La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y ha apagado un poco el halo Mortadelo que había adquirido el último escándalo del Ayuntamiento de Alicante. Los hechos son estos: un mes y medio después de haber hallado restos de lo que podría ser un dispositivo de grabación bajo un mueble del despacho del edil en la Concejalía de Urbanismo, el equipo de Gobierno se ve obligado a dar explicaciones después de que este diario destapara que el alcalde y sus seis concejales pretendían ocultar el descubrimiento. Ha habido denuncias, acusaciones indirectas y declaraciones solemnes, pero también mucha chanza a cuenta del lamentable aspecto del dispositivo. La ciudad y la provincia están revolucionadas por un amasijo de silicona y cinta aislante que parece sujetar una pila doméstica, un cable pelado que sale de uno de sus polos y una pieza de plástico negro de función indefinida que fue presentado en un tarjetero vacío. Antes de que la Policía haya acudido a recoger la única prueba que existe de este presunto caso de escuchas, sus custodios han permitido que cualquiera pueda fotografiarlo y tocarlo.
El clima de desconfianza bajuna que ha marcado los poco más de dos años de tripartito en la ciudad ha encontrado un símbolo perfecto en este cacharro y sólo la irrupción del fiscal obliga a carraspear y recomponerse para analizar la situación.
Porque lo cierto es que una forma cutre no evita que haya que investigar un posible fondo delictivo. Y según la Policía Nacional, debidamente conectado a un receptor de sonido y a un dispositivo de almacenamiento, el artefacto podría ser usado para grabar. También tienen interés en que se investigue el asunto el hoy exconcejal de Urbanismo y hasta noviembre edil del área, Miguel Ángel Pavón y la tercera pata del antiguo gobierno, Compromís. Han denunciado un posible espionaje y quieren aclarar quién lo instaló y qué pretendía registrar.
Política y grabaciones aparecen con frecuencia asociados en esta provincia. Fueron unas conversaciones difundias por el empresario Ángel Fenoll lo que disparó el caso Brugal en la Vega Baja. En Elche, la exedil Cristina Martínez se ha servido de dispositivos para revelar numerosos encuentros en su periplo público. Y las investigaciones sobre el caso PGOU de la capital también han dejado claro que algunas conversaciones privadas son un «party line» ordenado por el juez para poner fin a la fiesta.
Alicante, cuyos escándalos políticos han hecho bueno el chascarrillo «la corrupción es como la paella; se hace en toda España pero en ningún sitio como en la Comunidad Valenciana», es también un nodo industrial y demográfico explosivo. Aquí, ya sea por patentes, planes urbanísticos, bajas laborales o temas de pareja o familia, las sospecha, la traición, la vigilancia y el contraespionaje son tan abundantes que son negocio. Nos acercamos a la vertiente política del espionaje en la provincia de mano de profesionales de la investigación privada.
Los barridos y la importancia
Cada precampaña, los detectives y las empresas de seguridad que hacen barridos electrónicos ponen a punto sus aparatos de contramedida. Llamados «escobas» o «raquetas» por su forma, los detectores básicos cuestan unos 8.000 euros y sirven para encontrar montajes no demasiado sofisticados. Los equipos de máxima sensibilidad tienen un precio hasta diez veces superior que se refleja en el presupuesto. Muchas empresas y agencias de la región cuentan con detectores pequeños, pero sólo hay cuatro o cinco compañías en España que hagan los de gran calado.
«Casi todas las inspecciones nos piden hacerlas en los despachos de Alcaldía y Urbanismo y normalmente después de un cambio de gobierno», asegura Octavio Morellá, gerente de Detectives Morellá y decano del Colegio de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana. La reacción del alcalde Echávarri a la salida de Guanyar y Compromís ha sido de manual.
Son trabajos discretos, -«tratamos de parecer instaladores o técnicos para no llamar la atención», explica el investigador de Detectives Levante Hernán López- que se reparten entre dos o tres personas. El aparato busca impulsos eléctricos y el ojo humano lugares donde pueda esconderse un dispositivo. A las arcas públicas -«nunca me han pagado partidos políticos, siempre instituciones», aclara López-, las ansias de intimidad de sus gobernantes les cuesta unos 1.500 euros por habitación libre de fisgones.
La relación profesional entre autoridades y detectives es escasa pero constante y representa alrededor del 5% del total de asuntos que facturan las agencias, según Morellá. «Un 40% de lo que hacemos son asuntos de familia y relaciones; un 25% temas laborales, como bajas fingidas; otro 30% de empresa e industria, como falsificaciones o robo de patentes y el 5% restante pueden ser temas políticos», desglosan las socias Belén Muñoz y Elena Miralles, que dirigen desde 1987 una de las agencias más reputadas de la provincia, Detectives Alicante. Cada mandato o legislatura hacen entre «tres y cuatro barridos».
«Inspecciones como esta hacemos unas 100 cada legislatura en la Comunidad. Pero el 98% son negativas», revela el decano de los detectives. ¿Están justificadas entonces o sobra pasión por el espectáculo?
Aunque no se pueda decir en público, ser espiado aporta glamour. Como una «H» blanca de varios metros pintada en un suelo asfaltado, verse envuelto en un asunto de escuchas y espías manda un mensaje sutil pero claro: en este lugar las personas son importantes. Por eso, los investigadores que acumulan casi tantos años dentro de un coche como fuera del lugar de trabajo leen la prensa estos días con una mueca burlona. «La de veces que me han pedido a mí que haga montajes. Mucha gente quiere darse importancia: si no te espía nadie, no eres nadie», asegura Javier Sandoval, especialista en sistemas de escucha y colaborador técnico en Detectives Alicante.
Sólo ha visto la foto del micro, pero está casi seguro de que es «una intoxicación». «Con la potencia de una pila de 1,5 voltios no alimentas nada, ni el arrancador de una grabadora. Y tampoco entiendo que lo hayan colocado con cinta aislante y silicona, porque retienen mucho las huellas. No está en manos de la Policía y tampoco sé por qué», razona Sandoval. La opinión de Agustín Bellés, socio de la agencia ilicitana Grupo 2 Detectives, confirma la frecuencia de las farsas: «El mundo de la política es muy traicionero. Ellos mismos esconden equipos de grabación para que los encuentren. Para darse importancia o para hacerse las víctimas».
Técnicas
Sentadas junto a la joven investigadora Nayma Beljilali en la sala de reuniones de su oficina, Muñoz y Miralles se sonríen cuando se les menciona el aparato del despacho que ocupaba Pavón y ahora la socialista Eva Montesinos. «Eso es simulado; ni funciona ni ha funcionado nunca», ríe Miralles, «llevo 30 años en este mundo y te digo que es habitual que te pidan que hagas que aparezca algo en algún sitio».
En la estancia hay objetos propios de un despacho. Un reloj, una vitrina, marcos de fotos, premios, una televisión y una lámpara de pie con tres bombillas. De la estantería cuelgan gorras tipo Sherlock Holmes o «deerstalker» («acechador de ciervos», muy adecuado para una profesión que investiga infidelidades). En las paredes hay un armario empotrado y dos puntos de luz. La cantidad de esquinas, sombras, pliegues y oquedades en los que se puede camuflar una cámara o un micrófono en una sala de reuniones común como esta es ilimitada. Ninguno de los especialistas entrevistados se explica cómo se eligió la parte baja de un mueble y un sistema tan precario para tratar de espiar.
Porque la oferta de dispositivos amateur y para profesionales que ofrecen las «tiendas espía» se adapta a todas las superficies y circunstancias imaginables. Quien quisiera grabar las conversaciones podría haber hecho pasar por un tornillo del mobiliario el cabezal metálico que oculta una de las cámaras que venden en las tiendas especializadas. O haber colocado una minigrabadora de tecnología rusa con 150 horas de funcionamiento y filtrado de voz que cabe en el envoltorio de un sugus. Se habría gastado 160 euros en el primer caso y 450 en el segundo. Y sin salir de Alicante: las venden en tiendas y por supuesto en internet. «Hoy en día puedes captar lo que quieras donde quieras. Se puede grabar con una minicámara en la montura de las gafas, camuflarla en una botella de agua pequeña, en las llaves de un coche... Además, todo se puede personalizar al detalle», explica el personal técnico de Espiamos, la tienda de referencia en grabaciones de seguridad en Alicante.
Difieren del criterio del compañero que calificó en las páginas de este periódico esta semana de «profesional» la conexión con soldadura y estaño que tenía el micrófono. «Hay muchas formas de conseguir lo mismo con más eficacia y discreción», apuntan. Si se ha tenido tiempo para calentar la silicona térmica y adosar el montaje al mueble también se podría haber invertido en colocar estas alternativas discretas, baratas y de alta eficacia en lugares menos obvios.
Legal
Capturar conversaciones es perfectamente legal siempre y cuando el responsable participe en ellas y sólo haga un uso privado, o judicial llegado el caso, de su contenido. Este matiz, en una situación como la descubierta en el despacho de Urbanismo, marca la diferencia entre la torpeza política de haber olvidado un autograbador en el antiguo trabajo y el delito de registrar lo que dicen terceras personas sin su conocimiento.
Quienes practican la segunda opción en la esfera política suelen apoyarse en esbirros. Sandoval, que ha trabajado con la Policía en depurar y analizar escuchas relacionadas con el caso Gürtel y «muchos otros escándalos de los últimos ocho años» según cuenta, asegura que «a veces las instalaciones de micros y cámaras en consellerias o en despachos se las encargan a electricistas o a personal de limpieza y mantenimiento». Sólo un instalador de este tipo explicaría, para Morellá, lo que se ha encontrado en Alicante. «La silicona térmica del micro me resulta familiar, yo la uso en las cámaras que coloco, pero la calidad del resto del trabajo me ha sorprendido, sobre todo el olvido de los cables».
Pero quien ha visto «grabadoras de cassette sujetas con velcro bajo una mesa» en reuniones entre políticos y empresarios, conoce el espionaje delictivo low cost que se practicaba en la cultura del pelotazo y que ha marcado a la siguiente generación de gobernantes. «Cuando se habla de escuchas nos imaginamos detectores de voz supercomplejos como en las películas, pero la realidad es que suelen ser bastante cutres», asegura el decano de los detectives.
Siga a esetipo
La investigación privada es una actividad regulada por ley. Y por obvio que parezca, sus trabajadores tienen que recordar casi a diario a sus nuevos clientes que no pueden cometer delitos ni tener pruebas de uno sin darlo a conocer a los Cuerpos de Seguridad del Estado. «Estamos sujetos a la ley de Seguridad Privada, reformada en 2014 y al resto del ordenamiento jurídico español», recuerda el decano del Colegio. Los 130 detectives que trabajan en la Comunidad -unos 60 en Alicante, otro tanto en Valencia y menos de una decena en Castellón- han tenido que rechazar encargos para preparar venganzas, difundir cotilleos o humillar a otras personas.
Una de las novedades de la nueva ley es el concepto de «legitimidad de la investigación», por el cual el detective debe interpretar si el encargo de su cliente es aceptable o viola alguna norma. El sentido común que debían tener antaño ahora se plasma en informes contrato a contrato que se remiten a la policía y guardan en sus memorias anuales. Si aceptan trabajos ilegítimos se exponen a «sanciones desorbitadas», apunta el detective ilicitano.
«Yo no puedo seguir a un funcionario que se escaquea del trabajo si me lo encarga un compañero suyo que quiere ponerlo en evidencia; pero si es un concejal o el alcalde y es por tema laboral, sí», aclara Bellés. La misma lógica regula las grabaciones. «Puedo meter un micro en el cable de la luz, pero si es para autograbación; si sé que lo van a usar para espiar a otros debo rechazar el trabajo». En una entrevista reciente, Morellá contaba que un alcalde le había pedido blindar su despacho para poder delinquir. La comparación de los productos y servicios que ofrece el sector con un cuchillo, que se usa para cocinar pero mal utilizado mata gente, satisface a muchos profesionales del sector.
La parte de los encargos políticos que no son barridos es muy variada, pero hablan sobre ella con toda la precaución que exige la confidencialidad de sus contratos. Algo revelan: en una ocasión, el equipo de Bellés documentó «con quién se reunía» un concejal cuyo alcalde sospechaba que podía estar haciendo negocios turbios con empresarios. En otro municipio de la provincia, aportó información sobre un «conseguidor» que buscaba contactos con regidores. Hace unos años, Miralles y Muñoz probaron para un cliente que un determinado partido político compraba votos a través de uno de los consulados de la provincia.
Son trabajos ingratos: «cuesta cobrarlos y a veces los dejan sin pagar. Y si los reclamas a los ayuntamientos estás revelando el encargo», sostiene Miralles.
Normalmente son asesores, personal afín o jefes de gabinete quienes inician el contacto con la agencia si no hay una relación previa, según Hernán López, quien aclara que «casi nunca viene el principal interesado». Los temas de seguimiento a la oposición, de desprestigio y otros espionajes de legitimidad dudosa, así como los supuestos que entran en sus competencias, «no tienen un color político típico ni tampoco distingue entre pueblos y ciudades, hay de todo», afirma.
Los seguimientos de esta categoría son difíciles. Muchas veces mueren durante algunas horas en un restaurante caro con reservado en el que hay que consumir para no perder la pista sin dar el cante. O implican trabajar uniendo dos turnos en uno-«una mujer en un polígono sentada en un coche llama la atención, por lo que a veces se viene también un compañero», cuenta Miralles-. Para todos los trabajos, suelen llevar alguna prenda o disfraz en el vehículo para hacerse menos repetitivas en el paisaje desde donde observan.
Los detectives tratan de ser vistos como profesionales serios y de utilidad pública. El tiempo y la investigación dirá si el aparato que se ha encontrado en Alicante es un buen trabajo, si es obra de los malos del oficio o si sólo es un montaje verdaderamente feo.
