La Guardia Civil detiene en Bigastro a un hombre de 40 años que compraba pistolas detonadoras para modificarlas posteriormente en armas de fuego real, en el taller clandestino que había habilitado en su domicilio. En el marco de la denominada operación "Botxo", la Guardia Civil ha detenido a seis personas en las provincias de Alicante, Bizkaia, Madrid, Toledo, Navarra, Barcelona, Girona y Segovia a las que se les imputan delitos de tráfico de armas, depósito de armas, depósito de municiones y explosivos, tenencia ilícita de armas, falsificación de moneda, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico, usurpación de estado civil y falsedad documental. Entre los efectos incautados en Bigastro se encuentran armas cortas detonadoras, cañones y correderas, escopetas de balines y unos 600 cartuchos de munición real de distintos calibres.

La operación se inició el pasado año, cuando se detectó que una persona, residente en la provincia de Bizkaia, se estaría dedicando a traficar con armas, que vendía a través de internet y enviaba a sus compradores, por medio de paquetes postales. La investigación reveló que este individuo venía dedicándose a esta actividad ilegal desde hacía varios años, a través de diferentes portales y foros en la red, donde cambiaba frecuentemente de identidad virtual para evitar ser identificado. El suministrador de las armas resultó ser un individuo de Madrid que, bajo la tapadera de ser un intermediario de armas autorizado, desviaba al mercado ilegal armas y municiones, que a su vez eran revendidas por terceros a círculos de delincuencia del país.

En el domicilio de este individuo y de otro de Alicante se hallaron, minuciosamente ocultas, la mayoría de las armas y municiones incautadas, e incluso tenían instalados talleres clandestinos en los que manipulaban las armas de fuego y fabricaban munición para las mismas. El individuo con domicilio en Bigastro fue detenido por un delito de tenencia ilícita de armas y depósito de municiones. Después fue puesto a disposición de la autoridad judicial de Orihuela, quien decretó su libertad provisional, a la espera de juicio.

La mayoría de los compradores ilegales de las armas, también detenidos, eran personas relacionadas con el crimen organizado y la delincuencia como tráfico de drogas y falsificación de moneda. Uno de los detenidos llevaba varios años huido de la justicia, pesando sobre él varias órdenes de búsqueda y detención, motivo por el cual hacía uso de una identidad falsa. Dos de los seis detenidos ingresaron en prisión incondicional, por orden de la Autoridad Judicial.