La Audiencia de Alicante ha descartado la existencia de una trama de sobornos en el Ayuntamiento de Altea para cobrar sobornos por desbloquear el proyecto para construir un geriátrico. La sentencia a la que ha tenido acceso este diario absuelve a la arquitecta municipal y al entonces responsables de los servicios urbanísticos de Altea, así como a un empresario acusado de haber pedido el dinero del supuesto soborno.
La investigación se puso en marcha en 2008 tras una denuncia presentada por el Ayuntamiento de Oslo que pretendía construir un geriátrico en Altea con cuarenta plazas y que recibió numerosas trabas por parte de los servicios urbanísticos de la corporación. Los promotores del proyecto denunciaron que el empresario contratado para construirlo les trasladó que los problemas desaparecerían si pagaban un soborno de 220.000 euros.
El fallo no ha considerado probado que los técnicos imputados paralizaran el proyecto intencionadamente, ni que éstos tuvieran relación con la supuesta dádiva reclamada, aunque sí considera que la dilación en la tramitación fue «excesiva». En cuanto al empresario Vicente Viñoles, responsable de la mercantil que iba a levantar el complejo, explicó que intentando desbloquear el proyecto contactó un dirigente valenciano del PSOE ya fallecido, partido que estaba entonces en el Ayuntamiento de Altea, le propuso el pago del soborno. La sentencia señala que no han quedado probado ni los contactos para reclamar el dinero, ni que éstos se hicieran con representantes del Ayuntamiento alteano, ni que tuvieran relación con los dos funcionarios acusados. Los abogados Agustín Rivera y Salvador Moll defendían en el juicio a los dos funcionarios acusados, mientras que Vicente Grima representó al empresario.
Viñoles representaba a la empresa contratada para construir el geriátrico y aseguró que sólo trataba de transmitir a los representantes de Oslo la propuesta que le hicieron llegar sus interlocutores y que nunca tuvo intención de pagar nada. En el juicio deslizó que la denuncia era una respuesta a otra que él iba a presentar contra los promotores por lucro cesante.
Retrasos de siete años
El proyecto consistía en la construcción de un edificio en una superficie de 5.500 metros cuadrados y tres plantas para la asistencia de personas de movilidad reducida, enfermos terminales y oncológicos. El proyecto para las instalaciones se presentó en el Ayuntamiento de Altea a finales de 2006, un año antes de que entrara a gobernar el PSOE. La licencia no se otorgó hasta 2014 y aún hoy sigue sin construirse. El empresario acusado era el responsable de ejecutar la obra del geriátrico, la mercantil Covalencia, Vicente Viñoles. Éste aseguró que eran los primeros momentos del inicio de la crisis y que los retrasos en la concesión de la licencia de obra le estaban haciendo perder dinero porque tenía todo listo.
El primer gran problema era que el edificio se levantaba en una parcela cuya catalogación era de suelo no urbanizable, por lo que la tramitación que tocaba era la solicitud de Declaración de Interés Comunitario (DIC) por parte de la Generalitat. El fallo señala que las modificaciones de la DIC en los meses de abril y diciembre de 2008 generaron un enfrentamiento jurídico entre el Ayuntamiento de Altea y la Conselleria de Urbanismo, lo que pudo tener como consecuencia una ralentización, «notable, eso sí», del procedimiento para obtener un pronunciamiento de la Conselleria que no se logró hasta después de que se concediera la licencia.
Uno de los puntos por los que los técnicos municipales pusieron trabas fue porque el proyecto presentado no preveía los accesos a las futuras intalaciones y se obligaba a la promotora a la construcción de una rotonda en el plan Parcial Puentes del Algar, plan que después fue tumbado por el Supremo.
