El concejal de Hacienda, Antonio Lidón, ha solicitado al secretario del Ayuntamiento de Orihuela, Virgilio Estremera, un informe jurídico que le exima de cualquier responsabilidad por la aprobación de la liquidación de cuentas municipales correspondientes a los ejercicios presupuestarios de 2001 a 2004, investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Durante esas anualidades Lidón no era concejal de Hacienda, aunque sí edil del equipo de gobierno presidido por José Manuel Medina. La liquidación de esos ejercicios, una radiografía contable de lo que realmente se ha gastado de los presupuestos aprobados, están bajo investigación judicial en el marco del caso Orihuela y el procedimiento penal que se sigue contra el ex interventor municipal, José Manuel Espinosa Fenoll.
La documentación aportada al juzgado por los técnicos municipales sobre ese periodo de la gestión económica cita, entre otras irregularidades, el endose de pagarés avalados por el Ayuntamiento a dos entidades financieras, duplicación de facturas u otras falsas y un descuadre de las cuentas cifrado entre ocho y diez millones de euros.
Es decir, los asientos contables que constan no se corresponden con la liquidación de esas cuentas. Todas estas conclusiones aparecen en el denominado "Informe Pons", que fue a parar directamente a la Fiscalía Anticorrupción después de que la entonces concejala de Hacienda, Paz Chazarra, ahora asesora de esa Concejalía, destripara su contenido en un pleno municipal en 2005 asegurando que los técnicos habían detectado irregularidades contables en quince ejercicios presupuestarios, partiendo hacia atrás desde la anualidad de 2004. De hecho, la investigación de la gestión económica durante esos años es uno de los pocos procesos judiciales derivados de las 16 causas en las que se desglosó el caso Orihuela que sigue "vivo" y no ha sido archivado.
Sin modificaciones
La oposición en el Ayuntamiento de Orihuela lleva desde 2007 reclamando que el equipo de gobierno del Partido Popular (PP) rinda cuentas sobre la liquidación de esos ejercicios presupuestarios, tal y como establece la legislación, algo a lo que se había negado el PP hasta la fecha argumentando que estaban bajo investigación judicial. Finalmente y tras las reiteradas reclamaciones de PSOE, Los Verdes y Centro Liberal, la Concejalía de Hacienda ha accedido ha rendir cuentas sobre este espinoso asunto. Sin embargo, en la primera comisión especial de cuentas en la que se abordó este tema, celebrada ayer, ya faltaba documentación sobre la mesa que se irá aportando durante los meses de agosto y septiembre, según explicó ayer la portavoz socialista Antonia Moreno. Por ejemplo no existe una memoria que explique los gastos municipales realizados durante ese periodo.
Sin auditar
El edil de Los Verdes, Monserrate Guillén, explicó ayer que las documentos aportados son los mismos con los que se contaba en 2001, 2002, 2003 y 2004, con los mismos errores y falta de información que presentaban en su día. "No se ha realizado ni una auditoría que ponga en claro qué es lo que pasó para que existiera ese descuadre, ni algo que describa muchas de las cosas que se denunciaron ante los juzgados". El edil puso en duda que con una documentación así se puedan liquidar las cuentas de esos años.
La oposición no termina de explicarse por qué de forma repentina el equipo de gobierno ha puesto en marcha el mecanismo para aprobar la liquidación de las cuentas de esos años e incluso las que están pendientes también de 2005, 2006 y 2009 y que quiera hacerlo todo antes de finales de año, cuando todo ese proceso ha estado paralizado durante años con el argumento de que no podían hacerlo por motivos judiciales.
