La negociación de un nuevo modelo de financiación universitaria entre la Conselleria de Educación y las cinco universidades públicas se ha estancado ante las dificultades de la Generalitat para inyectar más dinero en el Sistema Universitario Público Valenciano (SUPV), según fuentes de las dos grandes universidades de la Comunitat: la Universitat de València (UV) y la Politècnica de València (UPV).
A esta falta de avances se suma el malestar de los rectores y rectoras ante el hecho de que, a dos semanas de que acabe el plazo para que el Consell presente el Presupuesto de la Generalitat para 2019 en las Corts el 31 de octubre, las universidades desconocen qué van a recibir de las arcas autonómicas el próximo año. Critican que esta circunstancia reduce al mínimo su capacidad de negociación para introducir cualquier posible mejora.
No obstante, esta situación se podría desbloquear en la comida que mantendrán la próxima semana los cinco rectores y rectoras con el president Ximo Puig, quien el pasado 17 de septiembre, en la apertura del curso en la UV, expresó su deseo de «cerrar antes de que acabe el año un plan plurianual de financiación con las universidades».
El Consell ha asignado este año a las universidades 769,1 millones. La mayor parte corresponde a la subvención ordinaria anual, que sube a 677,4 millones y que casi se destina al 100 % al pago de nóminas. Esta subvención es la misma que en 2006, por lo que las universidades llevan toda la legislatura pidiendo un aumento para recuperar «más de una década pérdida».
Pago de bonos de hace 20 años
Casi 18 millones corresponden a la amortización y pago de intereses de los bonos de deuda que colocó la Generalitat del PP hace 20 años en los mercados internacionales para la inversión en construcción y ampliación de los campus de la Universidad de Alicante (UA), la Miguel Hernández (UMH) de Elx, la Jaume I (UJI) de Castelló y el campus de Tarongers de la UV.
Además hay otros 18 millones, que en 2019 pasarán a ser 30, para las mejoras salariales del personal universitario comprometidas por el Consell. También están los 8,5 millones del 8 % de la bajada de tasas, que el año próximo serán 18 al llegar la rebaja al 15 %.
Por último, están los 42,3 millones correspondientes a la anualidad de 2018 del plan del pago de los 891 millones de deuda que generó la Generalitat del PP a las universidades entre 2008 y 2014.
El 30 de diciembre de 2014, a cinco meses de las elecciones, el anterior Consell firmó con los rectores un plan plurianual de abono de dicha deuda a ocho años vista (2015-2022). El Botànic ha cumplido con los pagos pactados, asumiendo hasta este 2018 un total de 466,3 de los 768,9 millones de la deuda con las universidades con la que se encontró al llegar a la Generalitat.
Estas anualidades de deuda histórica, que rondan los 50 millones, en teoría eran para inversiones pero las universidades las han tenido que derivar al pago del gasto corriente generado por el Coste de la Normativa Estatal y Autonómica (CNEA) en las nóminas de la plantilla (complementos, sexenios...) y exenciones de matrículas (por discapacidad, víctimas de violencia machista o de terrorismo) que la subvención ordinaria de la Generalitat no abona a las universidades desde 2010. El impacto del CNEA en las arcas de las universidades supera los 36 millones de euros al año.
«No ha sido de manera formal»
Fuentes universitarias aseguran que al reclamar más fondos para el nuevo modelo de financiación, se han encontrado con un «no hay más dinero debido a la infrafinanciación autonómica».
Una de las posibilidades planteadas por la Generalitat a las universidades para aportar más fondos a las universidades ha sido prorrogar en dos años más el pago de los 302,6 millones pendientes de la deuda histórica del PP. Esto supondría que parte de ls cuatro anualidades que quedan, la de 2019 es de 57 millones, se aplazarían a 2023 y 2024.
Educación niega que haya propuesto reprogramar el pago de la deuda. Sin embargo, varias fuentes universitarias coinciden en asegurar que la medida fue planteada por la Administración, «aunque no de manera formal».
Los rectores y rectoras ven «inaceptable» una prórroga de la deuda. Dicen que con la subvención ordinaria a nivel de 2006 sus cuentas están en una «situación límite». Fuentes universitarias subrayan que solo aceptarían refinanciar la deuda «si se inyecta más dinero en el sistema, una subida anual que como mínimo debería cubrir el 100 % del CNEA».
