Información

Información

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los rectores urgen al Consell el dinero para gastos de personal

Remiten escritos a la consellera Pascual para que autorice el incremento acordado del 6%. Para 2019 corresponden 8 millones de euros

Movilización de universitarios esta semana para que el Consell pague lo acordado. Información

Los rectores de las cinco universidades públicas están remitiendo escritos a la consellera de Universidades, Carolina Pascual, para urgir el dinero comprometido por el propio Consell en sus presupuestos y que las universidades puedan liberar los gastos de personal correspondientes al incremento medio acordado en el III convenio colectivo de un 6%.

Las sucesivas movilizaciones de los representantes del profesorado para reclamar el cobro de los quinquenios y sexenios han hecho mella entre los rectores, que de uno en uno, a modo de cascada, se están dirigiendo a la responsable de Universidades para que dé su autorización expresa al respecto.

Es la propia ley de presupuestos de la Generalitat de 2018 la que contempla que «cualquier incremento de los costes de personal sobre las cuantías autorizadas para cada año, o con incidencia en ejercicios futuros, requerirá la autorización del Consell».

Los rectores se lo indican de este modo implícito a la consellera, entendiendo que la segunda parte de la premisa legal ya se ha cumplido, la que se refiere a que previamente se presente una «memoria justificativa del incremento en el que se establezcan las medidas previstas para financiarlo». El acuerdo de mejora salarial contempla su abono en tres años, a partir de enero de 2019, con 8 millones para las cinco universidades, -alrededor de 1,7 para la UA- y un total de 21 millones hasta 2021, pero esta es la hora en que no se ha hecho efectivo.

Es por eso que los rectores «solicitamos la autorización para el pago, sin autorización no podemos pagar», concreta el responsable de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar. Su homóloga en la Universitat de València, Vicenta Mestre, abunda en su respectivo escrito al Consell que «el impacto económico de la medida -conforme a lo que contempla la ley- exime a las universidades de presentar la memoria que supone la implantación efectiva del convenio colectivo acordado», y reclama asimismo la «autorización explícita por parte de la Generalitat».

Preguntada al respecto por este periódico, desde la Conselleria de Universidades no se ofreció respuesta alguna al cierre del diario sobre la urgencia que demandan los rectores para que se agilicen los pagos comprometidos.

Compartir el artículo

stats