Ningún espacio político soporta tensión ilimitada, y cuando no hay cesiones ni diálogo que recuerden a cada parte que antes de enemigos sus rivales fueron socios, en las salas de reunión las sillas se convierten en trincheras y la mesa en campo de batalla. La misma coherencia con la ideología propia que justificó la unión explicará después la ruptura, y aunque nadie olvida sus intereses mientras se explotan las zonas comunes, todos alegarán que el vínculo se ha roto porque el otro se ha movido del lugar pactado. La desconfianza lleva al reproche, el reproche al insulto y el insulto a las armas. Como en un duelo, los dos contendientes comienzan dándose la mano, luego la espalda, después caminan en dirección opuesta y terminan dedicando lo poco que les queda de vida a aniquilarse mutuamente.
En la ciudad de Alicante se han vivido, a escala, mecánicas similares a las que han definido el año en el resto del país, inmerso en la crisis secesionista de Cataluña en un contexto global de repudio, división y clausura.
La falta de armonía entre los tres líderes del tripartito, el alcalde Gabriel Echávarri por el PSOE; el vicealcalde y edil de Urbanismo, procedente de la plataforma Guanyar, Miguel Ángel Pavón y el portavoz del equipo de gobierno Natxo Bellido, de Compromís, empezó a definirse poco después de las municipales de 2015 que propiciaron la alianza, se confirmó durante 2016 y llegó a 2017 sin fuerzas ya para disimular. Una línea de discurso ha apuntalado el pacto: el miedo al retorno del enemigo común, la derecha encarnada por el PP. Pronto se desmoronaría definitivamente.
En enero, Pavón y el edil de Medio Ambiente, Víctor Domínguez, se ponían del lado de los vecinos de Gran Vía Sur-Puerto en una manifestación en protesta por la descarga de graneles en el Puerto de la ciudad, actividad que el alcalde había defendido.
A finales de febrero, el primer edil presentó un megaproyecto llamado ConectAlicante con el que se pretendía ampliar la Explanada derivando el tráfico por un túnel subacuático que cruzaba el recinto portuario, infraestructura que se sustituyó después por un puente entre los muelles de Poniente y Levante. Sólo el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, apoyó inicialmente a su compañero de partido; sus socios de gobierno calificaron el plan de «ideas y dibujos» y «ocurrencias». Tuvo que renunciar a las megaconstrucciones para conservar el plan peatonalización, que sigue gestándose al cierre del ejercicio.
En abril se abrirá la espita: El PP presentó una denuncia en Fiscalía contra el primer edil, también responsable del área de Comercio, por un supuesto fraccionamiento de 25 contratos menores. En lo que se ha considerado una venganza contra el portavoz del grupo popular, Alcaldía despediría de forma fulminante a una trabajadora interina adscrita al área de Cultura. Era la cuñada de Luis Barcala. La oposición reclamó en el pleno su readmisión y el PSOE se quedó solo. Meses más tarde, la Fiscalía denunciaría al alcalde y al concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez, por prevaricación. Un problema se transformó en dos.
Miguel Ángel Pavón tampoco sumaba simpatías. La sobreexplotación del ocio en el centro de la ciudad encontró en Urbanismo a un concejal que se había propuesto cortar los abusos de raíz y sin flexibilidad. En agosto congeló las licencias para pubs y discotecas hasta 2018, persiguió terrazas y veladores a discreción y aplicó una lectura de la normativa urbanística que ha sido interpretada por hosteleros y constructores como autoritarismo y desconfianza hacia la iniciativa privada. Un mes más tarde, la Asociación Provincial de Promotores (Provia) cifraba en 2.400 empleos y 315 millones de euros las pérdidas que había sufrido la ciudad por la congelación de las licencias de construcción practicada por la concejalía de Pavón.
Poco después, Echávarri fue investigado -imputado- por prevaricación en el caso Comercio y automáticamente invitado a dimitir por Guanyar y Compromís. Ante su negativa, este diario tituló «El tripartito estalla» en su portada del 30 de septiembre. El 7 de noviembre, Bellido, quien había urdido un plan con el alcalde en septiembre para deshacerse del polémico Pavón y continuar como un bipartito de izquierdas moderado, anunció la salida de su grupo del gobierno y su regreso a la oposición.
Guanyar aguantó una semana más hasta dejar al primer edil definitivamente solo, doblemente investigado y envuelto en el halo de la sospecha que parece acompañar a quien se sienta en el sillón de alcalde en la ciudad. El socialista es el tercer alcalde de Alicante reciente que tiene foto yendo a declarar ante el juez.
Rodeado de enemigos y con los únicos seis concejales que las urnas concedieron al PSOE, Echávarri se ha propuesto acabar el mandato encastillado para demostrar que sólo hubo buena intención salpicada de errores donde los demás señalan «corrupción». Síndrome del alcalde de Alicante.
El Botànic resiste
Los gritos siempre atraen más atención que las conversaciones. Mientras los socialistas, nacionalistas valencianos y la alianza entre EU y Podemos rompían sus acuerdos en Alicante, el Govern de la Generalitat, sujeto por las mismas fuerzas políticas menos EU, celebró en 2017 la reedición del pacto que condujo a PSPV y Compromís a compartir el Consell con el visto bueno de Podemos en 2015. Si la argamasa que los une es la afinidad o la responsabilidad es algo que determinará el tiempo.
La legislatura en La Cortes cruza así su ecuador con una nueva fotografía de Puig, la vicepresidenta y consellera de Asuntos Sociales y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, y el nuevo líder de Podemos, el sustituto de Antonio Montiel, Antonio Estañ, tras haber logrado aprobar el presupuesto autonómico para 2018. En noviembre, la formación morada dio muestras de querer testar su influencia en Las Cortes al solicitar la aprobación de un impuesto a los turistas que reportaría entre 30 y 40 millones cada año, pero finalmente no lo condicionó a su apoyo a las cuentas de la Generalitat.
Con el antiguamente todopoderoso PPCV más libre del lastre de la corrupción, bajo un liderazgo beligerante en la figura de Isabel Bonig, los conservadores valencianos han dedicado el año a pintar al bloque de izquierdas como una casta apoltronada en instituciones y sindicatos que usa su mayoría como un rodillo para imponer una agenda nacionalista a la catalana mediante el polémico decreto de plurilingüismo del conseller Marzà y la reapertura del ente radiotelevisivo autonómico. Sus antagonistas del PSPV han calificado al redefinido PPCV, centrado ahora en buscar votos en las clases medias de pequeña empresa y sindicato independiente, como «un partido antisistema».
Fuertes en su alianza, con las esencias del Jardín Botánico sin alterar, Puig y Oltra han podido contener a la oposición y dedicar tiempo a expandir una reclamación que por lealtad al Gobierno de Mariano Rajoy el PP enarboló a medias desde el Palau de la Generalitat: una financiación justa para la Comunidad Valenciana.
Tras las primeras intenciones desplegadas por el presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero, en la que el Ejecutivo se comprometió a tener un sistema de financiación autonómica renovado a finales de año, caía más tarde un jarro de agua fría al anunciar Rajoy que el nuevo sistema de financiación se retrasaba, incumpliendo así su compromiso. Por otro lado, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, concluyó tras conocer el reparto de los Presupuestos Generales del Estado presentados en abril, que la Comunidad Valenciana era «la peor financiada de todas las autonomías», situada a 265 euros del gasto medio por habitante del país y a 932 euros de la mejor financiada. La convicción de que faltan como mínimo 1.600 millones más para equiparar la inversión por habitante con la del resto de comunidades, condujo a Soler a hacer un llamamiento general a la sociedad de la única región contribuyente neta con una renta per cápita inferior a la media: «Urge unir fuerzas de todos los partidos y de la sociedad civil para que las necesidades justas de los valencianos tengan reflejo en los Presupuestos del Estado».
El 18 de noviembre se logró una imagen histórica: políticos -menos los del PP-, empresarios y sindicatos compartiendo un mismo lema: «El pueblo valenciano exige una financiación justa». Sin embargo, la pancarta no logró el apoyo social masivo que pretendían sus impulsores. Fueron 60.000 personas las que marcharon por las calles de València para pedir más fondos al Estado.
En Alicante, el PP mantuvo desde su principal bastión en la provincia, la Diputación, una actitud muy crítica contra el bloque de izquierdas de la Generalitat. La imagen del palacio de la Avenida de la Estación alicantina haciendo de contrapeso a la «deriva separatista» oculta tras la sonrisa de Mónica Oltra y Ximo Puig ha inspirado gran parte la acción política de su presidente, César Sánchez. Reforzado por la nulidad de los decretos autonómicos que pretendían restar competencias a los organismos provinciales en materia de deporte y turismo declarada por el TSJ, Sánchez se ha presentado como defensor de los intereses alicantinos frente a las injerencias de un Consell que siempre ha situado más pendiente de la frontera norte que de los pueblos del sur de la región. «La relación ha sido muy tensa», declararía en su última entrevista con este diario a finales de este mes de diciembre.
Si los seis primeros meses de 2017 de la Diputación han estado marcados por el intento de crear en el Puerto de Alicante una zona franca de fiscalidad especial -a la que Sánchez no ha renunciado pese a haberse topado con numerosos rechazos -, durante el último trimestre ha cosechado éxito como promotor de un Pacto Provincial del Agua al que se han sumado los regantes de toda la Comunidad.
Una provincia que se seca
La industria agroalimentaria alicantina, que ocupa 150.000 hectáreas y mantiene 100.000 empleos en las comarcas del centro y del sur de la provincia, ha confirmado durante todo 2017 los miedos gestados el año anterior. Con el cierre en el mes de mayo del Trasvase Tajo-Segura, los regantes han pasado desde entonces con reservas propias, compras esporádicas de pequeños volúmenes en otras comunidades y sacrificando calidad y tamaño de la producción por racionar el riego. Sin recibir apenas precipitaciones y con los embalses de la cuenca del Segura en mínimos, miran de reojo el agua desalinizada de la planta de Torrevieja que les ofrece el Ministerio de Medio Ambiente mientras reclaman una solución política basada en la solidaridad regional.
Con el abastecimiento garantizado de momento, el turismo celebra un año de récord en el que 13,6 millones de personas han utilizado el aeropuerto de Alicante-Elche y 10 millones de turistas han elegido la Costa Blanca para descansar. Es un visitante low cost que gasta 96 euros por persona y día que, de momento, no cambia Alicante por destinos como Túnez y Turquía. Vuelven a ser una amenaza para el sector al iniciar la recuperación de sus turbulencias políticas.
Así, la Marina Baixa recordará 2017 como el año en el que la playa reía mientras el monte lloraba: la comarca se convirtió en septiembre en la zona cero de la plaga de «xylella fastidiosa», una bacteria que ha amenazado radicalmente los almendros, olivos y nísperos de hasta 60 municipios del norte provincial.
En las comarcas de montaña, l'Alcoià y el Comtat, se ha estado muy pendiente de los destrozos causados por el temporal de enero y por las numerosas intervenciones en infraestructuras que se han llevado a cabo en Alcoy. Las medidas de mantenimiento de los grandes puentes de la ciudad, así como las obras de mejora de las zonas industriales han copado la actualidad alcoyana. Una año más, sus Fiestas de Moros y Cristianos han vuelto a ser noticia por la participación de mujeres en cada vez más actos festeros.
Este año se recordará en Elche por la culminación del desalojo del Mercado Central de Elche para su reconversión en un nuevo mercado, previa comprobación de la inexistencia en su subsuelo de restos de valor arqueológico. Es la despedida de una actividad tradicional de una ciudad que trabaja para el futuro: la UMH, una de las primeras universidades del país en producción investigadora, cumplió 20 años con el proyecto de crear junto al Ayuntamiento un Campus Tecnológico en el poderoso Parque Empresarial de la ciudad.
La inestabilidad política que ha sacudido la capital se ha replicado también en algunos ayuntamientos de la Vega Baja: Albatera vivió en diciembre la dimisión de su alcaldesa tras romper con sus socios de gobierno, mientras que Almoradí cambió de color político al retirar Ciudadanos su apoyo al edil socialista y entregársleo a la líder del PP.
En Torrevieja relacionarán 2017 con el decreto de Marzà, pero también con las corruptelas de diez Guardias Civiles detenidos en noviembre por una trama de drogas. En la comarca del sur no dejarán que pase un año más siendo los ciudadanos que más pagan por el servicio de recogida basura porque ninguna administración soluciona el grave problema de falta de vertederos.
Estos son los hechos más destacados del año en una provincia donde, aunque nunca sea noticia, sigue saliendo cada mañana un espléndido sol.
