Una microcámara escondida en los vestuarios para grabar a sus compañeras de trabajo. Un juzgado de lo Penal ha sentado en el banquillo a un operario de mantenimiento de un hotel de Alicante por realizar grabaciones a sus compañeras de trabajo mientras se cambiaban sin su consentimiento ni su autorización.

El acusado ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable, pagando a sus víctimas parte del dinero de las indemnizaciones. Por este motivo, la Fiscalía ha reducido de tres a dos años de prisión la petición de condena para el acusado. Entiende el Ministerio Público que hay atenuantes por reparación del daño y por dilaciones indebidas.

Los hechos se detectaron el 4 de abril de 2017. Según el escrito de acusación, el procesado se aprovechó de sus servicios como operario de mantenimiento para colocar una microcámara de filmación de vídeo dentro de una rejilla del aire acondicionado orientada hacia el vestuario que utilizaban las trabajadoras del establecimiento. El dispositivo captó imágenes sin el consentimiento de siete empleadas mientras se estaban cambiando de ropa y cuando se duchaban. Todas ellas se personaron como acusación particular en el proceso.

Un centenar de archivos

El hombre acabó entregando la microcámara a la directora del establecimiento el 4 de abril de 2017 cuando supo que le habían descubierto, pero retiró del dispositivo la tarjeta de memoria. Tres días más tarde, se hizo un registro en su domicilio, donde el acusado acabó entregando la tarjeta de memoria. En el interior de la misma se encontraron un total de 131 archivos de vídeo, entre las que se encontraban imágenes de las trabajadoras del hotel cambiándose de ropa, así como otras que recogían el momento en que el acusado colocaba y quitaba la microcámara del lugar en el que estaba escondida.

El acusado admitió que había borrado muchos vídeos en el momento en que sacó la microcámara de los vestuarios. La investigación concluyó que no había constancia de que el acusado hubiera utilizado o volcado las imágenes grabadas en otro dispositivo más que para uso personal.

Por su parte, la acusación particular que ejercen las víctimas pidió una pena de tres años de cárcel al entender que no se había probado que el acusado quisiera colaborar con la Justicia, ya que el procesado había eliminado algunos de los vídeos captados con el dispositivo sin el consentimiento de estas mujeres. Mientras que la Fiscalía reclama una indemnización de 1.000 euros por cada perjudicada, desde la acusación particular se elevó la cifra a los 6.000 euros para cada una.

Ayer en el juzgado se procedió al visionado de algunas de las grabaciones. También estaba prevista la declaración de las víctimas, pero se acabó renunciando a su testimonio porque se consideraba innecesario, dado que se contaba con la confesión del acusado y las propias grabaciones.

El juicio quedó ayer visto para sentencia.