Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acaba de publicar el informe Las personas refugiadas en España y en Europa, con datos que alcanzan hasta marzo de 2018. A día de hoy, en nuestro país hay 42.000 personas que tienen la condición de «solicitante de protección» y que por tanto aguardan a que el Ministerio del Interior decida si reúnen o no los requisitos para recibir refugio y ayudas del Estado. En la entrada de este limbo se encuentra otra gran cantidad de personas que esperan hacer una entrevista con la Policía para pedir formalmente que estudien su caso.
Al otro lado de la principal frontera por las que llegan los extranjeros más vulnerables, el sur del Mediterráneo -y en menor medida el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-, miles de personas siguen haciendo su éxodo de huida de la miseria, la guerra y la persecución. Aunque legítimamente todos pueden buscar un lugar donde se respeten los derechos humanos y haya alguna posibilidad de progresar, legalmente sólo algunos encontrarán apoyo integral por parte del Estado, en parte por un derecho de asilo diseñado para un contexto distinto al de los flujos masivos de migrantes y refugiados de la actualidad.
El sistema de acogida
España tiene la obligación de procurar asilo y protección como firmante de la Convención de Ginebra, la Declaración de Derechos Humanos y como estado miembro de la UE sujeto a las directivas europeas. También debe hacerlo por su propio ordenamiento jurídico, en el que opera una nueva ley de Asilo desde 2009 que sustituye a la anterior del año 84.
El ejercicio de todos estos compromisos se traduce en el deber de proteger, mediante la figura del asilado, a todas aquellas condiciones individuales -sexo, ideología, raza u orientación sexual- de un entorno hostil o persecución, así como a los nacionales de un país que se ha vuelto peligroso para sus ciudadanos mediante el mecanismo de protección subsidiaria.
Estas son las premisas que dan sentido al Sistema de Acogida e Integración para Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional español, un mecanismo que este año ha registrado el mayor número de solicitudes de su historia. El escenario internacional ha colocado al cierre de 2017 a España como el sexto país con más demandas de Europa en un contexto de desencanto con la solidaridad del Viejo Continente: llegaron al país 31.120 casos a la Dirección General de Migraciones, el doble que en 2016, mientras que el conjunto de la UE registró un 44% menos de peticiones en el mismo periodo y se quedó en 704.625, según el informe de CEAR.
Quienes no tienen recursos como dinero o familia para mantenerse mientras se decide si son aptos o no para recibir refugio -«el 99% de los demandantes», según el abogado que asiste el trámite en la delegación alicantina de Cruz Roja, José Illán- se apoyan en la red de acogida del sistema. Las 8.000 plazas con que cuenta están repartidas en los Centros de Acogida de Refugiados (CAR) de Madrid, Sevilla y Valencia; los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla -donde alojan a migrantes y refugiados- y por los alojamientos de la red de ONG y otras entidades sin ánimo de lucro que reciben ayudas del Ministerio para desarrollar la acogida. Según Illán, aunque en la red cabe sólo el 20% de los peticionarios, el Estado pone medios para alojar al resto en habitaciones y hostales tutelados por estas agencias.
Al parecer, no están abandonados mientras esperan. Pero la estancia en estos lugares neutros suele terminar abruptamente con una nueva condición: extranjero en situación irregular.
Preparados, listos, fuera
El manual mediante el que el organismo de Interior desarrolla la acogida piensa en que el solicitante acabará siendo una persona con permiso de residencia. Para ello establece tres fases entre que el demandante inicia la exposición oficial de su caso y se resuelve favorablemente. Duran, salvo en casos especiales, 18 meses.
En la primera etapa, posterior a la de «primera acogida» o ayuda previa a la entrevista, los diferentes centros de la red les proveen de alojamiento, clases de español, cultura local y «dinero para complementar con productos frescos comida del Banco de Alimentos» durante seis meses, cuenta Lidia Durá, responsable de alojamiento y atención de las 12 personas que tutela la división local de la Red Acoge, Elche Acoge.
El siguiente semestre se enfoca a la integración. Los peticionarios continúan por un itinerario individualizado en el que los técnicos estudian el mercado laboral y los preparan para acceder a él, ya que con la tarjeta roja podrán trabajar desde la Fase 2 hasta como mínimo la resolución de su expediente - «si se tiene un título se busca la homologación desde el principio», añade Durá-. En el último tercio del programa, el de autonomía, se cortan las ayudas pero se mantiene una tutela. «Todos nos preocupamos de nuestra área como en una cadena, es un programa integral», afirma Luisa Cervantes, técnico de empleo en CEAR Alicante.
El centro que ha puesto en marcha hace unos meses esta ONG en la provincia acoge a medio centenar de solicitantes de protección internacional. Proceden de Georgia, Colombia, Armenia, Ucrania, Venezuela, Marruecos, Costa de Marfil, Yemen y Guinea Conakry. Les preparan, al igual que al resto de peticionarios de la provincia, para vivir en España, pero en cualquier momento pueden recibir una carta oficial que trunque este objetivo.
Según el informe de CEAR, que recoge datos de Eurostat sobre solicitudes de protección, lo más habitual en España durante 2017 ha sido, primero, que no resuelvan su caso, y segundo, que le denieguen la protección. De los 42.000 expedientes acumulados se resolvieron 13.350, el 30% del total, mientras que el resto siguen en investigación. De los resueltos, el 35%, un total de 4.676, se han calificado como aptos para recibir la ayuda, pero el resto, 8.675, se han clausurado con el rechazo de la petición. Es un porcentaje de negación de peticiones del 65%. «En ese momento se convierten en extranjeros en situación irregular», sostiene Illán.
No siempre es sinónimo de deportación, aunque desde Elche Acoge aseguran que han detectado un aumento de la presencia policial para expulsar a los irregulares. Los solicitantes rechazados pueden recurrir la decisión de Interior o pedir el permiso excepcional por arraigo social, accesible a partir de los tres años de estancia en el país. Es una estrategia factible si se suman los «siete u ocho meses» que tarda un extranjero en poder solicitar la protección en la comisaría de Alicante y los más de doce que tardan en resolver la mayoría de expedientes. «El sistema está muy saturado. Los casos de Alicante son junto con los de Navarra los que más retraso acumulan en su resolución», apunta Laura González, coordinadora de la delegación alicantina de CEAR. El informe considera que la respuesta del Gobierno a la protección durante el pasado año «se enmarcó en un contexto de negación, parálisis e improvisación que contribuyó a agravar el colapso del sistema de asilo».
De los datos que recoge el documento se extrae que la Oficina de Asilo y Refugio dependiente del Ministerio de Interior evalúa conforme a criterios «clásicos» de conflicto. Los eritreos, sirios, palestinos e iraquíes han recibido alguna de las dos modalidades de protección en más del 70% de los casos y rozan el 100% en las dos primeras nacionalidades.
Pero guerras olvidadas como la de Ucrania, conflictos civiles como los de Venezuela o Colombia o situaciones de violencia criminal como las que causan las maras en Honduras o El Salvador no justifican la protección de los demandantes de estos países para la Oficina, que rechaza la práctica totalidad.
El resultado que arroja este complicado proceso para la mayoría de solicitantes es rechazo e incertidumbre. Una situación frustrante para los demandantes y para quienes les acompañan con la expectativa de verlos construirse una vida en España. «Los seis meses de la fase inicial de acogida se alargan cada vez más, para que luego se les deniegue la protección y queden en situación irregular después haber invertido grandes recursos. Si al menos les diera tiempo a regularizarse por arraigo e integrarse... Pero muchas veces ni eso», admite crítica una técnico de una de las ONG que gestiona la acogida de a provincia.
Pese al gran número de expulsiones técnicas que provoca el sistema, la responsable de comunicación de Cruz Roja Alicante, Carla Vera, cree que «no se puede hablar de dinero perdido». «No se van con las manos vacías, en su estancia tienen una formación integral y cursos de empleo», matiza.
En los últimos años ha cobrado fuerza la tesis de que el dinero para acogida renta mucho más en los países de tránsito y origen, «de donde en muchas ocasiones no se huye por la atracción europea, sino por la expulsión que provoca la inestabilidad», según Ana Sales, directora del Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo (MCAD) de la Universitat de València.
Volver a África
A la complejidad de la gestión del asilo se añade el reto de las migraciones irregulares. Tras el acuerdo UE-Turquía y el cierre de fronteras europeas de 2015 y 2016, la huida de refugiados se ha mezclado con las rutas de migrantes y refugiados africanos que cruzan el Mediterráneo Central y Occidental hacia el continente. La mayoría se pone en manos de mafias para hacer el viaje al ser las únicas organizaciones que les sacan de donde huyen.
Según datos de ACNUR, en 2017 la ruta española ha doblado las entradas de años anteriores por Ceuta, Melilla y la costa andaluza hasta sumar más de 28.300. De ellos, más de 10.000 eran argelinos y marroquíes, pero también se registraron 2.300 sirios entre quienes dieron el salto por tierra y mar. Entre enero y marzo de este año, las rutas hacia Europa vía Grecia, Italia y España registran casi las mismas entradas, alrededor de 5.000 cada una.
«La distinción entre refugiado y migrante económico es cada vez más difícil, no sólo porque la violencia se produce sobre todo en zonas pobres, sino porque los que se refugian en Europa se convierten poco después en migrantes permanentes que deben integrarse en los mercados de trabajo», avanzaba la investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González en un artículo de 2015. Sales señala a su vez que los largos plazos de la acogida y los conflictos de los países de origen están haciendo que «alguien que era refugiado hace tres años, como un homosexual que huye de un régimen, se pueda convertir en un migrante que busca trabajo en España y que un migrante económico se convierta en un refugiado, porque ahora su región está en guerra».
La fusión de ambas condiciones en un tránsito tan dramático obliga a decidir aunque Europa no esté siendo capaz de llegar a grandes acuerdos. Este fin de semana, los tres países del sur participan en una minicumbre impulsada por la Comisión Europea que busca agilizar, entre otras medidas, mecanismos para separar en países de origen y tránsito a migrantes y refugiados a fin de reducir los flujos de entrada por la peligrosa vía mediterránea: entre 2014 y 2017, más de 14.000 personas fallecieron en este mar buscando las costas de la Unión, según ACNUR.
En esta línea, Sales señala que una parte de estos flujos se nutre de personas que no reciben contestación tras solicitar asilo desde los campos de refugiados de países próximos a los conflictos y optan por pagar a las mafias del tráfico. Están en estados como Turquía, Líbano, Pakistán, Uganda y Etiopía, donde se concentran cerca de siete millones de refugiados internacionales, a su vez una parte de los 70 millones de desplazados que el ACNUR calcula que hay en el mundo.
A esta inestabilidad global hay que sumar que el 50% de los jóvenes africanos emigraría a Europa si pudiera, según un estudio citado por González. «El gran problema es que vamos a enfrentar en las próximas décadas una gran presión migratoria» desde este continente, apunta la investigadora del principal think tank español. Incide en que la economía de estos países ha crecido en los últimos 20 años, pero recalca que el crecimiento demográfico es superior. «Europa le ha dado la espalda a África desde la descolonización y ahora se encuentra en la necesidad de volver a ella», zanja.
Para cooperar, para invertir y para conveniar con los países de origen y tránsito los flujos migratorios que va a necesitar. La consultora y exdirectora de Casa Mediterráneo Yolanda Parrado cree que es hora de «salir de esta política de seguridad» y negociar con los países de salida mediante acuerdos bilaterales una emigración controlada. Sales se muestra convencida por su parte de que la indiferencia sólo hace más grandes los muros de una Europa Fortaleza. «Hasta que la Unión no se plantee en serio interceder en los flujos migratorios, podremos acabar votando a un Salvini o un Le Pen de extrema derecha», sostiene.
La investigadora del Instituto Elcano aboga por una presencia cultural, diplomática y humana en estos países. «Hablamos de poder influir y de invertir, no de la cooperación al desarrollo que se ha estado haciendo en las últimas décadas», añade. De ir a una concepción de África, y Oriente Medio en menor medida, de gran socio, que, según Parrado, está reportando beneficios a las empresas que han apostado allí por tecnología, alimentación, sanidad o construcción. Sobre todo compañías francesas que van de la mano del servicio exterior galo.
«El problema es que Europa no quiere comprender los motivos por los que esas personas abandonan sus países, ni por qué muchos se han convertido en estados fallidos», opina el sociólogo especializado en migraciones de la UA Carlos Gómez Gil. «No entender esto lleva a que el mundo de prosperidad que construye Europa choque con el mundo de guerra y atrocidades en el que vive la población de muchos países de su entorno», agrega, a la vez que señala la responsabilidad que ha tenido el desarrollo europeo en las causas que producen desplazados como consecuencia.
