El juicio por los presuntos amaños en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante se enfrenta a una nueva amenaza que podría retrasar el inicio de la vista, previsto para el próximo 30 de junio. La presidenta del tribunal de la Sección Tercera que enjuiciará a los exalcaldes de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, al empresario Enrique Ortiz y a otros seis acusados ha dictado una providencia en la que acuerda pedir al juzgado instructor del caso las transcripciones de las declaraciones de los acusados y testigos.
En el conocido caso del asesinato de María del Carmen Martínez, la viuda del expresidente de la CAM, también planeó la amenaza del retraso en el inicio del juicio por las transcripciones de 43 declaraciones, pero finalmente estuvieron a tiempo tras intervenir personalmente la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para contratar a una empresa.
En una providencia notificada hace unos días por la Sección Tercera de la Audiencia a las partes personadas en la causa del PGOU, la magistrada ponente, Monserrat Navarro, señala que no constan en las actuaciones los soportes de las grabaciones relativas a las declaraciones de los acusados y testigos realizadas durante la fase de instrucción. La Audiencia considera que son necesarias «las transcripciones de las mismas en soporte papel a fin de que pueda estar a disposición de las partes en el acto del juicio oral», de ahí que haya acordado enviar un oficio al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante para que «se lleven a cabo dichas transcripciones y se remitan a este tribunal».
Incertidumbre
La petición de la Audiencia ha generado incertidumbre por la amenaza de retrasar la vista si no llegan a tiempo las transcripciones. Se trata de transcribir en soporte papel el contenido de cerca de medio centenar de vídeos, a los que habría que sumar las grabaciones de las declaraciones prestadas por Sonia Castedo en el Tribunal Superior de Justicia. La exalcaldesa compareció durante tres días, por lo que no se trata de una transcripción que se pueda llevar a cabo con rapidez.
En cualquier caso, el juzgado instructor tendrá que derivar el asunto a la Conselleria de Justicia para ver qué solución da a la petición planteada por la Audiencia.
La causa instruida por el magistrado Manrique Tejada del Castillo desde 2010 deriva de una investigación de un juzgado de Orihuela que autorizó escuchas en 2008 y que también estuvo dos años en el Tribunal Superior de Justicia por el aforamiento de Castedo y Alperi. Llegó a la Audiencia de Alicante a principios de noviembre de 2018 y posteriormente la elección de las tres magistradas que conformarán el tribunal también fue recusada por la exalcaldesa Sonia Castedo, aunque no prosperó la petición.
La necesidad de disponer para el juicio de las transcripciones en papel de las declaraciones grabadas a los acusados y testigos es interpretable, según diferentes fuentes judiciales consultadas por este diario. Mientras algunas fuentes sostienen que son necesarias, otras estiman que basta con las grabaciones.
