El ex alcalde José Joaquín Moya y el secretario del Ayuntamiento Antonio Saseta comparecieron ayer en calidad de imputados por un delito de prevaricación en el juzgados de Orihuela para declarar sobre la denuncia que investiga el cobro supuestamente irregular de las cuotas de urbanización del sector D-5. La denuncia dice que el Ayuntamiento de Bigastro decidió cobrar las cuotas de ese plan urbanístico, ahora paralizado, sin que existiera un acuerdo de un órgano colegiado municipal que lo decidiera como contempla la ley. Fue el caso de Carmen Navarrete, una vecina que recurrió su cuota porque no había sido aprobada en una junta de gobierno. A pesar de que recurrió por este motivo, el Ayuntamiento terminó embargándole la pensión. Tras ese embargo denunció en los juzgados.

Ayer el ex alcalde declaró que las cuotas fueron aprobadas por junta de gobierno mucho antes de que se cobraran a los propietarios, pero fue incapaz de aportar el acta ante el juzgado y tampoco de fijar la fecha de esa reunión, según indicaron fuentes de los denunciantes. Por su parte el secretario Antonio Saseta, según las mismas fuentes, ha certificado que no existe tal acuerdo de junta de gobierno, mientras que el actual alcalde socialista y edil de Urbanismo entonces, Raúl Valerio Medina aseguró en su comparecencia como imputado que se cargó ese dinero a los vecinos por un error administrativo que tampoco ha podido avalar en el juzgado documentalmente.