28 de enero de 2020
28.01.2020

La juez del crimen de Polop valora investigar amenazas denunciadas por varios testigos

Personas del entorno del alcalde asesinado declaran ante el tribunal haber recibido llamadas conminándoles «a no decir nada»

27.01.2020 | 22:27
La magistrada María Cristina Costa, con el letrado de la Administración de Justicia en una sesión del juicio.

Una prima de Alejandro Ponsoda relaciona a uno de los tres presuntos sicarios con otro de los considerados autores intelectuales.

La magistrada que preside el jurado que enjuicia el asesinato del alcalde de Polop está valorando pedir a un juzgado que investigue si ha habido amenazas a testigos del entorno de la víctima. La persona supuestamente amenazada es un electricista del Ayuntamiento de Polop y que habría recibido una llamada ayer mismo, poco antes de entrar a la Audiencia, advirtiéndole de que no dijera nada. No fue este testigo quién reveló estos hechos, aunque durante su declaración sí deslizó que alguien le había dicho que estuviera callado.

Un familiar de Ponsoda relató el incidente durante su comparecencia casi al final de la décima sesión del juicio, la penúltima de la mañana, al denunciar que había gente contactando con los testigos. Cuando se le preguntó que por qué no había dicho nada y que concretara más, aclaró que alguien había telefoneado al electricista cuanto estaban tomando café antes de entrar. Otra prima del alcalde asesinado también aludió en el interrogatorio a este ambiente de temor, al sostener que «en el pueblo están todos cagados y hay miedo por venir a declarar. Yo también lo tengo. A esta gente hay que tenerle miedo», dijo ante el jurado.

Alejandro Ponsoda murió tras recibir un disparo en la cabeza en octubre de 2007. En el banquillo se sientan siete acusados, entre ellos el sucesor de la víctima al frente de la Alcaldía, Juan Cano, quien habría contratado a tres sicarios por mediación de los responsables del club de alterne Mesalina de Finestrat y de un empresario de la localidad.

Tras escuchar el episodio de supuestas amenazas, la magistrada María Cristina Costa aseguró que valoraría si procedía poner estos hechos en conocimiento del juzgado de guardia por si son constitutivos de un delito de obstrucción a la Justicia. Para ello, se repasarían las grabaciones de la sesión para sopesar la entidad de las expresiones proferidas. Las acusaciones de los testigos causaron la airada indignación de los familiares de Cano sentados en la sala de vistas ya que consideraban falsas esas supuestas llamadas intimidatorias, mientras que las defensas advirtieron de la existencia de testimonios contradictorios.

«Nervioso y preocupado»


Los testigos ayer citados eran del entorno de Alejandro Ponsoda y las supuestas amenazas no parecían haber surtido efecto dado que relataron la mala relación que existía entre el alcalde y la persona que le sucedió en el cargo. Todos coincidieron en señalar que el primer edil estaba nervioso y preocupado tras las elecciones de mayo de 2007 en las que salió reelegido por mayoría absoluta, pero era reacio a contar qué le pasaba. Estos testigos señalaron a Cano como la fuente de sus preocupaciones. «Se refería a Alejandro con desprecios constantes: no vales para nada, es como un móvil aparcado», relató el electricista supuestamente amenazado. Unas frases a las que Ponsoda trataba de quitar hierro diciendo «Juan es así, mañana ya se le habrá olvidado», explicó el testigo.

De forma más contundente se expresó María Nieves Ponsoda, una prima del alcalde asesinado que aseguró que «Juan Cano le odiaba y nos odiaba solo por ser su familia». La testigo contó que semanas antes de su muerte, el primer edil malogrado le confió que «me quieren hacer dimitir del Ayuntamiento» y que Cano pretendía ser el próximo alcalde antes de Navidad. Esta familiar de Ponsoda relató que el día del funeral unos conocidos vieron a Cano brindar con champán en un restaurante de la zona.

La prima de Ponsoda sorprendió tras revelar que conocía a uno de los acusados como autor material del crimen. Según dijo, Raúl Montero estuvo durante el verano de 2006 en la tienda de Salvador Ros, empresario de calzado al que se le acusa de ser uno de los intermediarios con los pistoleros. La mujer trabajó en una de las tiendas de zapatos de Ros durante tres meses. «Me fuí porque era muy inestable» ha contado, a lo que añadió que en ese tiempo era habitual que se llevara las chicas que conocía de los clubes para regalarles zapatos.

Otro testigo citado ayer era un monitor deportivo contratado por Ponsoda y que le causó enfrentamientos con su grupo municipal. El asesor aseguró que el alcalde le había contado que sus compañeros le estaban dejando de lado y que en una ocasión Cano le habló mal en un pleno. Por este motivo, Ponsoda había ido a entrevistarse en Diputación con el entonces presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, para decirle que estaba harto y que quería dimitir.

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