El Ilustre Colegio de la Abogacía de Alicante (ICALI) ha criticado la lentitud para la reactivación de la actividad en los juzgados. "Con esta situación ha quedado en evidencia que la Administración de Justicia ha sido una de las grandes olvidadas. Es impensable que otras administraciones pudieran haber quedado paralizadas durante estos días", ha señalado a preguntas de este diario el decano Fernando Candela. Las previsiones del Gobierno pasan por levantar la suspensión de los plazos procesales a partir del próximo 4 de junio, aunque por el momento la Administración de Justicia está en la fase 1 de la desescalada y sólo están trabajando entre el 30 y el 40% de las plantillas.
El Icali exigió el lunes ante la Comisión provincial de seguimiento para el Covid-19 de la provincia de Alicante que se reanudara de forma inmediata la actividad judicial. El Colegio de la Abogacía de Alicante recordó que los gastos de los despachos profesionales inherentes a la actividad profesional no se han suspendido. "Si bien el Gobierno ha anunciado el levantamiento de plazos procesales para el próximo de 4 de junio, a falta de la publicación del decreto, la actividad judicial se verá suspendida otras dos semanas más", asegura el colegio en un comunicado.
El ICALI ha recordado en la citada comisión que el pago de los impuestos, alquileres o hipotecas, los salarios de los empleados, los seguros sociales y las cuotas de previsión social, se siguen generando mes a mes. Sin embargo, de forma efectiva, ante la paralización de la Justicia, "se nos está impidiendo el ejercicio de nuestra profesión".
El Colegio de la Abogacía de Alicante reconoce el trabajo realizado por todos los miembros de la Comisión, aun así traslada su profunda preocupación y formal rechazo ante la pasividad que se está produciendo por parte de las autoridades competentes tanto a nivel autonómico como estatal y la escasa eficacia demostrada para poder reanudar de forma inmediata la actividad en los juzgados y tribunales.
“Llevamos ya más de 60 días desde que se decretó el estado de alarma y ante la previsible reactivación procesal, la impresión que tenemos es que no se ha hecho absolutamente nada que de forma efectiva lleve a la posibilidad no solo de poner en marcha la actividad con normalidad sino de hacer frente a las necesidades surgidas a raíz de la paralización de la Justicia durante estos más de dos meses”, se ha recogido en el escrito.
Sin plan
El Icali califica de inadmisible que, ante la previsible reactivación del funcionamiento y normalización de los juzgados, todavía no tengamos un programa real y realizable y que no se sepa, siquiera, qué va a ocurrir con los juicios señalados para las próximas semanas.
“A nuestro parecer no podemos esperar más. Lo único que exigimos y que redunda no solo en beneficio de nuestro colectivo sino de los justiciables y de la economía de este país es que de forma inmediata se reactive la Justicia y que se adopten todas las medidas necesarias para que esa reactivación sea segura, efectiva y realizable”, se ha trasladado a la Comisión.
