05 de febrero de 2020
05.02.2020
De 33 a 11 años de cárcel

El clan «Anticrisis» admite que vendía droga tras bajar el fiscal su acusación de 33 a 11 años de cárcel

Los seis procesados, entre ellos el acusado de matar de cinco disparos a un joven en la zona norte de Alicante en 2018, se declaran culpables

04.02.2020 | 21:02

Serán condenados por la Audiencia a uno o dos años de prisión por tráfico de estupefacientes y tenencia ilícita de armas.

La Audiencia dejó ayer visto para sentencia el juicio a seis acusados del conocido por la Policía como clan «Anticrisis», dedicado a la venta de drogas en la zona norte de Alicante, tras alcanzarse un acuerdo de conformidad por el que la Fiscalía rebajó su petición inicial de penas de 33 años y seis meses a 11 años de cárcel. Los acusados, que en la primera sesión del juicio celebrada el pasado lunes negaron su vinculación con el tráfico de drogas, ayer admitieron tanto la venta de estupefacientes como la tenencia ilícita de armas tras el ventajoso acuerdo logrado con la Fiscalía por el abogado defensor, Miguel Ángel Cánovas.

Cinco de los acusados serán condenados por la Audiencia a dos años de prisión por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, mientras que una procesada, la pareja de uno procesado, será castigada con un año de cárcel por el segundo delito.

Los acusados son un matrimonio, tres hijos y la pareja de uno de ellos. El cabeza de familia es conocido por el alias de «el anticrisis», de ahí que la Policía conozca a todo el clan con dicho nombre a causa del precio que fijaba para las dosis de drogas.

Entre los seis procesados se encuentra el joven que fue detenido por la Policía en noviembre de 2018 como presunto autor de los cinco disparos que acabaron la vida de otro joven, de 27 años, en el barrio Virgen del Carmen, crimen que aún está pendiente de ser juzgado.

Tráfico a pequeña escala


Los hechos objeto de acusación por parte del Ministerio Público que admitieron ayer los acusados en el juicio se remontan a los primeros meses de 2017. Según la acusación pública, cinco de los acusados se dedicaron a la venta de drogas a pequeña escala en una vivienda situada en la calle Senador Alberto Pérez Ferré, domicilio en el que también custodiaban «diversas armas y municiones de manera ilícita».

La Policía Nacional estableció en mayo de ese año un dispositivo de vigilancia que desveló la llegada de numerosas personas que contactaban con el padre y los hijos y les entregaban un pequeño envoltorio a cambio de dinero.

El joven que está pendiente de ser juzgado por el crimen y uno de sus hermanos son los que lideran el clan y realizaban labores de contacto, entrega, control y seguridad en relación a la venta, según el escrito de acusación de la Fiscalía. Por su parte, el padre y su hija asumían funciones de recepción y venta a los compradores, mientras que la mujer y madre de los acusados realizaba labores de vigilancia y en ocasiones cobraba a los compradores.

A finales de mayo la Policía detuvo a los miembros del clan y realizó tres registros domiciliarios donde intervino pequeñas cantidades de hachís, cocaína, MDMA y heroína, así como cuatro balanzas de precisión, una escopeta de aire comprimido, dos rifles, un revólver y munición.

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