Los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunitat demandan un cambio en el modelo de financiación universitaria que se ajuste a los criterios actuales, al alegar que no pueden "repartir presupuestos con los criterios de 2010".

Así lo ha expuesto la rectora de la Universidad Jaume I (UJI) de Castellón, Eva Alcón, como presidenta de la Conferencia de Rectores de la Comunitat, quien ha indicado que han "alcanzado un momento insostenible" y necesitan "un plan de financiación universitaria que tenga en cuenta la idiosincrasia y las necesidades" de cada centro.

Alcón ha realizado estas declaraciones en Alicante instantes antes de una reunión que los representantes de las cinco entidades académicas públicas de la Comunitat han mantenido con los consellers de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, y de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual.

Al encuentro, celebrado en la sede del Distrito Digital de la Generalitat, han acudido Alcón y los rectores Mavi Mestre (Universitat de València), Francisco Mora (Universitat Politécnica de València) y Juan José Ruiz (Universidad Miguel Hernández). En representación de la Universidad de Alicante ha participado la vicerrectora de Planificación Económica, Mónica Martí, ya que el rector, Manuel Palomar, se encuentra de viaje.

Alcón ha asegurado que los responsables universitarios están "satisfechos" después de que el Consell haya garantizado el pago de 69 millones, el abono de la deuda histórica correspondiente a 2020, una cantidad que "permite funcionar" a las entidades académicas.

La liquidación de esta deuda "podría servir para inversiones en política universitaria, como proyectos propios de investigación", ha declarado la rectora de la UJI, pero se invierten en "las medidas" que se toman desde el Consell o desde el Gobierno central.

"Son buenas decisiones, como el pago de los sexenios de transferencias o las mejoras para el personal investigador", ha indicado Alcón, "pero para abonarlas, se nos debe compensar de alguna manera" y, así, poder hacer frente al día a día de las universidades.

Los rectores han encontrado el apoyo inicial de la consellera de Universidades. Pascual ha coincidido en que las entidades académicas "necesitan un nuevo modelo de financiación" y ha adelantado que ya ha convocado "una mesa de expertos" que confía en que vaya "encontrando soluciones antes de que acabe este año".

Pascual ha incidido en que el encuentro de hoy constituye, a su juicio, una "muestra de buena voluntad por ambas partes" y ha subrayado que su gabinete es "sensible a las reivindicaciones universitarias". Prueba de ello, ha sostenido, es que "el abono de la deuda histórica correspondiente a 2020 se pagará antes de que finalice 2019".

La consellera ha detallado también que de los 1.000 millones de euros con que cuenta su departamento, "825 están destinados a las universidades". Una cantidad que supera en "unos 2,3 millones" a la destinada en 2018, según sus cálculos.

Por su parte, Soler ha admitido que, "en las actuales circunstancias", el Gobierno autonómico hace "artesanías contables" para poder atender a las universidades, aunque también ha advertido de que "no se puede prometer lo que no se puede hacer", porque podría generar una "desilusión".

Por ello, considera que el modelo de financiación autonómica debe revisarse con el fin de que la Comunitat cuente con los recursos necesarios. "Es algo imprescindible e inmediato", ha asegurado el conseller de Hacienda, "sufrimos una injusticia que dura ya demasiado tiempo".

Soler ha defendido que los valencianos no están "siendo tratados con las condiciones constitucionales" que estipula el artículo 156 de la Carta Magna, el relativo a la financiación autonómica.

A su juicio, el Consell no puede "erradicar los barracones escolares con la velocidad" con que les gustaría, ni "contratar médicos y enfermeras" para reducir listas de espera o "abrir los quirófanos por la tarde" hasta que no se ajuste la financiación.

"Para hacer lo mismo que se hace en Cantabria", ha proseguido Soler, "tenemos 800 euros menos per cápita". La percepción del Consell es que la Comunidad Valenciana, según este cálculo, debería recibir "4.500 millones de euros más" anualmente.

La financiación es "prioritaria para la educación, la sanidad, la dependencia o la vivienda social. Es previa a todo, fundamental", ha aseverado el conseller.