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El PSPV-PSOE y Los Verdes en el ayuntamiento de Orihuela han exigido hoy el cese de los tres concejales del PP que están en libertad provisional e imputados en el denominado "caso Brugal", que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja.

La última fase de la operación Brugal, iniciada en 2007, se desarrolló el pasado martes y consistió en varios registros y la detención de once personas, entre ellas el presidente de la Diputación y el PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, los tres concejales y varios empresarios, como el máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz.

En la primera rueda de prensa ofrecida por los socialista oriolanos tras los arrestos, la portavoz municipal socialista, Antonia Moreno, ha considerado que la alcaldesa, Mónica Lorente (PP), es la "única y principal" responsable de todo lo que sus concejales hacen.

"Al menos, es la responsable política", ha afirmado Moreno en referencia al arresto de tres de los ediles del equipo de gobierno: Manuel Abadía (Aseo Urbano, Mercados e Infraestructuras), Ginés Sánchez (Medio Ambiente) y Antonio Rodríguez Murcia (Pedanías).

La socialista ha explicado que había guardado silencio hasta conocer las primeras imputaciones por respeto a los jueces y ha añadido que el PSPV-PSOE mantendrá "la prudencia y el respeto a todas las actuaciones judiciales y policiales".

Sin embargo, ha instado a la alcaldesa (también secretaria general del PP en la provincia de Alicante) a que promueva el cese de militancia y de sus cargos "de forma inmediata" a los concejales imputados, "presuntamente implicados en actos ilegales a cambio de dinero".

Si Lorente no los cesa, Moreno ha advertido de que será Lorente quien tendrá que rendir cuentas a los ciudadanos "de su inacción o su silencio".

La portavoz socialista también ha expresado su intención de pedir un pleno municipal extraordinario para revocar la adjudicación del servicio de las basuras a la actual empresa concesionaria, la unión temporal (UTE) "Orihuela Gran Ciudad".

Argumentan esta solicitud en que "detrás de la concesionaria de las basura de Orihuela está el empresario Ángel Fenoll", ha dicho en referencia a uno de los arrestados junto a los concejales y Ripoll en la operación "Brugal".

Por su parte, el grupo municipal de Los Verdes también ha exigido la dimisión de los tres concejales implicados o, al menos, el cese inmediato de sus competencias municipales por parte de la alcaldesa.

Para el portavoz de este grupo, Monserrate Guillén, "es significativo" que el concejal Abadía mantenga sus delegaciones siendo imputado de "tres presuntos delitos".

Ha proseguido que estos delitos estarían relacionados tanto con la adjudicación de la contrata de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio como por la adjudicación de la instalación del vertedero en el plan zonal XVII de la Vega Baja, ambos asuntos incluidos en la operación "Brugal".

En la réplica, el concejal de Contratación del equipo de gobierno, el popular David Costa, ha sostenido que todas las actuaciones que hacen los concejales se sustentan en "expedientes administrativos con la firma de los técnicos municipales".

"Aquí no vamos a juzgar a nadie antes de tiempo", ha pedido antes de añadir que desde el PP "se va a respetar la presunción de inocencia de los concejales y, por supuesto, no se va a cesar a nadie".

Costa ha afirmado que el expediente relativo a la adjudicación de los servicios de basura a la UTE "Orihuela Gran Ciudad" es, desde el punto de vista jurídico y administrativo, "impecable y está dentro de la legalidad: Sigue todos los pasos administrativos y para nosotros está cerrado".

Además, ha apuntado que las acusaciones de la oposición son "invenciones" y "rumores" que, en su opinión, tanto socialista como ecologistas deberían tratar de demostrar.