La Audiencia ha dado por buena la retractación de Enrique Ortiz y no ha ratificado la conformidad que se alcanzó con la Fiscalía hace dos meses.
El juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante, que sienta entre otros en el banquillo a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ha arrancado esta mañana con la petición de la Fiscalía para que se dieran por buenos los pactos alcanzados con el Mnisterio Público.
Tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares que ejercen el Ayuntamiento de Alicante y Esquerra Unida han planteado al inicio de la vista que se mantuvieran los acuerdos cerrados y en los que el empresario Enrique Ortiz admitía los hechos que se le imputaban a cambio de una condena de dos años de cárcel. Las acusaciones han argumentado que se trataba de un acuerdo "irrevocable" y firme.
Por el contario, las defensas han pedido que se invalide el acuerdo y que continúe el juicio insistiendo en que no suponía una merma alguna en el derecho de defensa de los acusados que ahora quieran dar marcha atrás en esos acuerdos e ir a juicio. El abogado de Enrique Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha asegurado que el promotor recibió mensajes y fotografías intimidatorias para tratar de forzarle a llegar a un acuerdo.
Uno por uno, la magistrada ponente del fallo, Montserrat Navarro, ha preguntado a los acusados si estaban o no conformes con el acuerdo.
Vídeo: La llegada de Alperi y Castedo al juicio por el caso PGOU
Tanto Ortiz, como su hermano Virgilio y Santiago Bernaldez, empleado de confianza del promotor han asegurado que el escrito válido es en el que se declaran inocentes. Sólo el promotor Ramón Salvador se ha mantenido en el acuerdo y ha aceptado la pena de tres meses de cárcel que alcanzó con la Fiscalía.
La magistrada Montserrat Navarro ha asegurado que no existen motivos para no dar por buena la retractación y ha considerado válidas las renuncias de los acusados a los pactos.
La vista prosigue con los alegatos de las defensas para pedir la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se ha basado el caso.
