13 de noviembre de 2019
13.11.2019
Entrevista Daniel Berzosa López, profesor de Derecho Constitucional y Público de CUNEF

«El control de la educación asegura la dominación del dirigente sobre las generaciones venideras»

Daniel Berzosa López, profesor de Derecho Constitucional y Público de CUNEF, participó en unas jornadas del CEU donde habló sobre educación en España

13.11.2019 | 04:15
A la izquierda Daniel Berzosa, en el CEU.

El profesor de Derecho Constitucional y Público de CUNEF, Daniel Berzosa López, visitó la Universidad CEU Cardenal Herrera en unas jornadas donde habló sobre educación en España y también del Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

En el año 2017, los partidos políticos anunciaron que iban a aprobar en esa legislatura un pacto educativo en España. No lo lograron. ¿Lo ve viable ahora?

No lo creo. Las causas que condujeron al fracaso de la subcomisión encargada de aprobar un inédito y necesario «Pacto de Estado Social y Político por la Educación» en España, allá por mayo de 2018, siguen vigentes. Los partidos políticos no solo mantienen la propuesta de modelos educativos divergentes, sino su nula voluntad de cesión recíproca, lo que hace inconciliable sus posturas. Por poner un solo ejemplo, mírese la cuestión de los conciertos educativos. Unos pretenden su supresión sin más consideraciones; otros los estiman siempre que sean subsidiarios de la escuela pública o, a lo sumo, complemento de esta en función de la demanda social; otros, como la primera posición mencionada, asumen su eliminación, pero a cambio de sustituirlos por el «cheque escolar», lo que no aceptan aquellos.

En cuanto a los contenidos en los planes de estudio, en España hay dos pilares especialmente relevantes: La Historia y la Religión. ¿Cree posible que los partidos lleguen a un acuerdo con la fragmentación que existe en la actualidad?

Lamentablemente, no; y no solo por la fragmentación, sino porque tienen posturas radicalmente contrarias, tanto respecto de lo que debe enseñarse como Historia, como de lo que se debe hacer con la Religión. Por referirme solo a esta, hace unos meses, en un encuentro en la Universidad Complutense de Madrid para conversar sobre religión y educación, al que asistieron representantes del PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos, se constató que las posturas, firmes, se reparten entre los aceptan que la clase de Religión se mantenga, pero desnaturalizada (PP) o secularizada (Ciudadanos) y los que promueven su sustitución (PSOE) o desaparición (Podemos), y esto último pese a los Acuerdos Jurídicos de España con la Santa Sede, aún —más o menos— en vigor.

En su opinión, ¿qué pilares debería contener un pacto educativo en España?

Aunque se haya criticado el artículo 27 de la Constitución, en esencia, por incluir posibilidades educativas antagónicas —de igual modo que sucede con el artículo 38 respecto de la libertad de empresa y la intervención estatal en la economía—, creo que se encuentran en aquel los pilares o puntos de partida para alcanzar un pacto educativo en España. Cualquier otra decisión, será percibida por la otra parte como una imposición y no podrá ser asumido en modo alguno como un pilar de nada común.

En 1978, como ahora, las visiones de cada opción política sobre la educación y su calificación, proyecciones y garantías institucionales eran diametralmente opuestas. Pero todos cedieron para alcanzar el acuerdo. La derecha liberal cristiana fijó como pilares de la educación en España el reconocimiento constitucional de las libertades de enseñanza y de creación de centros, la posibilidad de que estos reciban ayudas públicas y el derecho de los padres a elegir la educación religiosa y moral; por su parte, la izquierda socialdemócrata fijó como pilares que la educación es un derecho fundamental, el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica, la participación de la comunidad educativa en los centros y la supervisión, inspección y homologación de la enseñanza por los poderes públicos.

Es cierto que, a diferencia del modelo económico —acaso porque este viene impuesto por los socios y aliados de España, la reacción al desarrollo de este artículo fue beligerante desde la primera norma que se intentó aprobar. El PSOE planteó un recurso de inconstitucionalidad contra la LOECE, impulsada por la UCD en 1980 (que dio lugar a la relevante sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, de 13 de febrero); y AP-PDP-UL también combatió la LODE del PSOE en 1985. Y, así ha venido sucediendo con las normas aprobadas en esta materia, con triunfo parcial hasta el momento —todo sea dicho— de las leyes promovidas por las izquierdas y el nacionalismo. Precisamente, esta conflictividad incesante es la que me hace afirmar que solo desde aquellos elementos o pilares sobre los que se consiguió conciliar lo opuesto innegociable en la Constitución.

¿El apoyo a la educación pública va en contra de la educación concertada?

En modo alguno. Y, desde luego, sería un error mayúsculo y nocivo entenderlo así. Todo apoyo se ha de hacer siempre de forma positiva; nunca en detrimento de otra realidad; máxime cuando esta se encuentra reconocida en el mismo plano constitucional, como sucede con la educación concertada y la educación pública. Las ayudas de cualquier clase que reciban los centros docentes no pueden estar condicionadas en función de su carácter público o concertado, sino solo porque «reúnan los requisitos que la ley establezca», de acuerdo con lo establecido en el artículo 27.9 de la Constitución.

¿Considera que, hoy en día, no se permite a los padres el derecho de elegir la formación religiosa para sus hijos, de acuerdo a sus propias convicciones? ¿Por qué?

No, en el sentido de que sus hijos no dispongan de una asignatura de la Religión que profesen los padres. Por ejemplo, cada vez son más comunes las noticias de unos padres musulmanes que, en uso de su derecho constitucional, lo reclaman y, claro es, lo obtienen e, incluso, que han advertido con demandar a la consejería autonómica en caso de que dicha enseñanza no se imparta en horario lectivo, como hemos visto recientemente en Barcelona.

Sin embargo, se está produciendo una progresiva y descarnada invasión en este aspecto con la introducción de asignaturas que inciden de forma directa en cuestiones morales (enseñanza obligatoria de los llamados derechos de tercera generación, como el derecho a la diversidad sexual o los derechos de salud sexual y reproductiva). Y, aquí, sí, se puede constatar una injerencia —constitucionalmente vetada— sobre «el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»; pues no se debe olvidar que la formación moral está estrechamente unida a la religión.

¿Por qué cree que hay interés en capitalizar el derecho a la educación y la libertad de enseñanza?

Si emplea «capitalizar» como sinónimo de controlar tanto el derecho a la educación, como a la libertad de enseñanza por una ideología política determinada, le doy una respuesta sencilla, que todo el mundo puede entender sin dificultad. Interesa y mucho, sencilla y llanamente, porque es y da poder, que es el transparente objeto del deseo del político. El control de la educación asegura la dominación del dirigente sobre las generaciones venideras y, por tanto, su permanencia en el poder.

Si con «capitalizar» quiere hacer referencia a la capitalización de la educación desde la perspectiva del pensamiento marxista, se verán también sin dificultad —al menos, por los ciudadanos que disientan de esta concepción— los problemas que genera dicha forma de actuar. Esta perspectiva política, aplicada al campo de la educación, conduce de forma inexorable a confirmar que la educación sigue siendo un campo de la lucha de clases.

Desde esta concepción, la educación solo tiene dos finalidades. Por un lado, producir personas destinadas al rol de la mercancía para el capital; y, por otro lado, producir personas independientes de su futuro proletario. Esta dualidad provoca un combate de clase también en los niveles educativos inferiores, que debe tener como objetivo la desconexión entre la capacitación y el ciclo del capital, y exhibir la primacía de las necesidades humanas por encima de las necesidades del capital. En este entorno, la relación de la educación con el capital y el poder, la acción política solo puede estar orientada al combate frontal del proceso de capitalización de la educación. Ni que decir tiene que la cuestión de la libertad de enseñanza es absolutamente secundaria en este planteamiento.

Hace poco, en la provincia de Alicante, un centro concertado impidió a una alumna ir al comedor al negarse el padre a pagar «cuotas voluntarias». ¿Cree que actuaciones como las de este centro pueden generar animadversión hacia los centros concertados?

Sí. Sin duda. Y, también, que pueden servir de coartada para justificar ciertas medidas punitivas o amedrentadoras de los poderes públicos cuando están dirigidos por opciones políticas contrarias a estos centros educativos. Otra cuestión es el alcance efectivo a largo plazo que tengan. Se trata de hechos aislados. No es una actuación planificada y generalizada, lo que ocasionaría un colapso del sistema concertado y su cierre. Pero es que esto —al menos, por ahora— no lo pretenden de verdad ni siquiera los poderes públicos contrarios al sistema de concierto educativo; porque son conscientes de que no hay alternativa de escolarización a esa masa de estudiantes a costa del erario.

¿Cómo se pueden solucionar el caso de las cuotas voluntarias?

Se debe partir de los hechos que he indicado antes y de que el 99,99 % de los padres que escolarizan a sus hijos en un colegio concertado asumen a priori la existencia de otros posibles gastos (sea con el concepto de actividades complementarias o de aportaciones voluntarias), con la misma naturalidad y coherencia con que asumen su proyecto educativo, dado que es el motivo que los impulsa a decidirse por ese tipo de centro.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook