04 de marzo de 2020
04.03.2020

La Generalitat pide al Gobierno que haya juzgados específicos para la violencia de género

Bravo plantea al ministro de Justicia que no se puede consentir que la velocidad a la que se tramitan las denuncias dependa de la ciudad

03.03.2020 | 23:45
La Generalitat pide al Gobierno que haya juzgados específicos para la violencia de género

La creación de una jurisdicción específica para la violencia de género y la reforma del Código Penal para la abolición de la prostitución. Éstas fueron dos de las propuestas lanzadas ayer en Madrid por la consellera de Justicia Gabriela Bravo con motivo de su reunión con el responsable del ramo en el Gobierno central, Juan Carlos Campo, así como en una conferencia en el colegio de Graduados Sociales.

Bravo reclamó al Ministerio de Justicia la creación de más órganos jurisdiccionales «para completar la planta judicial de la Comunidad Valenciana», que aún arrastra un déficit debido a «los diez años en los que no se creó ningún juzgado nuevo». La consellera explicó que hay partidos judiciales que tienen una gran carga de trabajo o que son estratégicos por ubicarse en ciudades de especial importancia económica o social y que precisan de más juzgados.

En este sentido, Gabriela Bravo destacó la necesidad de crear nuevos juzgados en los partidos judiciales Dénia, Sagunt, Carlet, Alicante y Castellón, especialmente en la jurisdicción penal de este último.

Asimismo, Gabriela Bravo ha planteó al ministro la «necesidad imperiosa de que se aborde ya la reforma normativa para crear una jurisdicción específica para la violencia de género» de la misma forma que ya existe la de Menores en el ordenamiento jurídico. Para Bravo, esta reforma es urgente porque «no podemos consentir una justicia de dos velocidades y que la desigualdad afecte a las víctimas de la violencia de género en función de donde vivan».

Juzgados especializados


En estos momentos, en la Comunidad Valenciana existen un total de 16 juzgados especializados en Violencia contra la Mujer, pero los casos que se producen en aquellos partidos judiciales que no cuentan con uno de estos órganos, son juzgados ordinarios los que se deben hacer cargo, lo que conlleva problemas por sobrecarga de trabajo.

En este sentido, la consellera también ha reclamado que, junto a la jurisdicción específica, se debe crear también secciones de la Fiscalía especializadas en Violencia de Género «porque esta será la mejor manera de que podamos trabajar todas las administraciones y coordinar mejor los recursos para una adecuada protección y hacerlo con eficacia».

La consellera insta a que se reforme el Código Penal para abolir la prostitución


Reclama una ley integral para la lucha contra la trata y acabar con la impunidad de los traficantes de mujeres

Gabriela Bravo instó ayer al Poder Legislativo a promulgar «una ley integral contra la trata y la explotación sexual que acabe con esa nueva modalidad de esclavitud del siglo XXI que es la prostitución». Bravo realizó esta petición durante una conferencia en el Consejo de Graduados Sociales de España bajo el título «Una sociedad sin violencia machista».

La consellera ha definido la prostitución como otra de las violencias que se ejerce contra las mujeres, si bien está «tácitamente aceptada por la sociedad» y recordó que prostitución, pobreza y discriminación por razón de género «son caras distintas del mismo poliedro». Gabriela Bravo aseguró que, aunque no hay cifras oficiales, se calcula que alrededor de 100.000 mujeres ejercen la prostitución en España –el 80% de ellas, forzadas a hacerlo– en más de 1.500 burdeles, pisos o en las calles para quince millones de clientes en un negocio que movió más de 3.700 millones de euros el año pasado.

«Esta cifra –ha dicho la consellera– se entiende mejor si se compara con otra: en 2019, los españoles se gastaron en entradas de cine un total de 624 millones de euros. Seis veces menos, por lo que es evidente que tenemos un problema. Un problema enorme». Según Bravo «antes incluso de acometer la creación de esa nueva normativa, se debe revertir la reforma del Código Penal de 2015 y, en especial el artículo 187.1, que exige demostrar vulnerabilidad de la víctima y/o abusos en el ejercicio de la prostitución, como si la realidad no fuera lo suficientemente clarificadora cuando nadie duda que la prostitución y la pobreza están íntimamente ligadas», dijo la consellera.

El resultado de la reforma, según quedó patente ya en la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2016 es que aquel año, el primero de vigencia de la nueva regulación, no prosperó ni un solo procedimiento por esa infracción y se instauró una suerte de «proxenetismo consentido» que, en la práctica «es el mejor escudo protector de los traficantes de mujeres porque la mayoría de ellas terminaba retractándose de la denuncia por miedo a las represalias», explicó.

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