La Policía Nacional ha detenido en Alicante a 21 personas, entre ellas un abogado, al desarticular una organización criminal dedicada presuntamente a la venta de falsos contratos de trabajo a inmigrantes por parte de sendas empresas de la Vega Baja con comercios abiertos en Orihuela y Murcia.

Los contratos ficticios eran vendidos en algunos casos por más de 1.700 euros y los compradores los utilizaban posteriormente bien para cobrar prestaciones o subsidios de la Seguridad Social de forma fraudulenta o para conseguir y renovar permisos de residencia en España, según informaron ayer fuentes policiales.

Los investigadores de la Policía Nacional han detectado incluso casos donde inmigrantes han usado los contratos para reagrupar a familiares procedentes de países extracomunitarios.

Entre los 21 detenidos se encuentra un ciudadano paquistaní considerado el presunta cabecilla de la organización, un compatriota que ejercía las labores de mediación y captación y un abogado de Alicante, que realizaba las labores de asesoría como medio para continuar con las actividades ilícitas. Estas tres personas, de entre 41 y 51 años y que quedaron en libertad provisional tras pasar recientemente a disposición judicial en Alicante, ya tenían antecedentes policiales por hechos similares.

Las pesquisas policiales se iniciaron tras una alerta emitida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Agentes del Grupo III de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante asumieron la investigación y averiguaron que la organización contaba con dos empresas regentadas por ciudadanos paquistaníes que tenían abiertos en Orihuela y Murcia varios comercios dedicados a la venta al por menor de bebidas y comestibles.

Los contratos bajo sospecha eran de supuestos trabajadores de estas empresas y la Policía Nacional pudo comprobar desde el primer momento que se trataba de un número elevado para el volumen de actividad de las dos empresas de Orihuela investigadas.

Los agentes también verificaron que casi la totalidad de las personas contratadas habían obtenido, gracias a esa relación laboral, algún tipo de prestación a cargo de la Seguridad Social o se aportaron los contratos para todo tipo de trámites relacionados con la regularización de la residencia de inmigrantes en España.

No iban a trabajar

La UCRIF estableció numerosas vigilancias en los locales y los agentes comprobaron que la gran mayoría de las personas contratadas no acudían a su puesto de trabajo. Alguno de los investigados se encontraba incluso en el extranjero.

Las evidencias de las irregularidades aún se confirmaron aún más cuando la Policía se entrevistó con varios empleados de los locales y estos reconocieron que no conocían a la gran mayoría de las personas que supuestamente debían estar trabajando con ellos en Orihuela y en Murcia.

Según la Comisaría Provincial, buena parte de los contratos de estas empresas correspondían a relaciones laborales ficticias.

La Policía destacó ayer la dificultad añadida a la que se han enfrentado en esta investigación, ya que es un fraude que se ha detectado con frecuencia, pero la novedad del presente caso es que estaban al corriente de pago del seguro de los trabajadores con el fin de no despertar sospechas. Ello complicaba el descubrimiento de las irregularidades y el pago lo repercutían los responsables de la red en el importe que debían pagar los titulares por cada contrato comprado.

Una vez identificados todos los responsables y las personas que usaron los contratos fraudulentos, la UCRIF ha ido deteniendo hasta un total de 21 personas, además de inspeccionar los establecimientos usados por las empresas como lugares de trabajo.