¿Quién defiende a quienes defienden los derechos humanos?
En teoría deberían ser los gobiernos y los estados, pero no todos los países tienen mecanismos de protección y muchas veces son los mismos gobiernos con los ejércitos y policías quienes persiguen y criminalizan la protesta social. De ahí que hacen falta otras instituciones de solidaridad internacional que ayudan a los defensores del medio ambiente y los derechos humanos.
Según el último informe de Global Witness se elevan a 200 las personas asesinadas por defender el medio ambiente en un año.
Y esas son las registradas y sólo en la defensa del medio ambiente. Por ejemplo, en Honduras desde 2010 más de 120 ambientalistas han sido asesinados, entre ellos la compañera Berta Cáceres. La comunidad indígena ha sido hostigada y perseguida. La dimensión es mucho más grande.
Usted mismo fue víctima también el día que asesinaron a Berta Cáceres.
Sí, estando en la casa de Berta ese 2 de marzo de 2016 es cuando entran los sicarios, intentan asesinarnos y lamentablemente Berta muere, yo quedo herido. Es el contubernio con el gobierno, la empresa hidroeléctrica, militares y sicarios. Hay mucho interés y mucho dinero de por medio, financiación de los bancos, y están dispuestos a llegar al grado de asesinar para asegurar sus inversiones.
¿Qué ocurrió después?
La situación fue muy difícil porque el gobierno intentó inculpar a miembros de la organización y a mí. Me secuestraron en el aeropuerto para que no saliera del país pero al final no pudieron inventar cargos. Tuvieron que detener a ocho imputados que están en proceso de juicio que esperemos se lleve a cabo antes de mayo. Serían los autores materiales pero lo que estamos exigiendo con la familia de Berta y la organización indígena es que siga la investigación por los autores intelectuales, pero eso ya llega a otras esferas del gobierno y la empresa.
Tras una situación así ¿no le da miedo continuar?
Pues sí, en parte sí, pero qué se puede hacer, tenemos que seguir en el proceso de la defensa de los derechos humanos y de los territorios. Hay muchísima gente amenazada en América Latina, no hay país en que no haya resistencia contra el despojo de las tierras, contaminación de agua, enfermedades que causa la minería, contrucción de presas enormes que desplazan a miles de campesinos, proyectos de fracking, gasoductos, oleoductos, monocultivos de soja y maíz transgénico...no sólo soy yo, hay muchas personas en esta lucha, no queda otra.
¿En qué lucha está su asociación Otros mundos-Amigos de la tierra?
La asociación hace trabajo de educación popular, acompañamos resistencias como en la red mexicana de afectados por la minería o las represas e impulsamos alternativas agroecológicas y de bioconstrucción con la idea de buscar alternativas al modelo de desarrollo que nos venden. Supuestamente los megaproyectos van a traer empleo y desarrollo, pero no es tal, hay deforestación, inundaciones, enfermedades y asesinatos. Queremos un desarrollo que incluya a los pueblos.
¿Cuál es la mayor amenaza ahora?
Una de ellas es la criminalización de la protesta social. Lo que antes era un derecho humano como protestar pacíficamente ahora es un crimen.
¿Qué zonas son las más peligrosas para defender el medio ambiente?
No hay país que no esté amenazado en América. En México han entregado la mitad del territorio a las mineras, hay desplazados por los monocultivos y lo mismo ocurre en Guatemala y Honduras. De Panamá se habla poco pero hay muchos proyectos mineros e hidroeléctricos. En Argentina y Chile está la extracción de oro en los Andes, en Brasil los asesinatos en torno a las represas y en Ecuador el petróleo. Son países en los que se da un proceso de extractivismo voraz.
¿Vislumbra algún cambio en este panorama?
En la medida en que la gente se moviliza y se generan redes de apoyo se van deteniendo, aunque eso no significa que las corporaciones cejen en sus intentos. Hay un proceso interesante, que esperemos llegue a buen puerto, que es el de generar un tratado vinculante entre empresas y derechos humanos en Naciones Unidas. En marzo será la tercera sesión de negociación y lamentablemente la UE está boicoteándolo porque implicaría penalizar a las corporaciones por violar los derechos humanos. Sería un gran éxito que se aprobara.
