El Poder Judicial empieza a prepararse para la desescalada. Los jueces de lo Mercantil han unificado criterios cuando llegue el momento de empezar a adaptarse a la nueva normalidad y se preparan para una avalancha de concursos de acreedores presentados por parte de mercantiles que se vean agobiadas por no poder hacer frente a sus deudas. Los magistrados proponen que durante los tres primeros meses de la vuelta a la actividad se concentren sólo en los concursos de acreedores, paralizando el resto de asuntos, con el fin de salvaguardar aquellas que tengan viabilidad económica.
Fuentes del Palacio de Justicia explicaron que «la idea es mantener el mayor tejido empresarial posible. Por ese motivo, la viabilidad económica es la mejor herramienta que puede ayudarnos para el mantenimiento». No pretenden ser meros liquidadores de empresas que no tienen ningún futuro económico y que tras el proceso cerrarán sus puertas. La propuesta se ha elevado a la Sala de Gobierno de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, de donde se trasladará al Consejo General del Poder Judicial que es quien en última instancia debe dar el visto bueno a la propuesta.
«El más que previsible aluvión de trabajo que sobrevendrá tras el confinamiento exige que, ante la evidente falta de medios personales, materiales y de tiempo, se reserven los medios para los asuntos que merezcan realmente atención rápida», explica la propuesta. Por este motivo considerarán urgentes para la establización de la economía, dejando apartadas todas las demás.
Los magistrados preven un periodo de hasta tres meses tras el final del estado de alarma en que estarían centrados en los casos urgentes. En los concursos de acreedores deberán dar prioridad a las mercantiles que tengan viabilidad económica o tengan interés para la economía, con un esfuerzo especial para declararlos de manera preferente, para que puedan entrar en vigencia sus efectos y paralizar las ejecuciones. Por este motivo tendrán prioridad los concursos de acreedores que supongan una opción por un mecanismo de conservación del valor de la empresa, así como aquellos que conlleven expedientes de regulación de empleo, (tanto EREs como ERTEs) o cualquier otra problemática laboral que aconseje su tramitación urgente. También se prevé un incremento de los concursos de acreedores presentados por empresarios personas físicas y autónomos. «Los concursos de los autónomos pueden convertirse en los más numerosos en un primer momento» por lo que se considera que se les debe dar «absoluta prioridad». Los jueces proponen reorganizar el reparto del trabajo de la oficina judicial, medidas de refuerzo y evitar la celebración de vistas en actos procesales durante las primeras etapa realizando todas las peticiones por escrito.
