rover Alcisa y Torrescámara por un presupuesto de 446 millones de euros. La forma de financiación escogida fue la de peaje en la sobra. Es decir, la empresa paga las obras y la Generalitat devolvería el coste a través de un canon por cada vehículo que circule por la vía durante 30 años.

En enero de este año, la Conselleria de Infraestructuras ya anunció que se planteaba rescindir la adjudicación, si bien la contrata sigue vigente.

ZAL de San Isidro

El secretario autonómico cogió el guante lanzado por el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Cerdán, hace unas semanas relativo a la Zona de Actividad Logística (ZAL) de San Isidro. Cerdán reclamó este puerto seco a la Generalitat Valenciana, después de que esta institución no la incluyese en el plan estratégico 2010-2020. De esta manera, Sánchez aseguró que Infraestructuras "estudia" las posibilidades de la Vega Baja para acoger un "punto de apoyo" logístico de los puertos secos de Alicante y Villena.

Sánchez manifestó que "esta comarca se merece más desarrollo y más posibilidades" y que la Conselleria de Infraestructuras "estudia con cariño y con seriedad" la opción de la Vega Baja como localización de un puerto seco.