Instituciones Penitenciarias ha ampliado a las 69 cárceles del país, incluidas las cuatro valencianas -Picassent, Alcossebre, Fontcalent y Villena-, las medidas excepcionales para contener la expansión del coronavirus y proteger no solo a los trabajadores públicos, sino también a los internos, dado que muchos de ellos son población de riesgo.

Una de las principales medidas, en vigor durante 14 días ampliables, es suspender todas las visitas familiares, de convivencia e íntimas (los vis a vis), así como la entrada en prisión de voluntarios de ONG, entidades colaboradoras y profesionales acreditados. Así, solo se permitirán las comunicaciones en los locutorios, tanto las personales como las profesionales con abogados o sacerdotes, ya que el interno está protegido por una mampara de cristal que lo aísla de un potencial contagio por parte de las personas que llegan del exterior. Por ahora, solo podrán acceder al interior de las prisiones los funcionarios y el personal laboral y extrapenitenciario cuya labor sea imprescindible. También se han suspendido todos los traslados entre centros, salvo aquellos que estén justificados en razones judiciales o sanitarias, como la celebración de un juicio o las visitas médicas programadas y no aplazadas de los internos.

Asímismo se cancelan las salidas programadas de los internos, incluidas la de tratamiento. En cuanto a los permisos penitenciarios, se mantendrán, pero los internos deberán permanecer, a su regreso, en observación sanitaria, en módulos separados del resto de reclusos y habilitados a tal fin, hasta que se considere que no suponen un riesgo para el resto de internos. Por ahora, solo ha habido dos casos: una funcionaria en Madrid IV, en Navalcarnero, y un recluso en Nanclares de Oca (Álava).