Deniegan la demanda del Consell de parar las obras de la planta de Torrevieja

La Audiencia Nacional mantiene, entre otros argumentos, que "no existen derechos o intereses legítimos de la entidad autora --en referencia a la Generalitat-- necesitados de protección provisional".

De este modo, en el auto rechaza la suspensión de las obras, en la medida en que la Generalitat valenciana, "contrariamente a lo que invoca en su escrito, no acredita los daños y perjuicios que alega", señalaron las mismas fuentes, citando parte de la resolución judicial.

Estos supuestos daños son de carácter medioambiental y "se contradicen con la Declaración de Impacto Ambiental que, en sentido favorable a la ejecución del proyecto de construcción de la planta desaladora, consta emitida con fecha 13 de marzo de 2006".

"INTERESES PARTICULARES"

En opinión del Ministerio de Medio Ambiente, la Audiencia Nacional llega a ser "aún más categórica" al hablar de los "intereses particulares" de la Generalitat frente a los "intereses públicos" de la desalinizadora.

Al respecto, el auto concluye que "el interés público que se pretende con la construcción de la planta desaladora, interés público que, esencialmente, consiste en garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura, ha de prevalecer respecto de los intereses particulares de la entidad autonómica", según las mismas fuentes.

Asimismo, recordaron que la planta tiene el aval del Tribunal Constitucional que, en su decisión del pasado mes de abril, confirmaba que la desalinizadora cumple con todos los requisitos administrativos y ambientales exigidos y ordenaba a la Generalitat dejar en suspenso su orden de paralizar las obras, que pudieron así reanudarse con toda normalidad.

La desalinizadora cuenta además con la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA);, otorgada por la administración ambiental competente que es el Ministerio de Medio Ambiente, y con la financiación de la Comisión Europea, que aporta 55 millones de euros para su construcción, lo que "demuestra que cumple con la normativa comunitaria", según recordó hoy el propio director general de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed);, Adrián Baltanás.

"DESARROLLO Y FUTURO"

En su visita esta mañana a las obras de la planta de Torrevieja, en compañía del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, ambos resaltaron la importancia de esta instalación para "el desarrollo y el futuro" de la Vega Baja y de Torrevieja.

Además, coincidieron en resaltar que esta decisión judicial se suma a otras dos importantes sentencias favorables a la construcción de la desalinizadora, como son la del Tribunal Constitucional, que rechazó también la suspensión cautelar de las obras, y la de la Comisión Europea, que no admitió a trámite una queja presentada por la Generalitat en contra de la planta.

Con ello, la Generalitat valenciana ha cosechado ya, "en su estrategia de entorpecer el desarrollo de esta importante infraestructura hidráulica, tres derrotas sucesivas ante los tribunales", subrayó Adrián Baltanás.

Asimismo, cuatro informes científicos, elaborados por instituciones de reconocido prestigio como son las universidades de Alicante, Politécnica de Valencia y Cantabria, así como el CEDEX, "refutan de forma tajante todas y cada una de las críticas" que se han lanzado en torno a la viabilidad ambiental de la desalinizadora que Acuamed construye en ese municipio alicantino.

La desalinizadora de Torrevieja es una actuación incluida en el Programa AGUA que producirá 80 hectómetros cúbicos (hm3); al año de nuevos recursos hídricos, que se dedicarán a partes iguales al riego y al abastecimiento de Murcia y Alicante.

Antoni Bernabé mostró su satisfacción por el "buen ritmo" de las obras "pese a las trabas" con las que se ha encontrado este proyecto, cuya conclusión --prevista para finales del presente año-- supondrá "la mayor y mejor garantía de que habrá agua para la Vega baja y Torrevieja", indicó el delegado del Gobierno.