Que la conformidad por la que Enrique Ortiz admitió en abril la entrega de prebendas a los exalcaldes de PP Luis Díaz Alperi y Sonia Castello a cambio de amaños en el PGOU sigue vigente y que, por lo tanto, se deje sin efecto la ruptura del acuerdo que el empresario firmó con las acusaciones.
Es la petición que ha planteado la Fiscalía Anticorrupción a escasas horas de comience el juicio por supuestas irregularidades en la tramitación del planeamiento urbano de Alicante, un proceso con una década de instrucción a sus espaldas y cuya vista oral esta previsto que arranque mañana.
Los fiscales Felipe Briones y Pablo Romero sostienen en un escrito remitido esta misma mañana a la sala que la asunción de los delitos de corrupción tanto por parte de Ortiz como de su hermano y uno de sus empleados son de "una corrección impecable", que las conformidades son "irrevocables" y que la retractación de los pactos que los tres encausados firmaron con las acusaciones "no es acorde a derecho".
Argumentan los fiscales que en ningún momento se explican los motivos por los que de asumir los hechos de los que están acusados pasan a declararse inocentes y precisan que los acuerdos se rubricaron con todas las garantías en presencia del letrado de la administración de Justicia y con la asistencia de sus letrados.
Los acusadores públicos piden al tribunal que se suspenda el inicio del juicio hasta que se resuelva esta cuestión. Junto al promotor, su hermano y su empleado y a los dos expolíticos se sientan en el banquillo otras tres personas más, una de ellas el empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, quien ha admitido haber pagado 116.000 para que le recalificaran unos terrenos situados en el término urbano de Alicante. De momento no se ha retractado.
La sala, que ya ha recibido las transcripciones de las declaraciones que se prestaron en el Tribunal Superior de Justicia, donde se llevó parte de la instrucción por el aforamiento de Alperi y Castedo, resolverá lo planteado por Anticorrupción mañana.
