13 de marzo de 2018
13.03.2018

La UA lucha por la eliminación del castigo físico a menores

Dirigido por la profesora Concepción Torres, el curso "Marco jurídico y abordaje desde la praxis para la eliminación del castigo corporal a menores" se celebrará los días 15 y 16 de marzo en la Facultad de Derecho

13.03.2018 | 04:15
Imágenes del proyecto Hands up, en su reunión del pasado diciembre

La Sala de Juntas de la Facultad de Derecho Universidad de Alicante acoge los próximos días 15 y 16 de marzo de 2018 el curso "Marco jurídico y abordaje desde la praxis para la eliminación del castigo corporal a menores", donde se debatirá la protección de menores y eliminación del castigo físico a menores desde el punto de vista jurídico.

Desde el año 2007 no cabe justificar el castigo corporal leve a menores ante indisciplinas en el llamado 'derecho de corrección' en consonancia con el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño y con la Observación n.º 8 del Comité de la Convención de los Derechos del Niño de 2006. Sin embargo, a nivel autonómico todavía se alude al derecho de corrección porque persisten leyes civiles y/o forales propias que recogen expresamente dicha expresión como ocurre en Cataluña, Navarra y Aragón.

Coordinado e impartido por la abogada y profesora del Departamento de Estudios Jurídicos del Estado de la UA, Concepción Torres, durante el curso se abordará la actual jurisprudencia en aras de mejorar la interpretación y aplicación de la normativa. Es por ello que – indica Torres– "en el ámbito de la aplicación e interpretación de la normativa se advierten sentencias que, si bien no aluden al 'derecho de corrección', sí que justifican determinados castigos corporales leves a menores dentro de la llamada 'facultad de corrección' de progenitores en el marco de las obligaciones de educación de éstos".

Proyecto Hands up

Dirigido tanto a profesionales del ámbito jurídico, educación, sanitario y servicios sociales como a alumnado que trabaje en el ámbito de menores, "el curso busca reflexionar críticamente sobre los términos en los que se sigue interpretando y aplicando la norma de una forma un tanto acrítica con los tradicionales modelos educativos", insiste la profesora de la UA. Así, se pretende apostar por estrategias educativas formadoras y transformadoras de la sociedad enmarcadas en la 'disciplina positiva', y potenciar los llamados 'Principios de la Justicia amigable'.

"En este último aspecto, los 'Principios de la Justicia amigable', es importante reseñar el derecho de las y los menores de ser escuchados ante cualquier decisión que les pueda afectar y la obligación fundamental de actuar por parte de los Poderes Públicos y, específicamente, de la Administración de Justicia como garantes de la realización y/o materialización de sus derechos", explica Concepción Torres. Según las Directrices del Consejo de Europa sobre Justicia adaptada a los niños de 17 de noviembre de 2010 cuyo objetivo, sintéticamente, es asegurar que en cualquier procedimiento que afecte a menores se garantizan el derecho a la información, representación, participación y protección.

Segunda edición

Dado el interés de la materia y con el cartel de completo, desde la organización de este curso de especialización "Marco jurídico y abordaje desde la praxis para la eliminación del castigo corporal a menores" ya se ha cerrado una segunda edición para los días 19 y 20 de abril de 2018. La preinscripción podrá realizarse mediante este formulario del 20 de marzo al 18 de abril.

El curso forma parte de las acciones de formación y especialización del proyecto europeo Hands Up impulsado para erradicar el uso del castigo físico infantil en el que participan instituciones de Portugal, España, Alemania, Bulgaria y Grecia. El grupo de trabajo español, liderado por la profesora de Psicología Social de la Universidad de Alicante, Ana Rosser, está formado por la propia Concepción Torres, junto a Carmen López y Victoria Tur, ambas del Departamento de Comunicación y Psicología Social, y Diana Jareño de Sociología I, en colaboración con el Síndic de Greuges y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana.

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