Un vecino de la urbanización Lago Azul de San Miguel de Salinas ha recibido una factura del Ayuntamiento de consumo de agua potable en su vivienda por 10.040 euros por un gasto de 3.126 metros cúbicos acumulados durante los últimos seis años. La administración local ha enviado cargos por montantes similares al resto de vecinos. La Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel" y Vecinos de la urbanización "Lago Azul" explicaron ayer que estas sorprendentes facturas tienen su origen en la decisión del alcalde, Ángel Sáez (PP), de anular los recibos del agua potable a los dos promotores de esta urbanización por valor de 121.657 euros. Recibos que corresponden a la facturación de los 6 últimos años por consumo de agua. En la misma resolución, en la que cancela la deuda, endosa el pago de los recibos atrasados y el mantenimiento de la red a los residentes de la urbanización. Es una situación que se deriva de las constantes irregularidades urbanísticas que marcaron la construcción de este residencial.
"Lago Azul" comenzó a levantarse en 1996 sobre suelo rústico con el consentimiento municipal. En 2003 se legalizaron las viviendas al haber transcurrido cuatro años desde su edificación, sin que constara expediente de derribo en su contra.
El vigente Plan General recalificó los terrenos a urbanizables. Sin embargo, Lago Azul, en la actualidad, tiene pendientes la redacción del plan parcial y las obras de urbanización que conviertan las fincas en suelo urbano.
Responsabilidad del promotor
Según el colectivo vecinal, no ha habido cesión al Ayuntamiento de la urbanización y "la responsabilidad del mantenimiento corresponde a los promotores". En noviembre de 2003, los urbanizadores conectaron, con autorización municipal, a la red de agua del municipio. Desde 2004 a mayo de 2010 el Ayuntamiento ha estado girando en función de lo que marcaban los dos contadores de los promotores los recibos a las empresas sin ser cobrados.
La actual legislación establece que "la conservación de las obras de urbanización es responsabilidad del Ayuntamiento desde su recepción, siendo antes del urbanizador. Carecerá de validez todo pacto o disposición que pretenda trasladar esa competencia a personas privadas o asociaciones de propietarios" (artículo 188. 1 de la LUV). Así lo entendió durante 6 años el gobierno municipal. "Ahora ha cambiado de posición. En una pirueta inverosímil, una resolución de la alcaldía de 26 mayo de 2010 cancela la deuda a los promotores y traslada a los residentes", subrayaron ayer los vecinos. Las casas no cuentan con contadores de agua por lo que los vecinos se preguntan cómo ha hecho el cálculo el municipio para girar los recibos y quien ha controlado su gasto individual.
