08 de junio de 2010
08.06.2010
Orihuela

El PP aprueba 2.100 facturas sin partida presupuestaria por valor de 3,5 millones

La alcaldesa justifica el gasto porque es sólo el 5 por ciento del presupuesto y lo hacen los 8.000 ayuntamientos de España

08.06.2010 | 02:00
Un momento del pleno de ayer en el que el debate se centró en la gestión económica municipal.

Un buen ejemplo de gestión municipal, según la alcaldesa Mónica Lorente (Partido Popular). Las más de 2.100 facturas aprobadas ayer en el pleno extraordinario fuera del presupuesto a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito son un "ejemplo de gestión" en el Ayuntamiento de Orihuela porque suman 3,5 millones de euros y eso "sólo" supone el 5,3% del presupuesto de gasto del pasado ejercicio, que se elevó a 66 millones de euros. Con esta explicación la primera edil, en su única intervención de la mañana, zanjó con el uso de la mayoría del PP el agrio debate que protagoniza la fiscalización municipal de estas "facturicas" desde hace dos semanas. Una polémica azuzada porque el gasto que se aprobó ayer va más allá de la pura anécdota. Como el que va a pagar 42.000 euros a una empresa de publicidad por elaborar una "idea" para una exposición que no se ha llevado a cabo o el otro que da luz verde a un gasto de 480 euros por seis ceniceros en un edificio en el que no se puede fumar. La oposición no cejó en su empeño y volvió a la carga calificando los conceptos por lo que se paga esas cantidades como "una barbaridad" y un "disparate" porque además no llevan adjuntos informes que justifiquen el trabajo realizado.

Responsabilidad
Para rizar el rizo, el socialista Carlos Bascuñana presentó una enmienda a la aprobación de los gastos, respaldada por Los Verdes y CLr y rechazada por la mayoría del PP en la que se reclamaba abrir expediente administrativo para depurar responsabilidades sobre el gasto ordenado por cada una de las concejalías fuera de presupuesto. El edil socialista Carlos Bascuñana defendió incluso el reconocimiento extrajudicial pero no de la forma en la que lo ejecuta el Ayuntamiento oriolano.
Antonio Lidón, concejal de Hacienda, que ayer tuvo que soportar cómo desde las filas de enfrente le pedían el cese y le llamaban "inepto, esperpento y ninguneado", reiteró que el reconocimiento extrajudicial de créditos es una figura legal para responder al pago de servicios realizados y que el Ayuntamiento está obligado a abonarlos, y en su última intervención volvió a mentar a Zapatero como causante de los recortes de financiación municipal que fuerzan a los ayuntamientos, "a los ocho mil que hay en España", a echar mano de consignaciones fuera de presupuestos en una administración que gestiona 30.000 facturas anualmente. En su cruzada en bloque para dar a conocer el "despilfarro y derroche" del dinero "de todos los oriolanos" la oposición anticipó que va a empapelar de nuevo el término municipal con panfletos. El PSOE intentó "sacar a bailar" en este asunto al secretario general Virgilio Estremera. El edil José Antonio Sáez le solicitó como cuestión de orden que informara sobre si se iban a abonar facturas extraordinarias por servicios de la empresa de recogida de basura que ya viene contemplados en el pliego de la concesión. Estremera dijo que eso no era una cuestión de orden y recordó que la documentación que se debatía la había supervisado como secretario. Mientras tanto, CLr oreaba el gasto de una "comilona" por valor de 2.000 euros de los responsables municipales para "celebrar", paradójicamente, el congreso sobre la crisis organizado por SUMA en noviembre. Éste y otros recibos por ágapes suman 30.000 euros en 2009 , lo que dio pie a Guillén (LV) a llamar "tripones" a los ediles del PP. El sobrecoste de la remodelación de la minúscula plaza de la Cruz en la calle Obispo Rocamora es de 11.000 euros y se paga "casualmente" a la empresa que realizó el edificio donde se halla alquilada la sede del PP local, explicaron desde LV y Clr.

DESPLOME DE LA TASA URBANÍSTICA
Ya sólo entra el 10% de lo que se recaudaba
Antonio Lidón, concejal de Hacienda, apuntó ayer algunos datos sobre la debacle que han sufrido los ingresos municipales derivada de la crisis económica. Entre otras cifras, aseguró que en los años de mayor bonanza económica el Ayuntamiento llegó a ingresar hasta quince millones de euros anuales en tasas e impuestos vinculados a la actividad urbanística que se han visto reducidos en 2009 a tan solo 1,5 millones de euros. Un desplome de un 90 por ciento. Lidón contrastó esta situación con decisiones municipales como la de no abordar una revisión catastral que incrementaría considerablemente los ingresos por el IBI pero no se quiere cargar a los vecinos, o el bloqueo a los impuestos que se mantiene desde mediados de los noventa. En el caso de la revisión catastral el Ayuntamiento de Orihuela deja de ingresar un buen pellizco puesto que una planta de viviendas muy similar a la vecina Torrevieja recauda la mitad. La ciudad salinera superó los 39 millones de euros de ingresos por este concepto en 2008. Todo ello con el agravante de que el Gobierno Central ha pasado de transferir 19 millones de euros anuales a Orihuela a dejarlos en 14 millones.

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