La Audiencia de Alicante ha suspendido este viernes el juicio a la primera red de blanqueo de capitales china. El hecho de que el principal encausado haya sufrido un ictus y que cinco de los encausados estén afectados por la cuarentena debido a la crisis del coronavirusprovocaron que la sala optara por la suspensión, a instancias de la Fiscalía, cuando ya tenía todo dispuesto para comenzar el lunes.

En el banquillo se sentaban hasta 26 personas acusadas de pertenecer a una red que habría enviado ilegalmente más de 158 millones de euros a China procedentes de venta de calzado entre los años 2005 y 2009 y sin declarar a Hacienda estos beneficios. Las sociedades se encontraban en el polígono de Carrús de Elche.

Primero fueron dos acusados chinos quienes alertaron de que se encontraban incomunicados en la provincia de Wuhan debido a la curentena decretada por las autoridades sanitaria por la crisis sanitaria del coronavirus. La intención inicial de la Audiencia era mantener el señalamiento con el resto de los acusados. Sin embargo, nuevas incidencias han acabado provocando la suspensión. Pronto empezaron a recibir la comunicación de otros acusados chinos que estaban en esa misma situación. Dos se encontraban también aislados en su país y un tercero estaba en España pero está encerrado en su casa en situación de «cuarentena voluntaria» desde el 6 de febrero al haber regresado de China.

Petición de la Fiscalía

Sin embargo, ha sido el ingreso hospitalario del principal acusado, quien habría sufrido un ictus esta misma semana y se encuentra ingresado en un centro hospitalario, lo que ha provocado que el tribunal finalmente opte por suspender el juicio. Según el decreto al que ha tenido acceso este diario, ha sido la Fiscalía quien ha pedido la suspensión del juicio ante esta nueva circunstancia al considerar que su presencia en la vista «es indispensable» y sin su testimonio no se podría enjuiciar al resto. El Ministerio Público también ha valorado las circunstancias de los otros acusados que están en cuarentena en China para optar por la suspensión. Por su parte, la Abogacía del Estado se había opuesto y quería mantener el señalamiento.

Las defensas ya iban a plantear el lunes la suspensión y cuestionaban el criterio de la sala de intentar celebrar a toda costa. La causa se envió hace más de cuatro años a la Audiencia Provincial. Pero la dificultad para encuadrar el macroproceso en la agenda de la sala, ha demorado el señalamiento. Así como el hecho de que dos de los acusados estaban en paradero desconocido y han sido declarados en rebeldía.

El fiscal pide penas que oscilan entre los seis y los 22 años de prisión en función del grado de participación. En total, suman 229 años. Se les imputan delitos contra la Hacienda Pública, por la presunta defraudación del IVA, y de blanqueo de capitales. Las multas reclamadas por las cantidades supuestamente defraudado ascienden a 725 millones de euros.