La detención el 10 de febrero de Miguel López por el crimen de su suegra, la viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, vino seguida por 39 días en la prisión de Fontcalent de la que salió tras pagar 150.000 euros de fianza, sin pasaporte, con la prohibición de abandonar el país y la obligación de personarse semanalmente en el juzgado, lo que ha venido haciendo desde entonces. Sin aparecer el arma con la que se efectuaron los dos disparos que acabaron con la vida de María del Carmen Martínez y sin que nadie de los presentes viera nada que permita esclarecer qué ocurrió aquella tarde del 9 de diciembre de 2016, la defensa del sospechoso ha planteado una batería de diligencias con la pretensión de probar que cuando la víctima fue tiroteada su cliente se encontraba ya lejos de las instalaciones de Novocar, el negocio de automoción propiedad de la familia que regentaba (y que hoy ya no existe) en cuyo lavadero se produjo el crimen. Entre ellas se encuentra la práctica de una segunda autopsia con las imágenes que se tomaron durante la realización de la primera en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. El instructor acaba de ordenar también que se tomen muestras de ADN a todos los presentes en la escena del crimen para cotejarlos con los restos hallados en las vainas de los proyectiles. Mientras, los hermanos Sala han alcanzado un principio de acuerdo para separar sus intereses empresariales.
