Con cerca veinticinco sesiones, nueve acusados en el banquillo y un total de 66 testigos propuestos, el martes arrancará en la Audiencia de Alicante el juicio por los presuntos amaños en la tramitación del Plan General de Alicante. Un proceso derivado del llamado caso Brugal que sienta en el banquillo a los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, a quienes se acusa de haber recibido dádivas y regalos del empresario Enrique Ortiz, también encausado, para amañar el planeamiento urbanístico de la ciudad.
Una de las primeras dudas con las que arranca este proceso es saber cuál va a ser la repercusión en este proceso de la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, en la que se anulaban las escuchas que dieron inicio al caso Brugal y se absolvía a los 34 acusados. Aunque cada sala que vaya a juzgar cada una de las piezas separadas que quedan de esta macrocausa de corrupción valorará con su propio criterio la validez o no de las pruebas, la resolución de sus compañeros en Elche va a tener un peso decisivo en su resolución. Aunque en el caso del Plan General de Alicante, las tres magistradas que forman parte del tribunal (Montserrat Navarro, Cristina Costa y Margarita Esquiva) sí dieron por buenos los pinchazos telefónicos del caso Brugal en otra pieza separada que les tocó juzgar por una estafa por la que estaba acusado una de los intermediarios clave de la trama.
Por lo pronto, el empresario Enrique Ortiz que había pactado hace dos meses una conformidad con la Fiscalía por la que aceptaba una pena de dos años de cárcel (en lugar de los años que le pedían) y admitía los hechos, tras la sentencia de Elche, ha dado marcha atrás y ya no quiere pacto, sino que se declara inocente.
El destino de las escuchas del PGOU es precisamente lo que se va a dilucidar en esta primera vista que arranca el 30 de junio. A lo largo de diez años de instrucción judicial, las defensas han venido reclamando la nulidad de las intervenciones telefónicas en las que se apoyaba todo el caso. La respuesta de los tribunales siempre había sido la misma: No era el momento procesal oportuno. El martes llegará lo que la Justicia consideraba que era el momento procesal oportuno. Será el día en que los letrados planteen las supuestas irregularidades por las que a su juicio deben anularse estas pruebas y la sentencia de Elche saldrá en estas alegaciones.
Una semana más tarde, el 7 de julio, será el momento para que la Fiscalía y las acusaciones particulares, que ejercen Esquerra Unida y el Ayuntamiento de Alicante, defiendan la validez de estas pruebas. La respuesta de los tribunales no va a ser inmediata, ya que la vista oral se suspenderá hasta el 23 de septiembre. Fecha en la que, en teoría, se contará con una resolución sobre los pinchazos y comenzará el interrogatorio de los nueve acusados. Aunque el tribunal podría jugar la baza de posponer su decisión hasta el día de la sentencia.
Viajes y entregas en metálico
Para los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi se reclaman penas que suman diez años de cárcel por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Se les acusa de haber recibido dádivas y regalos del empresario durante la tramitación del Plan General que le garantizaban que atendieran sus peticiones cada vez que se las planteaba. En el caso de Castedo, las dádivas habrían consistido en dos viajes a Andorra y otros dos en el yate de Ortiz, así como un coche para una conocida. En el caso de Alperi, habrían sido un viaje a Creta en jet privado y unos pisos para los hijos del exprimer edil valorados en 324.000 euros, entre otros, así como entregas en metálico en su casa.
Por estas entregas de dinero, están acusados un hermano del promotor, Virgilio Ortiz, y dos de sus empleados, Santiago Bernaldez y Pablo Rico. Los dos primeros se sumaron a la conformidad alcanzada en su día por Ortiz con una pena de tres meses y ahora, también se han retractado.
La Fiscalía pide también diez años de cárcel para los dos abogados del bufete Salvetti, José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa , y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Desde este despacho se resolvieron para el Ayuntamiento alegaciones al PGOU que ellos mismos presentaron, por lo que las acusaciones lo consideran una pieza clave en el entramado para amañar el planeamiento. Uno de los clientes de ese despacho es el empresario Ramón Salvador que ha admitido que pagó 116.000 euros a través de este bufete para que le recalificaran suelo que no era urbanizable.
Salvo Ramón Salvador, todos los encausados han negado siempre las acusaciones y han incidido en que no beneficiaron a Ortiz y que el planeamiento bajo sospecha nunca llegó a estar vigente. Hasta el 12 de noviembre pasarán por el estrado desde funcionarios de Urbanismo a miembros de la cúpula de la CAM y Bancaja, socios de Ortiz en algunos de sus proyectos inmobiliarios en el fallido PGOU.
