Ya está entre nosotros la primera persona que va a vivir 150 años, aseguran los demógrafos y expertos en envejecimiento más optimistas. Una afirmación que no resulta exagerada si pensamos que los centenarios más viejos de hoy nacieron cuando la esperanza de vida en el país rondaba los 40 años. En un siglo, España ha pasado de ser uno de los estados occidentales más atrasados a liderar el ranking de longevidad del grupo de países en los que se mira. Es, tras Japón y seguido de Italia, donde más tiempo viven sus ciudadanos, con una media de 83 años.
Pero «vivir y durar son dos cosas diferentes», como apunta el profesor del departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante José Ramón Valero. El tardío desarrollo socioeconómico de nuestro país y los enormes baches que ha cruzado son en parte los responsables de que un septuagenario español salga a pasear con andador una tarde de febrero en Benidorm mientras se cruza con un escandinavo de su edad que lleva bastones de marcha. El reto que tiene por delante esta sociedad longeva es estirar la calidad de vida tanto como logra estirar los años.
Pasado mañana, el ADDA de Alicante reúne a investigadores y expertos de primer orden en el campo de la biología, la ciencia médica y computacional, el derecho o la economía en la jornada «Reto al futuro», organizada por Garrigues. Su objetivo es reflexionar en voz alta y desde la vanguardia de estas disciplinas sobre el desafío que va a suponer el envejecimiento y las oportunidades que también va a traer con él. El enfoque es optimista y confía en los grandes avances que está logrando la investigación para que la expresión «el peso de los años» sólo tenga sentido numérico. El exrector y catedrático de Economía Andrés Pedreño, ponente en el acto, invitaba esta semana desde una tribuna publicada en este diario a ver a la población mayor que vive y seguirá llegando a Alicante como un «activo».
Pero aunque se han limitado mucho las vejeces miserables que ha sufrido España durante su historia, los mayores de hoy siguen teniendo importantes problemas: pensiones bajas y en entredicho, dolencias y enfermedades crónicas, soledad cuando no directamente abandono y unas condiciones de habitabilidad poco adecuadas para personas que suelen necesitar ayuda para las actividades cotidianas.
En las últimas décadas, mientras todas las administraciones y el grueso de la población activa miraban la tasa de paro y la subida y posterior desplome del PIB , se tenían cada vez menos hijos y los ancianos crecían en número. Al despertar de la pesadilla de la crisis, la ayuda familiar, la economía informal y el sector privado de la geriatría se repartían como podían un volumen histórico de personas mayores que por primera vez eran pudientes gracias al sistema de pensiones pactado en la Transición. Han sido parte activa durante estos duros años: como apoyo económico de sus hijos o como nicho de mercado para el floreciente sector geriátrico.
Alicante, año 2028
La pregunta que hay que hacerse hoy, con la hucha de las pensiones liquidada, con familias que tienen más padres que hijos y una tremenda precariedad entre jóvenes y no tan jóvenes es si un futuro envejecido es realmente futuro.
«El envejecimiento es global; sólo el África subsahariana y algunas partes de la Asia islámica dan muestras de no sufrirlo», contextualiza Valero. Cada país analiza su realidad y elabora sus estrategias de adaptación. En España y en una zona que sube la media de edad como es la provincia de Alicante, nuestro destino es el de convertirnos en una «sociedad senior» en un horizonte tan próximo que casi se puede tocar.
En 2018, según la Proyección de Población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística hace dos años, el grupo más numeroso entre todos los residentes en la provincia son 563.378 personas que tienen entre 40 y 60 años, seguido de las 448.668 que están entre los 20 y los 40. Pero si sumamos a quienes rondan la edad de jubilación, los mayores de 60, el grupo de 80 y más años, los mayores y ancianos ganan el segundo lugar al ser 10.000 personas más que los veinteañeros y treintañeros.
En una década las cosas van a cambiar: en 2028 Alicante tendrá apenas 11.650 habitantes más que en la actualidad, pero los mayores de 60 pasarán de ser el 24% al 30% de la población y serán el único grupo que crezca mientras que el resto irá a menos. Habrá un 9% menos de niños y adolescentes; un 13,6% menos de jóvenes de hasta 40 y una caída mínima de adultos maduros del 0,9%.
En una región con casi tanta gente menor de 50 como por encima del medio siglo -habrá 991.692 por debajo de esta cifra y 866.852 por encima-, «ser joven» o «ser viejo» será algo más relativo que nunca. La cuarta edad, que hoy intuimos a partir de los 80 años, va a pasar de tener 88.000 miembros a ser una comunidad de 120.000 personas: los nonagenarios y centenarios se van a disparar un 117% en sólo diez años según datos elaborados por este diario con base en esta proyección del INE.
El trabajo de los estadísticos del INE no busca «adivinar» el futuro, sino proyectar el mañana según las tendencias que hay hoy. Para ello coge los indicadores demográficos actuales -tasas de natalidad, defunción, número de hijos por mujer, balance de migraciones y esperanza de vida- y los estira hacia adelante en la línea de tiempo.
El también profesor de Geografía Humana José Antonio Larrosa mira los datos. «Creo que en la franja de 20 o 30 años es dónde más pueden variar las proyecciones. Puede haber una nueva inmigración en estos años y suele ser gente joven que además tiene hijos. Pero en los mayores no creo que varíe demasiado: ese aumento es la retirada de todos los "baby boomers", una enorme cohorte demográfica», apunta el profesor en referencia a los nacidos entre 1946 y 1964.
Además, la primera mitad de la siguiente generación, la X, rondará entonces los 36 años de cotización necesarios para cobrar el 100% de la pensión. Se quedarán al mando los más jóvenes de esta cohorte y los «millenials» mayores, con el reto de gestionar la retirada del grupo de españoles más numeroso de la historia. Deben elegir entre cambios profundos o la debacle que causará dejarlo todo igual.
España, por sus mayores
Muchos expertos creen que si el sistema ya está fallando es porque se diseñó para una realidad distinta a la que hay hoy. En 1978, en aquella España que aprobaba su segunda constitución del siglo, la vejez era una fase corta y la infancia un país porque cada pareja tenía casi tres hijos de media. La idea de que los jóvenes sostuvieran a los mayores era perfectamente lógica. Con la pirámide de población convertida en un tornado, ya no.
Bernabé Aldeguer, politólogo e investigador del Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas de la UA, cree imprescindible elevar el nivel del debate público sobre las pensiones -marcado por «la frivolidad, el electoralismo y la mediocridad rampante del discurso político actual»- y trasladarlo especialmente a los jóvenes, «cuya precariedad laboral es un lastre para el futuro según el actual diseño del sistema».
Escarmentado, como muchos jóvenes que han descubierto estos años que el derecho a una vivienda o a un trabajo recogidos en la ley fundamental son en realidad un «principio rector» y, por tanto, una mera declaración de intenciones supeditada a la capacidad económica del Estado y a la voluntad política; el analista es tajante y pide reformar la Constitución y los estatutos de autonomía para que las «políticas e inversiones dirigidas a la población mayor» formen parte del núcleo sagrado de estos textos. A día de hoy, las pensiones y la Seguridad Social son competencia estatal y la promoción de la salud un asunto autonómico.
De esta manera «su viabilidad no podrá depender de la voluntad política, sino al revés: la voluntad política quedará vinculada por el catálogo legal de derechos, y, así, blindados los presupuestos que son precisos para su realización», razona por correo el politólogo alicantino. Los políticos «deberán», no «podrán», trabajar para el bienestar de los mayores. Propone en esencia que desatenderlos sea tan grave como derogar el derecho al voto o la libertad de expresión.
También cree Aldeguer que se confunde de manera interesada «mayores» con «pensiones» a fin de reducir el debate a una cuestión de números fácil de solucionar con una externalización. «Afloran propuestas ideológicas que esperaban su momento, entre las que despuntan el fomento de planes privados, de una parte, y la asignación de recursos a la Seguridad Social procedentes de los impuestos», escribe. Ve una mano privatizadora detrás de la primera opción y el marchamo de un bloque progresista en la segunda que «desea fortalecer un sector público cada vez más erosionado por la presión de los lobbies financieros, las aseguradoras privadas y las políticas de inspiración neoliberal».
El politólogo es partidario de encargar al Estado las pagas y los servicios a los mayores, así que para protegerlo de las ofertas y tentaciones de las corporaciones cree imprescindible fortalecerlo con una reforma fiscal progresiva que de verdad recaude de cada contribuyente en función de sus ingresos. La solidaridad intergeneracional en una población envejecida es difícil, por lo que necesita del apoyo de la solidaridad social.
Cuando se sacraliza un mandato, como la obligación de cuidar de los mayores, surgen las políticas ministeriales de fomento económico, las inversiones y los convenios. «La atención especializada a la tercera edad implica la generación y el fortalecimiento de un sector profesional que podrá contribuir a la reconversión de nuestro modelo productivo», apunta Aldeguer. Piensa en «instalaciones de calidad», en «personal altamente cualificado» y, en suma, en un circuito capaz de representar «una alternativa económica». Cree que es la manera ideal de articular la protección de los ancianos y hacerla sostenible.
Cambiar la mentalidad
Se nos olvida que aún no hay repuesto al galán oficial de Hollywood, un señor de 56 años, y que la saga Bond cuenta con una mujer de 53 años entre sus filas. George Clooney y Monica Bellucci son millonarios y extranjeros, pero también son iconos de un enorme grupo de edad que también en España, como señalan los demógrafos de la UA, «tienen un nivel sociocultural más elevado» que el jubilado medio de la actualidad.
«Sus expectativas y sus posibilidades son más amplias y no se van a conformar con pensión completa y habitación en Benidorm», señala Larrosa. Hay muchas oportunidades para atraer hacia Alicante a «vejescentes» sexagenarios que, en principio, tienen por delante más de veinte años de salud aceptable y pensiones altas y vitalicias. «Incluso las personas de 80 o 90 años ya no tienen el mismo perfil que antes. Los mayores de hoy te piden un itinerario acorde a su nivel y capacidades; no les metas en un hotel ni les ofrezcas fórmulas de ocio infantilizadas porque no las quieren», sostiene Mercé Martínez, directora general de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana. «Mayor no es igual a incapaz», zanja. Poner los «Pajaritos» y esperar que se regocijen empieza a ser arriesgado.
En las próximas semanas, el departamento que dirige Martínez recibirá el informe encargado a la Universidad Jaume I de Castellón que cimentará el plan estratégico para personas mayores del Consell. Pero la directora asegura que ya son visibles los primeros cambios desde que el bipartito PSPV-Compromís tomó posesión.
Residencias
«La última línea estratégica que tenía la Generalitat era del año 2003. Está hecha con la mirada paliativa de la vejez que había antes y no con la visión preventiva que queremos impulsar ahora. Por ejemplo en Dependencia había muchas carencias», explica Martínez.
La Conselleria está actuando en dos ámbitos con el nuevo perfil de mayores en la cabeza. La apuesta principal colabora con la mentalidad «mediterránea» que hace que los mayores aguanten en casa mucho tiempo antes de ir a pasar sus últimos años en geriátricos, por lo que busca «desarrollar más servicios y atención a domicilio que residencias» aprovechando el paraguas de la Ley de Dependencia o de fórmulas similares para mayores que pueden valerse por sí mismos. La medida se articula pagando a los beneficiarios un número de horas semanales de servicios -desde limpieza y ayuda en la compra a fisioterapia y otras especialidades- a través de los ayuntamientos, que contratan con empresas o autónomos y regulan el trabajo. Aspe y Petrer han sido los primeros municipios en implementar este programa piloto.
«Se entendió mal. Era una ley social, pero también económica. La Ley de Dependencia creaba puestos de trabajo y reducía el impacto del paro en personas que están fuera del mercado laboral», recuerda Valero sobre el proyecto de Zapatero aprobado en 2006.
La segunda línea que persigue la Conselleria pasa por «humanizar» las residencias públicas. Para Martínez, el modelo de edificios con 100 plazas y salas de televisión y enfoque clínico está obsoleto. «Debemos ir hacia bloques de convivencia de ocho o diez personas, a viviendas tuteladas para personas que no quieran vivir solas o hacia experiencias como el "cohousing" o comunidades de amigos como las que hay en el extranjero», apunta la directiva de Políticas Sociales. Pone la puesta en marcha de un programa piloto en la residencia de Carlet, en València, rediseñada y renovada con un sistema de profesionales «orientado no sólo a curar la enfermedad física sino también la enfermedad social», como un fruto concreto de este enfoque.
Sin embargo, el sector privado intuye que va a tener mucho que decir -y facturar- en estos próximos años de envejecimiento progresivo de la población. «Al sector público le viene una encima que no va a poder soportar. Tienen ya un gran problema con los ancianos: cuando enferman, la enfermedad se cronifica y en muchos casos no tienen ni familia ni recursos, por lo que el médico le deja ingresado hasta que mejore. Pero una cama de hospital cuesta 1.000 euros al día y la está ocupando una persona que estaría igual de bien atendida en un centro residencia», explica una fuente del sector de los centros geriátricos que prefiere no revelar su identidad. Se pregunta si el erario público soportará todo el gasto que generará una población inactiva de estas dimensiones.
Con una pensión media que ronda los 700 euros en la provincia, el ingreso en una residencia privada, que no baja en ningún caso de 1.300 euros mensuales, no depende en siempre únicamente del beneficiario. Hay lista de espera en las residencias públicas y también para recibir una plaza subvencionada por Conselleria en centros privados. «Hablo con Servicios Sociales y es muy duro. Hay ancianos que fallecen esperando su plaza y personas desatendidas en su domicilio, sobre todo en los pueblos más aislados», cuenta la citada fuente.
La demanda de espacios y servicios a la tercera edad crece por encima de lo que la asistencia sociosanitaria pública y las residencias geriátricas acreditadas pueden absorber. «Hay mucha más demanda que oferta. En nuestro sector hay competencia de precios y los requisitos para abrir centros de la tercera edad son muy exigentes, así que el intrusismo no profesional se queda con muchos clientes», admite un directivo de un importante grupo residencial. Asegura que Alicante está llena de «hoteles que ofrecen larga estancia con médicos y enfermeros fraudulentos» y de cuidadores informales sin preparación que captan mucho cliente mayor.
Oportunidad mayor
«Instalaciones de calidad» y «personal altamente cualificado» vaticinaba el politólogo de la UA. Ya hay gigantes en el sector de la geriatría que se despliegan para aprovechar la gran oportunidad que, con reformas legales de calado o sin ellas, va a suponer el envejecimiento. DomusVi es, tras adquirir la red de Novaire, la mayor empresa del sector con 20.000 trabajadores y 24.593 plazas en sus centros de toda España. «Las empresas se están preparando, claro», sostiene la primera de las fuentes citadas.
No sólo Aldeguer o Pedreño entienden que el aumento de población mayor tanto nacional como extranjera es un activo que si se gestiona bien puede traer grandes beneficios a la provincia. Valero, desde la UA, también cree que si se entiende el valor del sector «es una gran oportunidad», mientras que Jesualdo Ros, presidente de la patronal de promotores inmobiliarios Provia, asegura que es una ocasión para atraer «talento y poder adquisitivo». «Hemos detectado que las compras de vivienda residencial tienen cada vez un perfil más definido: gente de entre 45 y 50 años que piensa trasladarse a Alicante en un futuro», señala Ros.
Una gran clientela mucho más diversa que la tercera edad actual. Es tan larga la etapa que se abre tras la jubilación que cambiar de estilo de vida se vuelve una opción muy razonable. «Muchas personas mayores descubren que no quieren vivir en la casa grande en la que han criado a sus hijos y que les gustaría vivir con sus amigos», apunta Prudencio López, experto inmobiliario y coordinador de Seniors Vida Sostenible.
Desde esta red ayuda a desarrollar proyectos de «cohousing», comunidades de personas, normalmente pero no siempre mayores, afines en valores y estilo de vida que financian, diseñan y habitan un espacio comunitario con servicios a su medida. La primera experiencia local -hay proyectos similares pero propiedad de empresas privadas, como Ciudad Patricia en Benidorm- la impulsa un grupo de 10 personas en Elche y ya tiene plano. «Es una solución perfecta para zonas periféricas sin desarrollar», añade.
Turismo más diversificado, asistencia médica especializada, construcción y mediación inmobiliaria... Pese a los enormes desafíos que va a implicar, Alicante tiene en el inevitable envejecimiento de su población una oportunidad de oro.
