El clima bronco que hay en internet ha logrado traspasar hasta la vida real. El odio en su manifestación más evidente, como los insultos, las amenazas o las agresiones, está aumentando de manera verificable en España y en la provincia desde 2013.
La contracción del progreso que se produjo hace casi una década rompió gran parte de la concordia de una sociedad como la española, naturalmente dada a la convivencia y la mezcla. Menos recursos para el mismo número de bocas parecen haber llevado a la lógica de que hay que discriminar para establecer prioridades: los estereotipos que la bonanza había convertido en un mal del pasado reaparecían entonces como verdades fáciles y satisfactorias para explicar la complejidad de los problemas y solucionar los retos de la convivencia: el otro tiene la culpa.
A la vez, la llamada entonces «web 2.0», que abría la participación masiva, global e inmediata en foros y redes sociales, había cedido a la invasión de los trolls: usuarios que se escudan en el anonimato para desatar ataques al enemigo. El resultado es una sociedad atomizada, empobrecida y ensimismada en la calle que participa, también callando, de un linchamiento global contra el diferente en la red. El odio sembrado empezó a brotar hace algunos años.
El año 2013 fue el primero en que se articuló en nuestro país un sistema específico de recogida y tratamiento de datos sobre los delitos de odio que se producen en España. Son, según la definición que da el Ministerio del Interior, todas aquellas «infracciones penales y administrativas cometidas contra las personas o la propiedad por cuestiones de "raza", etnia, religión o práctica religiosa, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, por razones de género, situación de pobreza y exclusión social o cualquier otro factor similar, como las diferencias ideológicas». Hechos como las recientes burlas de hinchas del Leicester a mendigos en Madrid, los tuits de Cassandra Vera contra Carrero Blanco, el autobús de Hazte Oír que niega la existencia de la transexualidad o las pintadas islamófobas o racistas con las que amanecen ciudades de la provincia encarnan el odio en que vive sumida la sociedad.
Sucesos que, cuando se denuncian y se prueban, generan cifras como las que recoge el registro del Ministerio. En 2013 se produjeron 1.172 delitos de este tipo que van en aumento: un 9,6% más en 2014 y un 3,3% más en 2015. Otros informes, como el publicado por la investigadora de la Universidad de València Anna I. López en la revista de Sociología Intersticios, indican que entre 2011 y 2015 el aumento de estas agresiones fue del 92,84%.
El citado registro oficial tiene datos provinciales a partir de 2014. Y Alicante, siempre puesta como ejemplo de convivencia e integración, da las mismas muestras de cansancio y tensión social que el resto del país. En 2014 se denunció un total de 26 casos que ascendieron a 39 un año más tarde. Se coloca así como la octava entre las diez provincias españolas con más violencia y vejaciones por intolerancia.
Los discapacitados son el objeto de los ataques más frecuentes. La llamada disfobia fue la causa de 19 sucesos en 2015 que los cuerpos de seguridad encargados de tramitar estos casos, Policía Nacional y Guardia Civil, dieron por ocurridos en la provincia. Pese a ser tan numerosos, se producen como «hechos aislados» entre particulares según Antonio Ruescas, presidente de Cocemfe Alicante. El representante del colectivo no cree que tras este repunte se encuentre un aumento del rechazo al discapacitado, sino que es más bien «un reflejo de la tensión social reciente».
Precisamente fueron los motivos ideológicos los que hicieron de 2015 un año más violento en la provincia. Desaparecen los delitos contra indigentes y marginados sociales -la llamada aporofobia-, pero irrumpen diez casos de ataques contra la libertad de pensamiento. Es el mismo año en que Podemos y en menor medida Ciudadanos entran el mapa político español y regional.
La hostilidad hacia lo diferente se reflejó también en una denuncia por cuestión de género y otra por motivos religiosos, según el informe.
La gran mayoría de estas agresiones u otros daños fueron esclarecidos por las autoridades, a excepción de ocho casos. En los asuntos aclarados, se probó que los 23 detenidos habían provocado 43 victimizaciones, es decir, personas afectadas por su hostilidad. El perfil de quien sufre este acoso es, en un retrato conformado por los rasgos más frecuentes, un hombre de entre 26 y 40 años, de nacionalidad española y que recibe golpes -lesiones- o amenazas por su etnia, religión u orientación sexual.
Para más inri, Alicante forma parte de un «triángulo negro»: València, con 65 casos esclarecidos por los cuerpos de seguridad, y Murcia, con 31, ocupan la posición central y la de cierre en esta lista.
La punta del iceberg
«Un delito implica verificación de los hechos, pero hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos ni siquiera se denuncia, ya sea por la víctima o por testigos presenciales. La cifra de incidentes es mucho mayor», explica Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Ibarra se basa en la estimación de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, organismo que calcula que alrededor del 80% de los delitos de odio quedan sin denunciar. «Hay que multiplicar los casos por 5 para aproximarse al volumen real de incidentes que se produce cada año», asegura. Así, Alicante, en una representación realista, habría albergado en 2015 un total de 195 casos de los 6.640 delitos que se habrían producido en todo el país.
Movimiento contra la Intolerancia cree que ni siquiera así estaríamos recogiendo con rigor la extensión que tiene el odio en España. «En Reino Unido reconocen 60.000 casos al año, en Alemania 24.000, en Suecia, con sólo 8 millones de habitantes, hasta 4.000... El problema es que en España nadie actúa de oficio contra el odio», afirma Ibarra. Por esa razón, actos racistas como simples páginas de Facebook -«Mata a los negros», «Odio a las gitanos», «Contra la invasión inmigrante» y «Hay que legalizar la violación» son algunas registradas por el Informe Raxen de 2014 editado por esta organización- hayan funcionado durante años antes de ser clausuradas por la plataforma sin consecuencias legales para sus autores.
El portavoz de la organización humanista sostiene que en los citados países este tipo de delitos sin una víctima clara se registra como «incidente de odio», de manera que las cifras se corresponden mejor con la realidad. «En Reino Unido se registra todo, mientras que aquí puede haber una manifestación donde se griten proclamas racistas sin que haya ni registro ni castigo», apunta Ibarra.
Por esta razón, pide la redacción de una ley administrativa que permita sancionar, sin necesidad de aplicar la severidad del Código Penal, las expresiones de odio o de discriminación. «Así sabríamos cómo sancionar casos de odio que no son claros, casos grises como el de Cassandra Vera o el autobús de Hazte Oír, que acaban quedando impunes o recibiendo castigos desproporcionados. Una multa de 3.000 euros sería mucho más eficaz», concluye Ibarra.
