No es fácil ver a los jueces expresar sentimientos y en una sala de vistas menos, pero ayer la juez de adscripción territorial (JAT) Raquel Catalá (una magistrada de refuerzo), tenía motivos más que suficientes para hacerlo, casi con lágrimas de felicidad en los ojos porque, gracias a su constancia y empeño, acababa de poner en marcha en la Comunidad Valenciana los juicios telemáticos. Y no fue uno, fueron nueve, todos, es cierto, dentro de una jurisdicción, la contenciosa, donde la prueba documental es con diferencia la panacea para inclinar la balanza, pero donde ayer se vigiló con mucho cuidado que no existiera vulneración de derechos ni causa de nulidad alguna. De hecho se les preguntó a los letrados antes del inicio si estaban conformes y todos asintieron.
El sistema informático que se ha implantado permite a la magistrada que determinadas pruebas de la vista, caso, por ejemplo de documentos aportados el mismo día o testificales, no puedan ser vistas por nadie más que por los litigantes, ya que se permite público en streaming (en directo a través del circuito de televisión por internet, como si uno fuera uno más) gracias a la web de Justicia. Ver a los abogados con sus togas sentados en sus despachos, donde se intuye que es frente a la pantalla de sus ordenadores, y a la magistrada dándoles paso en todo momento en perfecta armonía, ofrece una imagen muy distinta de esa decimonónica Justicia donde, en pleno siglo XXI, herramientas como el fax, ya en desuso en cualquier otra administración, sigue constituyendo una pieza fundamental de la lenta y caduca maquinaria judicial.
Y Raquel Catalá, una jueza joven y con ímpetu, que lleva ocho años destinada en Elche, había conseguido lo que nadie. Que todo el mundo saliera conforme de los juicios telemáticos. Y tantas son las posibilidades que ofrece que solo es preciso que en la sala esté presente un funcionario para darle al botón de grabación; el resto, secretario o magistrado incluido, pueden estar en sus despachos.
«Un abogado me ha comentado que se ha evitado más de cien kilómetros», comentaba satisfecha al término de las sesiones. Otros, que hemos ido a decenas de juicios durante años, podríamos añadir que el modelo tiene otras ventajas, como el hecho de que los letrados reducen de forma considerable sus exposiciones y eso da mucha más agilidad a las vistas.
El primer juicio era un clásico del mundo contencioso: el recurso de un inmigrante que ha sido expulsado y que se agarraba como un clavo ardiendo a esta última posibilidad para evitar su expulsión. Una vista donde no había mucho más que discutir que si la Administración había aplicado la legislación bien o si existía un defecto de forma, un resquicio legal que abriera al inmigrante la posibilidad de quedarse en España, un país donde, dijo su letrado, ya vive un familiar comunitario y a donde entró en 2018 con una carta de visita. Tras esta vista llegaron otras, sobre asuntos menos fáciles, como reclamaciones de cantidad y derechos a la Administración y, a buen seguro, que en las próximas que ya se están programando habrá asuntos mucho más sesudos y largos (el primero no duró más allá de quince minutos), pero todo eso tendrá una garantía que, al menos por lo visto ayer, satisface a todas las partes intervinientes.
El propio decano de los Abogados de Elche, Vicente Pascual, bendecía un modelo que viene a romper una tónica, la de una Justicia congelada que desde hace más de dos meses lleva por la calle de la amargura a los abogados. Todos creen que en una sociedad del siglo XXI, con la tecnología imperando, es insólito que los juzgados sigan chapados a la antigua sin que sirva como excusa la siempre necesaria garantía para todas las partes. Quizá ayer comenzó el futuro y gracias a la covid.
La pandemia obliga a aplazar el primer caso de prisión permanente en la provincia
La crisis sanitaria por el coronavirus ha obligado a la Audiencia de Alicante aplazar el juicio por el primer caso de prisión permanente revisable en la provincia: la acusada de estrangular a un niño autista de ocho años en Elda y que tenía en régimen de acogida su pareja sentimental. El motivo del aplazamiento es que la sala donde se celebrará la vista oral no guardaba las condiciones para garantizar las distancias mínimas de seguridad entre los miembros del tribunal popular que deberá pronunciarse sobre la culpabilidad de la acusada. La Audiencia dictó un escrito a la Dirección General de la Conselleria de Justicia para que pusiera los medios para asegurar la protección de la salud de todos los jurados. Aunque la sala ya se ha adaptado, el juicio ya se había suspendido durante estos meses de parón y contaba con nueva fecha para el mes de octubre. La vista estaba señalada entre el 8 y el 15 de junio, y se ha pospuesto para octubre, entre el 19 y el 23.
Doce millones de inversión en marcha
En las salas de vista se ha instalado un sistema de videoconferencia para ordenadores (Webex) para su uso por internet que permite una mayor flexibilidad a la hora de las videoconferencias. Los monitores instalados cuentan con altavoces, micrófonos y cámara web integrados. El sistema ha sido testado para garantizar los requisitos legales y procesales y que el juicio quede registrado en la plataforma Arconte, donde se conservan las grabaciones de las sesiones, así como la documentación procesal. La Conselleria tiene en marcha el Proyecto Scriba, adjudicado por más de 12 millones, y que permitirá cambiar 485 sistemas de grabación.
