Que se valide la conformidad por la que Enrique Ortiz admitió hace apenas dos meses haber entregado regalos a los exalcaldes populares de haber entregado regalos a los exalcaldes populares Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo a cambio de amaños en el PGOU y que, por tanto, se revoque la ruptura del acuerdo que el empresario firmó con las tres acusaciones de este proceso: la pública, la particular que se ejerce en nombre del Ayuntamiento y la popular, en representación de EU.
La petición la planteó ayer la Fiscalía Anticorrupción a escasas horas de que comience el juicio por supuestas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbano de Alicante. Un proceso con una década de instrucción a sus espaldas y cuya vista oral está previsto que arranque esta mañana en la Audiencia Provincial sin presencia de público por razones sanitarias impuestas por la pandemia del Covid 19.
Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero sostienen en un escrito remitido al tribunal presidido por Montserrat Navarro, del que forman parte las magistradas Cristina Costa y Margarita Esquiva, que la asunción de los delitos de corrupción tanto por parte de Ortiz como de su hermano Virgilio y de uno de sus empleados, Santiago Bernáldez, son de «una corrección impecable» . Y agregan que las conformidades son «irrevocables» y que la marcha atrás en los pactos que los tres encausados firmaron con las acusaciones, comunicada la semana pasada, «no es acorde a derecho».
Sin explicar los motivos
Argumentan los fiscales que en ningún momento se explican los motivos por los que de asumir los delitos de corrupción de los que están acusados pasan a negar su participación en los hechos. Y precisan que los acuerdos por los que declaraban culpables a cambio de rebajar la solicitud de penas se rubricaron con todas las garantías en presencia del letrado de la administración de Justicia.
Los acusadores públicos piden al tribunal que se suspenda el inicio del juicio hasta que se resuelva esta cuestión, que afecta especialmente a los abogados de estos tres encausados en su turno de cuestiones previas, señalado para hoy.
Junto a los exconfesos y a los dos expolíticos se sientan en el banquillo otras cuatro personas más, una de ellas el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, quien ha admitido haber pagado 116.000 para que le recalificaran unos terrenos situados en el término urbano de Alicante, lo que sigue sosteniendo.
En el escrito firmado por los fiscales Briones y Romero se incide en que las conformidades de las que después se retractaron sus firmantes «no están condicionadas a ningún otro trámite (...) quedando pendiente tan solo de ser dictada sentencia» respecto a ellos. Cuestión aparte es que la autoinculpaciones no se hubieran producido hasta la vista oral y no como ha ocurrido en ese caso, que se presentaron antes, sostienen. Y precisan que «si los conformados fuesen los únicos acusados no serían precisos más trámites, desde luego tampoco dar comienzo al juicio oral, y sería dictada sentencia de conformidad». Es decir, que no sería necesaria la ratificación de la autoinculpación, que las defensas de Ortiz, su hermano y Bernáldez han anunciado que no se producirá, al considerarla un acto irrevocable además de «autónomo e independiente del sentido y la fundamentación del fallo en relación a los encausados que no han prestado conformidad».
Recordar, no ratificar
Entiende Anticorrupción que solo a aquellos acusados que no se han conformado puede la presidenta del tribunal preguntarle sobre la conformidad, no a quienes ya la han ratificado con todas las garantías legales, como el 22 de abril hicieron Ortiz, su hermano y su empleado. Situación en la que también está Salvador Águeda. En estos casos, concretan, se hará como «mero recordatorio de la conformidad prestada (...) sin que exista posibilidad alguna para acusados y letrados de ser rebatida, salvo que ocurriera algún vicio de consentimiento, que en los escritos presentados no se alega». Y apostilla que de ser aceptadas las retractaciones «ello afectaría negativamente, además de a la práctica de las conformidades previas con la Fiscalía y ante los tribunales, convirtiéndolas en carentes de valor alguno».
El tribunal tiene previsto resolver las peticiones planteadas por los fiscales esta misma mañana, antes de dar inicio al turno de las defensas en la fase de cuestiones previas.
Más informes para cuestionar las escuchas
Las defensa de Enrique Ortiz y de DÍaz Alperi presentan sendas periciales con los «defectos» de los pinchazos
Dos informes han venido a sumarse al que ya está incorporado en la causa del PGOU para invalidar las intervenciones de los teléfonos de Enrique Ortiz y de su mujer.
En línea con la pericial presentada por la defensa de José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa Sonia Castedo, y de su socio en el bufete Salvetti, el también abogado urbanista Javier Gutiérrez, los letrados del empresario Enrique Ortiz y del exregidor Luis Díaz Alperi, Francisco Ruiz Marco y Vicente Grima respectivamente, aportaron ayer sendas periciales. En ellas se concluye que las anomalías detectadas en las grabaciones las invalidarían como prueba de cargo.
El estudio encargado por Bernardo del Rosal en nombre de los socios del bufete Salvetti analiza los trece DVD que contienen las intervenciones telefónicas (diez con 49.148 conversaciones de Ortiz y tres con 19.964 de su mujer) y concluye que debido a los «graves defectos» localizados «no hay garantía de autenticidad e integridad» de las grabaciones, principal puntal de las acusaciones. Como «defecto muy grave» señala el informe la inexistencia de una firma o sello electrónico que avale la autenticidad de lo recogido en esos DVD y que no son los que la Policía fue entregando inicialmente al juzgado de Orihuela, donde comenzó la instrucción, a medida que iba avanzando la investigación y prorrogándose las escuchas.
