La denuncia a mediados de 2007 de una chica que afirmó que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución en el club Mesalina, en cuya zona VIP supuestamente se urdió el crimen del alcalde de Polop, permitió a la Guardia Civil ratificar la relación del testigo protegido con el local, donde este hombre asegura que trabajaba como portero cuando se planeó el asesinato. Una relación laboral que las defensas de los siete acusados cuestionan para situarla tiempo después de que Alejandro Ponsoda fuera tiroteado, lo que ocurrió el 19 de octubre de 2007, basándose en que no existe ningún contrato antes de esa fecha que pruebe que ya estaba allí entonces.
El agente de la UCO que se encargó de investigar a este testigo, principal prueba de cargo de las acusaciones, localizó gracias a la investigación sobre la trata de blancas el coche que utilizaba el testigo protegido en los meses anteriores al supuesto encargo. Los investigadores se han cansado de repetir en la vista oral que se está celebrando que el mundo de los clubes de alterne no se caracteriza precisamente por tener regularizados a sus trabajadores.
La chica no sólo denunció que la obligaban a prostituirse y a consumir drogas sino que, fruto de estas relaciones, se quedó embarazada y la forzaron a entregar al bebé en adopción. Fuentes de las defensas precisaron que el caso se acabó sobreseyendo porque la denuncia no llegó a ratificarse en el juzgado, lo que no es algo inhabitual dada la vulnerabilidad de estas mujeres.
No a otro testigo
La juez rechazó la propuesta de la abogada Mariana Ivanov, secundada el resto de las defensas, para que se citara a declarar a una persona de quien el testigo protegido dijo que le había comentado que los tres sicarios acusados habrían participado en el asesinato. La juez alegó que no era el momento a lo que la letrada replicó que no podía haberlo propuesto antes de que lo mencionara el citado testigo.
