El acusado por uno de los mayores alijos de cristal de Europa se sentó ayer en el banquillo por un desfalco en una empresa del mármol de Novelda. Concretamente se le imputa por haber vendido una parcela propiedad de la mercantil sin consentimiento de los socios. El juicio por este delito societario continuará hoy y quedará visto para sentencia mañana miércoles. La finca se vendió al segundo de los acusados por 14.782 euros en julio de 2013, quien cinco meses más tarde la revendió a la empresa Levantina Recursos Mineros por 238.000 euros.
Luis Miguel A. A. lleva en prisión desde finales del año pasado por su implicación en el mayor alijo de cristal intervenido en Europa y está considerado como uno de los presuntos cerebros del entramado. En una operación conjunta entre Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria desmantelaron una organización que se dedicaba a traer drogas de diseño desde México, ocultas en bloques de mármol de 25 toneladas, por el puerto de València a través de una empresa noveldense ficticia dedicada a la importación. En total de se intervinieron 752 kilos de metanfetamina o «cristal» en estado puro. Los investigadores destacaron la especialización de parte de los miembros de la organización en lo que respecta al entramado empresarial ficticio creado así como, en algunos casos, su perfecto conocimiento del comercio internacional marítimo, sus peculiaridades y los sistemas de control aduanero.
El acusado por este alijo era conducido ayer hasta la Audiencia para ser interrogado por su presunta participación en una operación inmobiliaria firmada en julio de 2013 que dejó a una cantera de Novelda sin uno de sus principales activos. Los denunciantes es la empresa Canteras Peña Roja SL, donde el acusado desempeñaba las labores de administrador.
Luis Miguel A. se desvinculó ayer durante el interrogatorio de la actividad empresarial investigada y aseguró que «yo era un hombre de paja» puesto al frente de la mercantil para figurar como el administrador, aunque en la realidad eran otras personas las que llevaban las riendas y las decisiones empresariales. El acusado se desvinculó de la operación de venta de la finca, sita en el término municipal de La Algueña y que tenía una valoración catastral de 53.000 euros. Según aseguró, era «práctica habitual» colocar a administradores como figurantes.
Al procesado se le imputa un delito de administración desleal, por el que la Fiscalía le reclama cuatro años de cárcel. Los propietarios de la cantera están personados en esta causa como acusación particular.
El procesado negó cualquier vinculación en la operación de la venta de la parcela y achacó el que el dinero se hubiera ingresado en una cuenta a su nombre a que el propietario de la empresa lo acordó así con él para pagarle por su trabajo como administrador. Sobre el suelo vendido, y al que los perjudicados consideraban como uno de sus principales activos, aseguró que «era un bancal» y que «no tenía ningún valor».
Entramado de fraude fiscal
El terreno se vendió el 12 de julio de 2013 a Alejandro V. T., acusado en otras causas judiciales por entramados inmobiliarios ligados a la red de fraude fiscal por la que fue condenado el exdirector de Costas Fernando Paton. A través de operaciones ficticias consiguieron deducciones millonarias de la Hacienda Pública.
A Luis Miguel A. A. y a Alejandro V. T. se les acusa de haberse puesto de acuerdo para vender la parcela de espaldas a los verdaderos propietarios del suelo. Tras haberla adquirido por menos 15.000 euros, los terrenos se revendieron por 238.000, apenas cinco meses después, el 15 de noviembre. Este acusado explicó la diferencia de precio a que en ese tiempo se habían hecho «varios estudios topográficos» y había entablado conversaciones con inversores chinos y rusos, que determinaron que ese el valor.
El juicio proseguirá hoy con la declaración del dueño de la cantera, la alcaldesa de La Algueña y miembros de la directiva de Levantina.
