A algo más de tres meses de que comience el juicio por los presuntos amaños de PGOU de Alicante, la exalcaldesa Sonia Castedo, que se enfrenta a una petición de diez años de prisión y una multa de más de 125 millones por estos hechos, cambia de abogado. A partir de hoy, el penalista Ignacio Gally se incorpora a la defensa de la exregidora en sustitución de Juan José Martínez Albert, quien ha estado a su lado desde el inicio de la instrucción de este proceso hace más de una década.
La procuradora de Castedo presentó ayer un escrito ante la sección tercera de la Audiencia Provincial, donde el día 30 de junio está previsto que comience la vista oral con las cuestiones previas, en el que comunica que «por motivos de organización del trabajo y agenda resulta del todo imposible al letrado Juan José Martínez Albert atender la defensa de mi representada para las sesiones del juicio señaladas». Por ello, continúa, «dicho letrado viene a renunciar a la continuación como tal en el presente procedimiento habiendo comunicado y consensuado dicha decisión con mi representada».
En el escrito se pone en conocimiento de la sala que Gally se incorpora «como nueva dirección letrada que seguirá siendo conjunta y compartida con José María Asencio», el catedrático de Derecho Procesal que ya venía trabajando con el anterior letrado en la defensa de la expolítica popular.
El conocido como juicio del PGOU pretende determinar si, como sostienen las acusaciones (la pública, la particular que ejerce el Ayuntamiento y la popular en nombre de EU) Castedo y su predecesor en la Alcaldía, Luis Díaz Alperi, facilitaron información reservada de la revisión del planeamiento urbano de la ciudad al empresario Enrique Ortiz, también encausado entre otros por estos hechos, a cambio de prebendas.
Otro de los promotores acusados, el ilicitano Ramón Salvador, ha llegado a un acuerdo con las acusaciones por el que se declara culpable de un delito de corrupción a cambio de blindar su pena y la responsabilidad civil . El empresario asegura que pagó para que le recalificaran unos terrenos. Una conformidad que no le libra de la vista oral y a la que podrían sumarse otras antes del comienzo de las sesiones.
